El Gobierno anuncia hoy el proyecto para dar mayor participación al Estado en YPF

La Presidenta se reúne con los gobernadores de la OFEPHI

Por Alejandro Bercovich | BAE

El anuncio será por cadena nacional, con los gobernadores de las provincias petroleras en el mismo salón y con los más importantes empresarios del país en primera fila. El Gobierno ultimó ayer los detalles del acto de hoy a las 19 en Casa Rosada para que el reingreso del Estado en la principal petrolera del país tenga el marco lo más épico posible. Aunque la presidenta Cristina Fernández guardó los detalles bajo siete llaves, la decisión es dar mayor participación al Estado y a las provincias en las decisiones de inversión y producción de la empresa.

Las posibilidades estaban planteadas en una opción de máxima, que incluye el anuncio de un proyecto de ley para declarar “de utilidad pública” la actividad petrolera y adecuar así la legislación vigente desde 1994 para que sea compatible con la vuelta del Estado a la gestión de YPF.

Sin llegar a la compra de parte de las acciones en poder de la española Repsol y de las que adquirió el Grupo Petersen (Eskenazi) entre el 2008 y el año pasado, la otra opción incluye el ingreso de las provincias en el directorio y un mayor peso del Estado en la toma de decisiones.

En cualquier caso, el anuncio oficial apuntará a devolverle al Estado el control sobre las inversiones, la producción y la exploración de la empresa, pero permitiendo que los privados tomen parte en los desembolsos necesarios y las utilidades que se generen.

La incógnita que hasta anoche se mantenía en el mercado y en casi todo el Ejecutivo es de dónde saldrán los fondos que harán falta para la eventual recompra de acciones, incluso tras la caída del 20% en el valor bursátil de la empresa que generó el quite de concesiones por parte de las provincias. Por eso en el Ministerio de Planificación advertían que jugarán un rol “fundamental” las compañías ya activas en el país. Y en el sector miran de reojo a CNOOC y SINOPEC, las dos firmas de capitales chinos con fuerte presencia en la Patagonia.

Los lobbies cruzados y las operaciones mediáticas abundaron durante toda la jornada. Anoche, voceros de YPF aseguraron que durante el día no había habido contacto alguno entre el Gobierno y el CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi. El jefe de Repsol, Antonio Brufau, pasó su tercer día consecutivo en Buenos Aires sin que lo recibieran en despachos oficiales. Esta mañana sí será recibido en la Casa Rosada, presumiblemente por la Presidenta, el ministro Julio De Vido y los secretarios Carlos Zannini y Axel Kicillof.

Como indicador de que la decisión de avanzar ya está tomada, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, resolvió quitarle la concesión a YPF del campo petrolero de Los Perales, que representa un 11% de la producción nacional. Tres horas antes, al filo de que se venciera el plazo que le había impuesto la provincia, YPF le presentó un plan de inversiones por u$s4.379 millones para el período 2012-2017 en las once áreas petroleras que maneja en el distrito. Fue rechazado de plano.

Antes de los anuncios, Cristina encabezará esta tarde una reunión de la Organización Federal de Productores de Hidrocarburos (Ofephi). De la cita con la Presidenta participarán, además de Peralta y el neuquino Jorge Sapag, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfran; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez; de La Pampa, Oscar Jorge; de Río Negro, Alberto Weretilneck; del Chubut, Martín Buzzi, y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

El cambio es de tal magnitud para la economía local que desencadenó discusiones en el Gobierno sobre cómo hacer para que no afecte negativamente la marcha de la actividad en lo que resta del 2012.

Un modelo que utiliza casi toda la región
Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que privatizó completamente su petrolera estatal, YPF. Durante el 2004 se promulgó la ley de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), pero esa firma se concentró en la importación de energía.

En el resto de la región, los países decidieron conservar la participación estatal en las distintas compañías de hidrocarburos.

En México, Pemex puede celebrar contratos con empresas privadas para explorar y explotar como parte de un intento por recuperar reservas.

Por su parte, Colombia cuenta con Ecopetrol, que fue parcialmente privatizada. Además, Ecuador tiene a PetroEcuador y ha renegociado las concesiones a empresas privadas para que el Estado se quede con una mayor porción de la renta diferencial. Esa fue la razón por la cual la estatal brasileña Petrobras se fue del país. Se trata de una firma que cotiza en bolsa pero la mayoría accionaria está en manos del estado brasileño.

