Por OPSur.- Hace aproximadamente dos meses la empresa Wicap SA, que presta servicios para la UTE Maxipetrol en el área Morillo, volvió a instalarse en la localidad del mismo nombre, cabecera del municipio Rivadavia Banda Norte. Retomó las actividades tendientes a completar la prospección sísmica que había interrumpido en los últimos meses de 2010; regresó con sus topadoras que arrasan el monte abriendo picadas. Ante ello, y existiendo acuerdos firmados el año pasado para permitir los estudios de factibilidad petrolera, familias criollas y algunas comunidades wichí reiniciaron el diálogo con la contratista para concretar el cobro de las indemnizaciones por los daños que sufrieron el año pasado y evaluar la conveniencia o no de permitir la continuación de los trabajos de exploración.
La gran mayoría de los indígenas se opone a que continúen haciendo picadas en sus montes, pero la necesidad económica y la permanente presión de la empresa, a través del ofrecimiento de dinero como de la amenaza de que “van a pasar sea como sea” porque tienen respaldo del gobierno del gobierno, modifica la postura inicial. Una de las comunidades, la Wichi Lewetes Kalehi -del paraje Los Baldes, ubicada a 40 km al sur de Morillo-, estaba en esas tratativas desde 2010, y ante la nueva y descontrolada apertura de picadas en su territorio decidió frenar el avance de las máquinas. Personas consultadas por OPSur, que recorrieron el lugar, contaron que vieron estacas clavadas en el patio de una vivienda y en el centro comunitario. Estas estacas, según nos informaron, señalan el trayecto que deben seguir las topadoras para la apertura de las picadas; con indignación nos dijeron: “Hoy la casa -wet- y su entorno -lewet- están en riesgo literalmente”.
El 10 de octubre Gustavo Orquera, presidente de la comunidad denunció, en la comisaría 44 de Morillo, a la UTE Maxipetrol por el incumplimiento de un acuerdo firmado el 24 de junio, ya que la empresa cortó alambrados de corrales y destrozó grandes árboles –algarrobos, chañares y quebrachos blancos- a fin de alcanzar sus objetivos. Todas estas tareas se realizaron sin que la comunidad conozca el plan de trabajo ni el Estudio de Impacto Ambiental. La misma presentación fue realizada dos días más tarde en la Secretaría de Política Ambiental –dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta. Según las personas consultadas estas denuncias obligaron a que la empresa dialogue y explicite la legalidad o no de su accionar.
“El viernes 14 fuimos testigos en la comunidad de que la empresa no cumplió el compromiso de indemnizar por los daños y completar la tarea inconclusa [tenían proyectado abrir 9 picadas, pero hicieron 11]”, relataron desde Morillo. “Y el miércoles 19 aparecieron las topadoras presionando a la comunidad para que dejara pasar las máquinas. Al frente del personal de la empresa [Wicap] estaba el Sr. Cristian Vaca y lo acompañaban efectivos de la Comisaría Nº 44 de Morillo y refuerzos provenientes de la ciudad de Tartagal, que se mantuvieron alejados, atrás de las topadoras que penetraron en la comunidad sin autorización alguna. Mujeres, niños, jóvenes y mayores de Wichi Lewetes Kalehi intentaron frenar las topadoras y dialogar, sin resultado, ya que el Sr. Vaca les decía que entrarían ‘sí o sí’”, detallaron.
El jueves 20 Orquera presentó una nueva denuncia en la Comisaría de Morillo, en aquella oportunidad el presidente de la comunidad le dijo al comisario local: “Nos están atropellando, somos personas humildes que seguimos acuerdos y no nos respetan”. En tanto el presidente de la Organización Zonal Tch´ot Lhamejenpe -que nuclea a 19 comunidades de Rivadavia Banda Norte-, Hugo Jaimez, le manifestó al funcionario policial: “Hay incumplimiento de parte de la empresa, yo fui testigo del acuerdo que iba a hacer la comunidad, pero ellos atropellaron, y se presentan acompañados de la policía. Autoridad no respeta [en relación a la policía], se presta, y no tiene que hacer así. La empresa entra por la fuerza, y… no entiendo, no entiendo…. Nos están invadiendo. Es triste, la gente wichi sin armas, con título, y nadie defiende”. El funcionario reconoció que estaba llevando a cabo un operativo preventivo, la pregunta que se hacen las familias wichí es ¿para quién? Eran 30 miembros de la comunidad que defendían su derecho al territorio, a la propiedad comunitaria que estaba siendo amenazada, y salieron a parar las máquinas.
El lunes 24 la comunidad mantuvo una reunión con empresa Wicap, la UTE Maxipetrol y de la Fundación para el Desarrollo Sustentable (Fundesus) -que trabaja para la petrolera-, con el objetivo de llegar a un acuerdo respetuoso. “Nuevamente, y con profundo dolor, fuimos testigos de cómo se desconoce, falta el respeto e ignora al indígena. Entraron sin permiso a sus casas para censarlos (dicen que para ver la ubicación de sus viviendas); llevaron un plano pero dijeron: ‘mejor no lo mostramos porque ellos no entienden’”, contaron desde Morillo. “Se toman atribuciones por el acuerdo firmado en 2010. La comunidad planteó con mucha dignidad su postura y pidió que los indemnizaran y luego se retiraran. La empresa pidió que levantara o rectificara la denuncia realizada en la Secretaría de Política Ambiental. Mientras tanto sigue la presión y crean divisiones en la comunidad”, agregaron. También destacaron que la comunidad está insistiendo para que el Ministerio de Ambiente envíe sus inspectores a verificar los daños denunciados.
Estos atropellos contra Wichi Lewetes Kalehi preocupan al resto de las comunidades de la zona, las cuales ya han manifestado su apoyo a sus hermanos de Los Baldes para frenar a la empresa, ante lo que consideran una constante violación de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Wichi Lewetes Kalehi cuenta con título de sus tierras desde 1995 y según subrayan “es pionera en la ejecución de proyectos de desarrollo sustentable que recuperan sus saberes y actividades ancestrales, permitiendo la vida digna de más de 40 familias”. Hoy 3.900 has de su territorio están atravesadas por picadas de 4,20 a 8 metros de ancho. En 2010, sin mediar información de parte de la empresa, ni consulta previa por parte del gobierno provincial, la comunidad firmó un acuerdo con la UTE Maxipetrol que la convirtió en cautiva de la actividad petrolera.
