Por José Coronado.- El embajador de Brasil en el Perú, Jorge D’escragnolle Taunay Filho ha dedicado sus últimas horas de gestión en Lima, este miércoles 21 de junio, a defender la instalación inconsulta del llamado “Cristo del Pacífico” en una zona intangible de la capital peruana. Ha dicho que más temprano que tarde los limeños tendrán que acostumbrarse pues “es difícil ir contra un Cristo”. En buen cristiano, no solo ha defendido el último capricho de Alan García, sino también la “generosidad” de una de las mayores transnacionales del país de la samba, y de paso criticó a la alcaldesa limeña Susana Villarán tildándola de descortés por plantear que el donativo se reubique en el algún tramo de la Transoceánica que une Perú y Brasil.
Por supuesto que al diplomático poco parece importarle las formas –que se supone debería respetar siempre- y por supuesto, mucho menos el fondo de todo este toletole que se ha armado en el país. Nunca antes en el Perú, la colocación de la efigie del cristianismo ha desatado tanta polémica; y por supuesto, nunca antes, la figura de Cristo ha sido tan ligada a la corrupción endémica que reina en el Perú. Hay quienes sostienen que el Cristo que ya ha sido bautizado con tantos alias por el humor popular –desde el Cristo del Gordovago hasta el Cristo de lo robado- es una cortina de humo más de Alan García; y razones no les falta, pues su gobierno está culminando no solo envuelto en una serie de escándalos de corrupción sino también en medio de conflictos sociales que el gobierno aprista es incapaz de atender y mucho menos de resolver.
Por estos días el Perú es el centro de varios hechos, casi todos ligados a la corrupción. El pretendido e improcedente indulto al corrupto ex dictador Alberto Fujimori, la promulgación de una ley que busca blindar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, la divulgación del informe “Comunicore”, uno de unos de los casos más grandes de corrupción en la Municipalidad de Lima que involucra al ex aliado de García, ex alcalde y ex candidato presidencial, Luis Castañeda. A ello hay que agregar los conflictos sociales en la altiplánica región de Puno en contra de la entrega indiscriminada de concesiones a grandes empresas mineras; y lo último, el reciente conflicto en la región Huancavelica en la zona sur central, la más pobre del país, que en su segundo día ya ha cobrado tres la vida de tres personas. Alan García se ha dedicado a supervisar la maratónica instalación de la copia del Cristo del Corcobado y le interesa un comino que el país se incendie; parece interesado en dejarle al próximo gobierno todas esas papas calientes. Y por supuesto, ninguno de los grandes medios de comunicación y los sectores empresariales que no tardaron ni 24 horas para exigirle al presidente electo que nombre a un ministro de Economía neoliberal, se acuerdan ahora de exigirla a Alan García que se esmere por resolver los conflictos y dejar el país con algo de tranquilidad social.
De manera que la cortina de humo viene funcionando. Sin embargo, el Cristo del Pacífico también debería ser motivo para que el país tome nota del rol que juegan algunas de las transnacionales que dicen que vienen a invertir al país y que terminan envueltas en la bruma de denuncias y escándalos mayores de corrupción. O mejor dicho, que persisten en utilizar mecanismos de corrupción que les cuestan varios cientos de millones al país, al amparo y complicidad de autoridades y funcionarios gubernamentales, como es el caso de la transnacional Odebrecht, cuya generosidad defendió implícitamente el embajador brasileño en el Perú.
Por supuesto que no debería llamar la atención tal defensa pues la diplomacia también es utilizada para defender intereses de grandes corporaciones como si fueran los intereses de los pueblos y países. Sin embargo, no debe perderse de vista que Odebrecht no es una empresa que se caracterice precisamente por sus buenos antecedentes, no solo en el Perú sino también en otros países donde ha operado. Según cifras del ministerio de Economía y Finanzas, MEF, Odebrecht ha facturado durante el gobierno aprista más de 170 millones de soles y se ubica en el puesto 16 de los más de 200 mil proveedores del Estado. Según otras entidades, entre el 2006 y junio del 2011, los compromisos contractuales de Odebrecht con el Estado suman más de 6,500 millones de soles. Recientemente, acaba de ser favorecida con la construcción del tramo 2 del Tren Eléctrico de Lima, otra obra favorita de Alan García con un presupuesto de 583 millones de dólares. Con este último, el grupo Odebrecht se ha adjudicado ocho millonarios contratos en el Perú, entre los que destacan tres tramos de la transoceánica y dos obras del proyecto Olmos, en la norteña región Lambayeque.
