La actividad hidrocarburífera divide opiniones

Los propietarios de los campos afectados reclaman la actualización de los parámetros de pago de indemnizaciones por los daños que provocan estos emprendimientos

Por Roberto Seifert.- Productores damnificados por la actividad que desarrollan las compañías petroleras en el país reclaman desde el año pasado la actualización y el pago adeudado de indemnizaciones por los daños que provoca la actividad hidrocarburífera.

Por ese motivo la Subsecretaría de Agricultura de la Nación ordenó un relevamiento para actualizar las cifras, mientras que en la industria hidrocarburífera se sostiene que en la práctica casi todas las compañías petroleras están pagando los valores establecidos legalmente al tiempo de entender que las tarifas fijadas “mucho más que compensan los eventuales daños”.

Aníbal Parolín y Fernando Súñez, presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Actividad Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (Aasep), explicaron a LA NACION que la legislación vigente contempla dos tipos de daños. Unos son los denominados perjuicios inherentes a la actividad hidrocarburífera y los otros, los accidentales.

El problema se suscita con los primeros. “Cuando se hacen los pozos, se producen daños emergentes que surgen de la misma actividad”, dijo Parolín.

“La cuenta cultural (condiciones agronómicas y productivas de los campos que se toman como parámetros para calcular los resarcimientos por los daños inherentes) hasta el momento contempla lucro cesante y gastos de vigilancia; pero debería incluir la destrucción del valor paisajístico y la pérdida de privacidad que ocurre cuando una empresa entra a explotar un campo. Esto es lo que reclamamos que se pague junto con los daños actualizados”, dijo Parolín, quien aclaró que no se tiene una estimación exacta de la deuda.

Según los directivos de la Aasep, ya se presentó el reclamo ante la Comisión Asesora de Indemnizaciones (organismo creado precisamente para monitorear las cuentas culturales) porque si bien el decreto 6803 de 1968 disponía actualizaciones cada dos años, hasta el momento se hicieron dos: en 2002 y 2008, pero por la tercera, de 2010, aseguran que no han tenido respuesta.

Esta comisión está integrada, entre otros, por representantes de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Agricultura, de las provincias en donde hay actividad hidrocarburífera y por un grupo de asesores externos, que lo conforman la Aasep, la Sociedad Rural Argentina, las sociedades rurales de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Coronel Suárez, y por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Según dijeron los directivos, los pasos por seguir son insistir en el reclamo ante esta comisión.

Se está trabajando

La Comisión Asesora es presidida desde el primer día de este año por el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, quien dijo a LA NACION que a requerimiento de los superficiarios ya se está trabajando en un relevamiento para “hacer un recálculo de la renta que pierden los productores por tener afectado el patrimonio de su actividad”. Según el funcionario, se trata “de un trabajo interdisciplinario, en el que intervienen ingenieros y economistas” para poner al día parámetros obsoletos. Estima Solís que para fines del mes próximo podría reunirse la Comisión para analizar los resultados del relevamiento.

En tanto, Parolín y Súñez recordaron que actualmente los decretos indemnizatorios que existen son el 860/96 para la región sur (abarca la zona costera, la central y la precordillerana, desde la provincia de Chubut hacia el Sur) y el 861/96 para la zona cuyano neuquina (Río Negro, Neuquén y Mendoza). “Las empresas petroleras se niegan a reconocer los decretos 860 y 861”, dijo Parolín.

Consultadas fuentes de la industria con actividad en el país respondieron que en la práctica “casi todas las compañías petroleras están pagando los valores que establece el decreto 860, de 1996, que hasta ahora ha tenido tres actualizaciones”. Las fuentes explicaron que el decreto establece un sistema tarifado: el primer pozo tiene un valor, un segundo pozo un valor algo inferior, y así sucesivamente, dentro de la unidad de superficie que fija el decreto, que son 2500 hectáreas.

Agregaron los informantes que en algunos yacimientos, en los que los pozos perforados se concentran en algunas áreas dentro de grandes superficies, “hay superficiarios a los que las compañías petroleras les abonan, cada dos años y medio, el valor teórico total de sus campos”. Al criterio de la industria petrolera, “las tarifas fijadas mucho más que compensan los eventuales daños que causan la ocupación de la superficie por parte de las instalaciones petroleras”.

Historia

Súñez y Parolín explicaron que si bien la actividad petrolera se inició en el país en 1907, tomó intensidad durante el gobierno de Arturo Frondizi con la firma los contratos con los Estados Unidos e Italia. “En ese momento se advirtió el daño y que la hacienda desaparecía. La desertificación y la erosión provocadas por las empresas petroleras son irreversibles”, señaló Parolín.

Explicó que hay en la cuenca del Golfo de San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz) 780.000 hectáreas directamente afectadas por esa actividad, según la Universidad Nacional del Sur.

Según Súñez, la ley 17.319 de hidrocarburos estableció estudios de las denominadas “cuentas culturales” para que los daños que teóricamente produzcan las empresas por el solo hecho de entrar en el campo estén tarifados. Según la ley, es privativo del Poder Ejecutivo Nacional fijar esas indemnizaciones.

Y fue en 1968 cuando salió el decreto 6803 creando la Comisión Asesora para que haga el trabajo definitivo sobre las cuentas culturales.

La Nación