YPF ya descuenta un desembarco del Gobierno y prepara su defensa judicial

La empresa evalúa qué hacer en caso de una intervención, un reclamo de conducción conjunta o un intento de estatización. Podría haber anuncios este jueves

Por Pablo Fernández Blanco | Cronista

Para la cúpula de YPF, liderada en el país por Sebastián Eskenazi y con Antonio Brufau, titular de la española Repsol “la accionista mayoritaria de la empresa” como máximo referente, una parte de la suerte de la ex petrolera estatal en el corto plazo está echada. Los ejecutivos y su entorno consideran que durante las próximas semanas el Gobierno formalizará un intento de desembarco en la empresa. Hasta el momento, contemplan tres grandes alternativas: una intervención estatal, una administración conjunta o, en el peor de los casos desde la mirada de los empresarios, una estatización.

Fuentes de trato frecuente con la petrolera confirmaron a El Cronista que, por orden del management, sus abogados comenzaron a trabajar sobre escenarios que contemplen ese puñado de alternativas. Su intención es estar listos para reaccionar de inmediato ante cualquier movida del Gobierno. A eso pareció apuntar Brufau en el acta de la última reunión de directorio “se realizó la semana pasada y varios funcionarios intentaron ingresar sin éxito”, que envió a la CNV el viernes. “En el último mes YPF viene siendo objeto de algunas críticas injustas y de advertencia por parte de las autoridades nacionales y provinciales, así como de notificaciones de diferentes expedientes administrativos, incluyendo amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal”, sostuvo.

En esa línea, los especialistas de la compañía comenzaron a evaluar el impacto que podría tener sobre YPF cualquiera de las tres alternativas que manejan a nivel de hipótesis, dado que hasta el momento no tuvieron ninguna comunicación oficial que confirme esas intenciones por parte de la presidenta Cristina Fernández. En ámbitos políticos especulan que el tema petrolero tendría una mención importante en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, este jueves.

Hoy, los gobernadores denunciarán públicamente que la empresa operaba sus refinerías al 89% de su capacidad en diciembre y ahora bajó a 73%.

Las alternativas en danza implican destinos distintos para YPF, los Eskenazi y Repsol. La intervención es la más edulcorada de las opciones. El Gobierno ya lo hizo en la distribuidora Metrogas y en la transportadora TGN. En ambos casos, los interventores ocupan un espacio físico en las oficinas de la compañía, piden información y tienen participación en algunas discusiones, pero casi nunca en las decisiones.

Entre los gobernadores creen que el Gobierno ya puso en marcha esa alternativa. “La acusaron de (a la empresa) de baja inversión, precios diferenciados del gasoil y demora en el pago de impuestos. Si yo quisiera intervenirla, haría lo mismo”, se sinceró la mano derecha de un líder provincial con amplia experiencia en temas energéticos el último viernes, durante una reunión de gobernadores petroleros.

La administración conjunta es un híbrido que tiene como base la intervención, pero con mayor profundidad. Un funcionario de larga trayectoria en el ámbito petrolero lo puso en estos términos: “Dicen que la producción de hidrocarburos del país cayó por culpa de YPF. El argumento, entonces, es que como YPF (su gestión) no sabe administrar su compañía, necesita ayuda del Estado”.

Ayer, la presidenta volvió a cargar sobre ese punto. “No manejamos el combustible y tenemos que importar”, lamentó durante el acto por el Bicentenario de la bandera. La estatización es la opción más complicada y de difícil implementación. De acuerdo con Repsol, la empresa vale unos u$s 17.000 millones, pero su capitalización bursátil fue diezmada en las últimas semanas por los embates del Gobierno.

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