Por Gabriel Martínez (*).-El 16 de enero el Vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, y el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, brindaron una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, a fin de denunciar una distorsión de precios en los combustibles y una ganancia anual de $3500 millones en el circuito de venta de combustibles a las empresas de transportes.
Durante la conferencia se aseguró que este es un Gobierno que pone límites a los monopolios y se explicó, pedagógicamente, la definición de cártel, para que todo el mundo pudiera entender.
Si la Historia no registrara todo el proceso de privatizaciones en la Argentina y la normativa que garantizó negocios, fabulosas tasas de ganancias y propiedad sobre el patrimonio público de los argentinos, la intervención de los funcionarios de gobierno hubiera generado un debate sobre una “situación sin origen ni responsables”; “los monopolios surgidos de la nada”, “los precios internos fijados por la mano invisible del mercado” y “la falta de combustibles y electricidad resultante de una política de exportación sostenida por un comercio global sin nombres ni apellidos”.
Felizmente el registro histórico existe y sabemos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se privatizó a partir de la promulgación de la ley 24.145 aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación el 24 de septiembre de 1992, siendo el miembro informante de la bancada peronista el hoy Secretario Presidencial Oscar Parrilli y con la vergonzosa participación del entonces Diputado Nacional por Santa Cruz, Rafael Flores, que intentó hacer valer doble su presencia a la hora de dar quórum, apoyando su pierna enyesada sobre una banca vecina que se hallaba vacía. Todo esto impulsado por el ánimo de lograr la privatización de YPF a cualquier precio.
La empresa Gas del Estado, fue privatizada el 20 de mayo de 1992, cuando se sanciona la Ley 24.076, con el voto de un diputado falso, recordado como el Diputrucho, Juan Kennan.
Al perder el Estado Nacional las empresas que exploraban, extraían, refinaban, distribuían y vendían hidrocarburos, perdió la posibilidad de mantener la política de autoabastecimiento energético (ya importamos gas, gas oil, naftas y electricidad), de controlar los precios internos (hoy se denuncian sobreprecios en el gas oil, De La Rúa no pudo obligar a Repsol disminuir el precio de un dólar por litro de nafta super y el presidente de Repsol de la época declaró que el valor del litro de nafta lo fijaba su empresa. Más recientemente Néstor Kirchner, durante su gobierno, no declaró servicio público a la garrafa de gas, solo atinò a subsidiarla y en referencia a los precios de las naftas llamó a un boicot contra Shell, para que no aumente sus valores. De todas formas,tiempo después los aumentaron todas las empresas.
Ya sabemos entonces que el Estado no controla la política de precios ni de disponibilidad de combustibles, porque se privatizaron y siguen privatizadas las empresas y los recursos.
Lo que es menos conocido, algunos candidatos en las últimas elecciones presidenciales no lo sabían, es que la privatización se acompañó de la modificación de la Ley de Combustibles, la 17.319, mediante decretos, lo que es ilegal, que garantizan a las empresas privadas la libre disponibilidad del petróleo y el gas, la libertad de precios internos y hasta hace muy poco la libertad de exportar el 70% de las divisas obtenidas mediante la exportación de crudos.
Estos decretos los puede consultar cualquiera en internet (1055, 1212, 1589, de 1989).
Resulta curioso que siendo ilegal modificar una ley por decreto y que necesitando solo un nuevo decreto para anularlos, ningún gobierno (incluido el actual) lo haya intentado.
El camino de la formación de las tarifas y precios finales de servicios de electricidad y gas, combustibles de uso particular y comercial, que tiene su origen en una etapa inicial de la actividad petrolera, no es cuestionada ni analizada en los medios de comunicación pero explica por qué se subsidian las ganancias de las empresas petroleras, en todas las demás etapas.
En el pequeño trayecto económico que media entre el pozo petrolero y la refinería, donde no hay valor agregado ni desarrollo tecnológico que lo justifique, las petroleras ganan entre el 600% y el 800%, en dólares.
A partir de esta situación que encarece toda la economía, incluidos los combustibles que tanto inquietan al Vicepresidente y a los ministros, se ven afectados todos los precios finales y tarifas.
Si el precio del barril de petróleo fuera, por ejemplo de U$S 23,50, en la puerta de la destilería y no de U$S 47, como es hoy, la comida, los medicamentos, la ropa, los pasajes de transporte de personas, todo lo fabricado en el país, la salud y miles de bienes y servicios que consumimos, serían significativamente más baratos.
Este cálculo contempla una tasa de ganancia, para las petroleras, de entre el 200% y el 400%. ¿y si todavía fuera menor?, ¿en cuanto se abarataría la vida cotidiana?. ¿Y si esa tasa la fijara el Estado, en aplicación de la ley vigente de hidrocarburos?
¿A quién le interesa que en la Argentina las petroleras, que son privadas y transnacionales ganen tanto dinero en dólares y encarezcan toda la secuencia económica, hasta llegar al precio final de alimentos, medicamentos, transporte público o tarifas de gas electricidad y combustibles?
¿A quien le interesa aplicar y luego quitar subsidios manteniendo estas estrambóticas tasas de ganancia?. ¿ La distribución del ingreso se hace sin cuestionar las tasas de ganancia de las empresas?
¿La culpa la tienen los monopolios o la política de privatizaciones?. ¿El Gobierno está indefenso y solo puede apelar a la denuncia?.
¿Nadie se dio cuenta que si se derogan los decretos de 1989, las empresas privadas ya no podrían fijar los precios internos? ¿Nadie se dio cuenta que la libre disponibilidad de hidrocarburos, es la que lleva a importar gas, petróleo y electricidad? ¿Nadie se dio cuenta que si se reactiva el uso del tren, baja el consumo de gas oil y se recupera su abastecimiento?.
El problema con los monopolios es que son alentados por una política que desde 1991 no beneficia más que a las petroleras.
(*) Gabriel Martínez, Secretario de Organización, FeTERA.
Referencias:
Ley 17.319 de hidrocarburos
Decreto 1055/89
Decreto 1212/89
Decreto 1589/89
Video del Diputrucho
Ley de Privatizacion de Gas del Estado, donde votó el Diputrucho
Ley 24.145 de privatización de YPF
El Vicepresidente Boudou denuncia a las petroleras por abuso de posición dominante
FeTERA Semanal