La Décima Conferencia de partes del Convenio de Biodiversidad Biológica (COP10) celebrada a fines de octubre en Nagoya, Japón, instauró un “nuevo orden” económico internacional que mercantilizará todos los recursos de la biodiversidad, los últimos bienes comunes de la humanidad.
El acuerdo firmado en Nagoya es “un paso decisivo en los esfuerzos mundiales por la conservación de los recursos genéticos” porque compromete a 193 naciones a proteger el 17 por ciento de las áreas terrestres y el 10 por ciento de las áreas marinas hasta el año 2020, destacó el secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Ahmed Djoghlaf.
Según Djoghalaf, este instrumento legal será recordado como “uno de los más importantes en la historia de la cooperación multilateral y del ecologismo en particular” porque transformará la riqueza natural en un “bien de capital” y dará inicio a un “nuevo orden” económico y ecológico internacional.
La COP10 llevó a la práctica la vieja estrategia diseñada por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) para revertir la degradación de los ecosistemas y la erosión genética, haciendo realidad los sueños más delirantes de transnacionales, banqueros y fondos de inversión. [1]
El Secretario del CBD premió el proyecto “Negocios y Biodiversidad” (B+B), lanzado en 2008 por la canciller Angela Merkel y la GTZ, por su contribución a “salvar la biodiversidad en el año Internacional de la Diversidad Biológica”.
Con la lógica de que “sólo se conserva lo que cuesta”, la Conferencia de Nagoya llamó a “intensificar” la valoración económica de todos los bienes naturales, incluida la propia vida, como una nueva clase de “activos” financieros con valor monetario.
De esta forma, la COP10 trastocó la “gestión de los ambientes naturales” en un “negocio”, e institucionalizó la mercantilización de todos los recursos de la naturaleza, incluidos los genes, los microorganismos, los “servicios ecosistémicos” (desde la polinización hasta la filtración del agua) y los conocimientos ancestrales de poblaciones indígenas de América del Sur.
Victoria del capitalismo verde
Lucrar con los bienes naturales es un viejo anhelo del capitalismo en crisis. Desde hace décadas, el Acuerdo General sobre la comercialización de servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) clasifica todas las funciones de la biodiversidad genética y los conocimientos tradicionales de las culturas indígenas como “servicios ambientales” susceptibles de ser valorizados. [2]
En 2001, el programa Millenium Ecosystem Assessment (MEA) de la ONU comenzó calcular el valor de los ecosistemas del planeta, y hasta 2005 identificó cuatro tipos de servicios ambientales de los suelos, subsuelos, yacimientos de recursos naturales y recursos marinos. [3]
En 2007, la iniciativa The economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) auspiciada por el PNUMA comenzó a calcular el valor de mercado de especies, moléculas y sobre todo de los “servicios ecosistémicos” que prestan bosques, humedales, praderas y arrecifes coralinos.
Si los ecosistemas proveen servicios esenciales para el bienestar humano, ¿por qué no pagar por ellos?, razona Pavan Sukhdev, director de la iniciativa TEEB y a la vez responsable de negocios internacionales del Deutsche Bank Servicios.
Según el PNUMA, “el pago por servicios ambientales” (por ejemplo el mantenimiento de un bosque para proveer agua o la reforestación de zonas degradadas para capturar el CO2, entre otras iniciativas) “contribuye a la creación de trabajos verdes y hace posible la diversificación de ingresos de la población rural”.
En 2008, el PNUMA lanzó la “Iniciativa de Economía Verde” con el fin de incentivar inversiones en ecosistemas y servicios derivados de la diversidad biológica, una “nueva generación de activos” que supuestamente estimularían el crecimiento económico, crearían empleos decentes y ayudarían a reducir la pobreza, al tiempo que mejorarían la sostenibilidad ambiental de la economía mundial. [4]
Desde entonces el capitalismo verde intensificó su ofensiva, deseoso de transformar la biodiversidad en dinero, hasta que finalmente ganó una batalla decisiva en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica celebrada a fines de octubre de 2010 en Japón.
