Por la presión de las Organizaciones Campesinas Indígenas, de Organizaciones sociales y de DDHH nacionales e internacionales, y por las evidencias de su complicidad con los empresarios que atropellan los derechos de las Comunidades Campesinas Indígenas, tuvo que renunciar el Juez de Monte Quemado Sarría Fringes.
Recordamos que se le habían presentado en reiteradas veces las denuncias de la banda armada que terminó asesinando a Cristian Ferreyra el 16 de noviembre y que desde el 2010 tenía denuncias sobre la situación en Villa Matoque, donde ayer balearon a dos compañeros de la UPSAN. Ante estas denuncias, la única medida que tomó fue largar orden de detención contra miembros del MOCASE-VC. Esperamos que sea investigado y asuma las responsabilidades que correspondan y que no vuelva a ejercer funciones públicas.
Seguimos alerta para que quien lo remplace no permita que se siga manteniendo la impunidad de los agronegocios en aras de la “seguridad jurídica” de las inversiones ni libere a Ciccioli y se detengan de una vez por todas a las bandas armadas y a los empresarios que las contratan.
Ya se fue el primero. Faltan todavía que renuncien y sean investigados:
Publio Araujo, Director de Bosques, quien dio el permiso de desmonte en la Comunidad de San Antonio que avaló la usurpación de los territorios de la comunidad de Cristian y quien, en 2010, visitó Villa Matoque, vio las bandas armadas y el desmonte que estaban custodiando, realizado con maquinaria robada, y mantuvo en vigencia el permiso de desmonte.
Luis Fernando Gelid, Ministro de la Producción de la Provincia, principal avalador de el avance de los agronegocios sobre los territorios campesinos indígenas, referente de la Sociedad Rural y de la CRA en el Gobierno, y uno de los pilares del modelo de saqueo en la provincia. En su mandato, se han desmontando más de un millón de hectáreas.
Ricardo Daives y Emilio Neder, Ministros de Justicia y de Gobernación, cómplices necesarios en la impunidad y la corrupción en la venta y entrega de tierras y el accionar de las bandas armadas en la provincia contratadas por empresarios asociados al poder político y judicial de la Provincia.
Y es Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia, el principal responsable político de todos estos conflictos, violencia e impunidad, acompañada del silencio de los medios de comunicación monopólicos de la provincia.
Seguimos en alerta y movilización permanente, porque los derechos a la tierra y territorio no se negocian.
¡Ni un metro más, la tierra es nuestra!
Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina
Movimiento Nacional Campesino Indígena
