Areas marinas protegidas en el país

Un proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, busca asegurar la biodiversidad costera argentina

Como se comentó hace poco en estas columnas, en la X Conferencia de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas celebrada en octubre en Nagoya, Japón, se logró la aprobación de acuerdos para reforzar las metas de conservación de la naturaleza. En ese encuentro se instó a los países “en particular a los desarrollados, a otros gobiernos e instituciones financieras internacionales, al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a los bancos regionales de desarrollo” a proporcionar apoyo financiero adecuado, predecible y oportuno a los países para asegurar la protección del 17 por ciento de áreas terrestres y 10 por ciento de áreas marinas.

Es auspicioso saber que se acaba de iniciar un proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF), cuyo objetivo es ampliar la protección y asegurar la conservación de la biodiversidad costera y marina en la región costera-marina de la Argentina, mediante el desarrollo de un Sistema Interjurisdiccional de Areas Protegidas costero-marinas (Siapcm) que adopta un enfoque ecosistémico dentro de un proceso más amplio de planificación para el manejo de los recursos marinos.

El área de acción del proyecto se extiende por casi 4500 kilómetros desde la desembocadura del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego, de modo que incluye el sistema costero marino de aguas jurisdiccionales y zonas costeras de cinco provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y del gobierno nacional de la Argentina. Es una inmensa superficie que se extiende desde el sur de Cabo San Antonio (Punta Rasa) hasta el canal de Beagle, incluida la mayor parte de la plataforma continental argentina.

La extraordinaria diversidad biológica marina y costera de la Argentina está en peligro en gran parte por las actividades relacionadas con el rápido desarrollo costero y el reciente aumento de las actividades económicas poco controladas: la expansión de la industria petrolera, un turismo con escasa planificación, la presencia de especies invasoras, y la sobreexplotación por sobrepesca y las prácticas pesqueras insostenibles.

El proyecto ejecutado por una organización no gubernamental, la Fundación Patagonia Natural, cuenta con un consorcio, integrado por representantes a nivel ministerial de instituciones gubernamentales, de las provincias costeras y del Gobierno que monitorea los avances del proyecto y formula recomendaciones para su mejor implementación. Lo integran representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de Turismo de la Nación, a través de la Administración de Parques Nacionales; de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación, y de los gobiernos de las provincias integrantes. Este consorcio directivo cumple además una indispensable función de nexo entre el proyecto y las distintas agencias gubernamentales de cada jurisdicción, responsables de las políticas sectoriales en relación con la costa.

El proyecto es un ejemplo de cómo diferentes sectores pueden dar lo mejor de sus capacidades y potencialidades para lograr administrar nuestros recursos y los de las generaciones futuras.

La Nación