En Nagoya, el Banco Mundial propuso formalmente que la gestión de los ambientes naturales se convierta en un “negocio”, y presentó un proyecto piloto en seis o 10 naciones durante un período de cinco años, en asociación con India, Colombia, el PNUMA, ONGs conservacionistas, el Fondo del Medio Ambiente Mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Globe Internacional. [5]
El BM quiere enseñar a los países a cuantificar el valor de los ecosistemas y sus servicios en términos de ingresos y valor de activos; incorporar estos valores a la planificación y el diseño de políticas específicas que une la riqueza y el crecimiento económico; y elaborar directrices para la aplicación práctica de la valoración de los ecosistemas que se puedan aplicar en todo el mundo.
“La riqueza natural de las naciones debe ser un bien de capital valorado en combinación con su capital financiero, capital manufacturado y el capital humano. Las cuentas nacionales deben reflejar los servicios vitales de almacenamiento de carbono que proporcionan los bosques y los valores de protección de la costa que proceden de los arrecifes de coral y los manglares”, dijo el presidente del grupo del BM Robert B. Zoellick.
La contabilidad del capital natural debe movilizar recursos adecuados que permitan que la conservación de la diversidad biológica funja como un trampolín para lograr el desarrollo económico, explicaron Gustavo Fonseca de la FMAM y la directora general de la UICN Julia Marton-Lefevre.
El grupo TEEB también presentó las conclusiones de su investigación en la COP10. El informe recomienda realizar inventarios físicos de las reservas forestales y servicios de los ecosistemas; crear áreas protegidas nacionales y regionales, y valorar los servicios ecosistémicos. Garantiza a las transnacionales más de un 1,1 billón de dólares de “ganancias suplementarias” en 2050. [6]
La Conferencia aprobó un plan estratégico basado en el informe “TEEB para los negocios”, institucionalizó la mercantilización de la biodiversidad y sus ecosistemas, y refrendó un Protocolo que legitima la privatización de genes y conocimientos indígenas.
Se institucionaliza el capitalismo verde
La COP10 de Nagoya acordó “promover un entorno de políticas públicas que permita la intervención del sector privado y la incorporación de la diversidad biológica en las estrategias y procesos de adopción de decisiones empresariales…”; y “alentar la intervención de las empresas como interesados directos en toda revisión y aplicación futura de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica”.
La COP10 llamó a “fomentar la iniciativa de Negocios y Diversidad Biológica como un medio para integrar más la utilización sostenible de la diversidad biológica en el sector privado”, determinando “una serie de opciones para la incorporación de la diversidad biológica en las prácticas empresariales…”.
El plan estratégico de la COP10 refuerza mecanismos financieros e incentivos como el Pago y compensación de servicios ambientales (PSE), las compensaciones por biodiversidad, los esquemas de certificación ecológica, y sugiere aplicar más ampliamente otros mecanismos que movilicen inversiones nuevas y adicionales para la conservación y restauración de la biodiversidad.
La COP10 pidió al Secretario Ejecutivo que apoye el programa de trabajo para explorar, evaluar y medir los valores, costos y beneficios de las áreas protegidas, teniendo presentes las características de los diferentes biomas y ecosistemas, y basándose en los resultados del estudio TEEB.
En ese sentido, la COP10 recomendó implementar de forma acelerada los mecanismos REDD-plus en programas de mitigación y adaptación al cambio climático; e incorporar al mercado de carbono no solo los bosques sino también “servicios ecosistémicos” como la fotosíntesis, la polinización, la prevención de la erosión del suelo, entre otras “funciones de la naturaleza”.
Además, la Conferencia de Nagoya consensuó un Protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS en inglés), que incluyen el “material hereditario contenido en las especies” y los “conocimientos tradicionales” ligados a la biodiversidad.