Además, Petrobras está presente con al menos el 30% de la participación de los yacimientos en el mar de la llamada provincia petrolera de Pre-Sal y otras áreas estratégicas que se rigen a partir de una ley aprobada en 2010.

En Perú funciona PerúPetro; en Chile, ENAP y en Uruguay, ANCAP.

En tanto, Bolivia reestatalizó YPFB y también renegoció los contratos.

BAE

Ganó De Vido y su estrategia más moderada

Por Carlos Burgueño | Ámbito Financiero

Julio De Vido ganó finalmente la pulseada. Su propuesta de avanzar sobre YPF moderadamente, avalada por gran parte del gabinete y la mayoría de los legisladores consultados por el Gobierno, fue la que finalmente Cristina de Kirchner aceptó y hoy anunciaría ante los gobernadores de provincias petroleras. El ministro de Planificación, que siempre tuvo buena relación con el Gobierno español y los directivos europeos de Repsol, defendió la idea de abrir un frente negociador en lugar de una ruptura directa. En otras palabras, por recomendación de De Vido, el avance sobre la petrolera será para adquirir la mayoría societaria de la empresa, que pasará a ser controlada por el Estado. La compañía futura será de capitales mixtos, con lo cual no necesariamente implicaría una retirada total de Repsol o la prohibición de la llegada de nuevos accionistas privados que se sumen al paquete. Lo que sí quedará asegurado en la estrategia oficial es que una vez terminado el proceso de avance sobre las acciones de la compañía, la mayoría del directorio será ocupado por la Nación y las provincias.

La jefa de Estado eligió durante el fin de semana en su estadía patagónica la opción del ministro de Planificación, por sobre la del frente joven oficial, encabezado por el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof, que proponía directamente una nacionalización lisa y llana, aunque esta decisión traiga luego consecuencias negativas (o más negativas que la de De Vido), en el frente internacional. Acompañaron a De Vido en su posición negociadora con Repsol la mayoría de los funcionarios, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la ANSES, Diego Bossio; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Según esta posición, a partir de ahora se iniciará un proceso negociador con Repsol para discutir la compra de un porcentaje accionario lo suficientemente importante como para terminar de controlar la mayoría del paquete de la petrolera. Antes habrá una operación de oferta al Grupo Petersen (familia Eskenazi), que debería terminar en la compra por parte del sector público del 25,46% que el grupo posee de la compañía. De concretarse esta compra, terminaría (al menos como segundo accionista) con la presencia del grupo argentino que ingresó en diciembre de 2007 con la compra de un 14,9% del paquete y se completó el 4 de mayo de 2011 con la compra de acciones hasta llegar al 25,46%.

El Estado sumaría a este porcentaje algún nivel de acciones que ya tendría de la compañía por recientes operaciones de compra (no más del 4%, hechas en el más absoluto secreto desde hace aproximadamente un mes). Oficialmente, el Gobierno tendría unas 1.000 acciones sobre un total de 393,3 millones. Finalmente, comenzaría un proceso negociador con los españoles de Repsol. Para esto, De Vido recomendó no avanzar con violencia, ni verbal ni ejecutiva, sobre las acciones, para iniciar un proceso prolijo de negociaciones con España.

El precio que será tenido en cuenta para la operación de compra de las acciones sería discutido. Pero según los últimos precios de valor de la compañía en sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio, legaría a los $ 45.032 millones (unos u$s 10.200 millones). Para avanzar en la operación de toma de la mayoría accionaria, el Gobierno necesitaría a precios de ayer unos u$s 5.100 millones. Esto explica además el porqué del embate oficial sobre la empresa de los tres meses, proceso en el cual el precio final de la petrolera perdió unos u$s 6.000 millones de su valor. Todo esto sería plasmado en un proyecto de ley.

El último capítulo discutido dentro del Gobierno fue quizás el más importante: de dónde saldrá el dinero para realizar la operación. Tal como había adelantado este diario, la opción principal será utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES de Bossio, y que a marzo de 2012 sumaba aproximadamente unos $ 203.000 millones (u$s 46.100 millones). De este dinero, unos $ 24.000 millones están colocados en plazos fijos (u$s 5.455 millones), éste es teóricamente de libre disponibilidad para la operación, y unos $ 116.000 millones (u$s 26.363 millones) en títulos públicos de deuda argentina. En otras palabras, el FGS alcanzaría para realizar la operación, sólo con los fondos de los plazos fijos, que incluso podrían ampliarse con la venta de al menos una pequeña parte de las tenencias en bonos de la deuda.