Por supuesto que todas estas adjudicaciones no han estado exentas de denuncias de presunto favoritismo del gobierno aprista hacia la transnacional brasileña; para muchos, estas no pasan de ser denuncias “normales” en estos procesos. El asunto es que sobre Odebrecht también recaen denuncias por maniobras orientadas a reducir presupuestos y aumentar sus ganancias a costa de la calidad de las obras, sobre lo cual hay indicios de que esto es una modalidad sistemática del gigante brasileño.
Tal vez el antecedente más nefasto y cercano de esta empresa fue su expulsión en el año 2008 de Ecuador por la pésima construcción de la central hidroeléctrica de San Francisco, ubicada en la provincia de Tungurahua, en la región central del vecino país del norte. Según las informaciones de la época, Odebrecht cometió varias irregularidades que fueron desde la conversión de un crédito privado por 241 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil –que fue avalado por gobierno ecuatoriano- en un crédito estatal, la sobrevaloración de la obra civil y el cambio de los estudios originales, que provocaron el colapso de la hidroeléctrica a menos de un año de funcionamiento. Se afirma que las obras eliminadas ascendieron a 30 millones de dólares, pero el valor de la obra total de la obra no bajó pues la empresa colocó otras obras civiles o mecánicas adicionales; se dice también que el Estado ecuatoriano es quien paga ahora dicho crédito y que en los próximos diez años le costará la friolera de 600 millones de dólares. La expulsión de la empresa generó serios roces diplomáticos entre Ecuador y Brasil.
Es bueno recordar este antecedente pues, para la conclusión del primer tramo del Tren Eléctrico, el contrato en el 2009 fue por US$ 410’205,000 millones de dólares; según los datos de Transparencia Económica, antes de finalizar la obra Odebrecht ya ha generado un gasto adicional de más de 12 millones de dólares. Otra obra importante, como el proyecto Olmos, que ejecuta el gobierno regional de Lambayeque, tampoco está exenta de denuncias. El decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Galvarino Castro, denunció hace un tiempo la sobrevaloración del proyecto a 185 millones de dólares, cuando la obra fue valorizada en 138 millones; recordó también que una consultora, Nippon Koei, alertó al gobierno peruano sobre una sobrevaloración de casi 53 millones de dólares, pues estimó que el proyecto demandaría una inversión de 132 millones.
Al igual que en el caso ecuatoriano, en Olmos, Odebrecht modificó la propuesta original que contemplaba un sistema de conducción por tuberías por otro de menor costo en base a canales, y en vez de disminuir el costo del proyecto lo incrementó; y tampoco arriesgó su dinero pues condicionó el inicio de las obras a la venta de 38 mil hectáreas de terrenos a 4 mil dólares la hectárea. Es decir, negocio redondo. Pero el tema no queda allí. Ahora Odebrecht está exigiendo al gobierno regional de Lambayeque el pago de 70 millones de dólares adicionales, de lo contrario demanda que se le amplíe el tiempo de la concesión en la administración de las aguas de 15 a 28 años. Como dicen los dirigentes agrarios de Lambayeque, parece que quieren asegurarse este pago antes de que culmine el actual gobierno de Alan García.
De manera pues, que estas irregularidades dan cuenta del accionar de la empresa favorita de Alan García. Este es el talante de la empresa que “generosamente” nos dona la estatua de un Cristo que según ellos les cuesta casi un millón de dólares –aunque sea una burda copia de fibra de vidrio sin ningún valor artístico ni estético- y a la que según el saliente embajador brasileño más temprano que tarde tenemos que terminar queriendo, y que lamentablemente, las principales autoridades católicas del Perú han aceptado sin reparo. Poco parece importarles que Alan García y cuestionados empresarios utilicen y trafiquen con la imagen del Cristo Redentor no solo para apañar irregularidades y sacralizar evidentes indicios de corrupción, sino que encima generan discordia y dividen al pueblo peruano manipulando su fe y sus creencias. Para acabar con los demonios de la corrupción, el Perú requiere más de un exorcista, y urgente.
ALAI