El Protocolo ABS facilita a las empresas el acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales “con valor económico, científico o social”, con la condición de que compartan beneficios con la comunidad.
Estos beneficios pueden ser monetarios (mediante tasas de acceso, por muestra recolectada o adquirida de otro modo; pagos por adelantado, pago de regalías, tasas de licencia de comercialización, tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios o salarios), o condiciones preferenciales mutuamente convenidas como por ejemplo la financiación de investigación, empresas conjuntas y la “propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinentes”.
La COP10 creó la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES en inglés), un órgano integrado por representantes de Estados, expertos, empresarios y financistas, equivalente al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). [7]
El IPBES controlará la aplicación de la CDB hasta 2020, priorizando “el interés y las capacidades del sector privado (…) sobre la utilización sustentable de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas como fuente de futuras operaciones comerciales y como condición de nuevas posibilidades comerciales…”.
Los bancos y sociedades financieras no disimulan su regocijo porque ahora pueden especular con territorios, áreas protegidas, reservas naturales y otros “sumideros de CO2” privados. Se abre una gran oportunidad de negocio con la diversidad biológica, celebra James Griffiths del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development).
El precio de los “servicios” de la naturaleza
Los servicios de los ecosistemas de las costas tienen un valor estimado de 25.000 mil millones de dólares anuales. Conjuntamente con los arrecifes coralinos, suplen un estimado del 50 por ciento de la pesca mundial, proveyendo nutrición a cerca de 3 mil millones de personas, así como 50 por ciento de la proteína animal y minerales a 400 millones de personas de países en desarrollo, según el PNUMA.
También le han puesto precio a la polinización: “Los insectos polinizadores son proveedores de miles de millones de dólares a la naturaleza. Para 2005, el valor total económico de la polinización de insectos se estimó en 153 mil millones de euros. Esto representa el 9,5% de la producción agrícola mundial para la alimentación humana en 2005”.
El informe TEEB estima que las pérdidas económicas por la degradación ambiental suman entre 2 y 4,5 miles de millones de dólares al año. Calcula que una inversión anual de 45 mil millones en áreas protegidas podrían generar 5 miles de billones de dólares anuales en servicios de los ecosistemas, incluyendo el secuestro de carbono, la protección y mejoramiento de los recursos hídricos, y la protección contra inundaciones.
[1] Las finanzas al asalto de la biosfera, Agnes Bertrand y Françoise Degert, Liberation, 29 de junio de 2010. Traducido por Susana Merino para Rebelión.
[2] Anexo 1B del Acuerdo de Marruecos Cf. http://www.marianne2.fr/Le-complot-de-l-OMC-contre-les-services-publics_a123832.html
[3] www.millenniumassessment.org/fr/History.aspx
[4] The Green Economy Initiative, http://www.unep.org/greeneconomy/
[5] Banco Mundial presenta programa que lista los ecosistemas como activos, Stephanie Dearing http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.digitaljournal.com/article/299669&prev=/search%3Fq%3DWorld%2BBank%2Bintroduces%2Bprogram%2Bthat%2Blists%2Becosystems%2Bas%2Bassets%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.bo&usg=ALkJrhgNJ3i8M_ZqupuTecC5-t1huzPQGA#ixzz14RTtVVxa
[6] Sugiere considerar los principios “quien contamina paga” y “recuperación total de los costos” en nuevos lineamientos sobre incentivos y la reforma fiscal. En algunos contextos se puede aplicar el principio de “el beneficiario paga” en apoyo de nuevos incentivos positivos tales como pagos por servicios ambientales, incentivos fiscales y otras transferencias fiscales que tienen por objeto alentar a los agentes del sector público y privado a proporcionar servicios ecosistémicos. www.ecosystemmarketplace.com – www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=ubcryE0OUbw%3d&tabid=1021&language=en-US http://www.teebweb.org/LinkClick.aspx?fileticket=bYhDohL_TuM%3d&tabid=924&mid=1813
[7] http://ipbes.net/
Fobomade/Sena