Un último capítulo que resta definir será la forma en que las provincias petroleras pueden llegar a participar en la operación para que completen la presencia pública en el futuro paquete accionario de la empresa. La decisión oficial es que ninguna de las gobernaciones pueda tener una importancia suficiente como para poder influir decisivamente en la estrategia de la empresa. Para esto el criterio que se utilizaría es invitar a las empresas a que en conjunto pasen una parte del paquete. El dinero para esta operación también sería un préstamo oficial, que luego las provincias deberían ir liquidando ya cuando estén sentados en los sillones del directorio.

Altas fuentes del oficialismo definieron la compleja operación que encararía desde hoy el Gobierno, la más importante desde la llegada de los Kirchner al poder luego de la salida del default en 2005, como una estrategia basada en cuestiones fiscales más que políticas. La decisión se toma «porque en el primer semestre del año tenemos que gastar un piso de u$s 7.000 millones en importación de combustible, teniendo nuestros recursos como para poder autoabastecernos». Según la fuente, «se terminará el tiempo donde las ganancias de YPF se invertían en Libia, Marruecos, Angola o Guinea Ecuatorial».

Ámbito Financiero

¿Quién decide el destino del petróleo?

Por Raúl Dellatorre | Página/12

No es una ecuación sencilla ni para resolver a las apuradas. Argentina enfrenta un conflicto de orden mundial: qué hacer frente a una oferta petrolera que se agota, al menos, en las condiciones de costos en las que se extrae actualmente. Se acabó “la era del petróleo fácil”, como lo definió hace ya más de un lustro el titular de una de las mayores petroleras mundiales: el petróleo subterráneo a baja profundidad, el que se encuentra en el lecho marino cerca de las costas, el que fluye de yacimientos con reservas suficientes para seguir emergiendo por largos años. Salvo en las zonas calientes de los países árabes, eso pasó a ser una realidad del pasado en el resto del mundo.

Claro que en el caso argentino, hay algunos condimentos locales que merecen respuestas más inmediatas. El proceso de privatización petrolera de los ’90 “cometió el olvido” de que se trataba de un recurso estratégico, y ni siquiera se cuidó de aplicarle una regulación que hiciera coincidir la voluntad privada con los objetivos nacionales. Con total naturalidad (y permisividad), los concesionarios privados dejaron de explorar, apuraron cuanto pudieron la extracción del crudo ya descubierto y lo convirtieron en divisas que, con igual celeridad, remitieron al exterior. Ni siquiera se privaron de exportar, aprovechando los buenos precios externos (aun con retenciones).

Las condiciones creadas en los ’90 aceleraron para Argentina las consecuencias de lo que, para el mundo, es un paulatino agotamiento. Recién cuando la cuenta por las importaciones de hidrocarburos y derivados se convirtió en una pesada carga (9000 millones de dólares en 2011), se advirtió la gravedad de la situación y la urgencia por empezar a revertir este cuadro. Hasta hace un año, los gobiernos provinciales seguían renovando las concesiones petroleras por una década o más.

La reversión de las áreas es un primer reconocimiento de que el modelo actual es una ruta rápida al fracaso. El debate es cuál será el instrumento a partir del cual se impulsará la inversión en las áreas para rescatar lo que queda de “crudo fácil” y avanzar en el desarrollo de los yacimientos en zonas “difíciles” (aguas profundas, crudo no convencional). El futuro de YPF está en el centro de la discusión, y el gobernador neuquino, Jorge Sapag, anticipó su propuesta de empresa mixta. En este sentido, se plantean aspectos centrales que habría que resolver.

Entre otros obstáculos, la privatización de YPF en los ’90 dejó al Estado nacional en una posición muy condicionada como para revertir el traspaso. Ni la expropiación ni una oferta hostil por el paquete de control son caminos lineales hacia una resolución. Compartir la empresa, sin modificar el control del capital que está en manos de Repsol, limitaría en gran medida las posibilidades de lograr imponer desde YPF una nueva política petrolera nacional.

Un paso intermedio, pero efectivo –con utilidad también a mediano plazo– sería declarar de interés público los hidrocarburos y, en consecuencia, terminar con la libre disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las petroleras. Sería una forma de empezar a adaptar los marcos legales argentinos a lo que ocurre en la mayor parte de los países petroleros soberanos, que consideran el crudo un recurso estratégico y no un commodity cuyo destino lo decide quien lo extrae. Aun con atraso, sería una forma de arrimarse al punto de largada desde donde hoy se debate la cuestión a nivel internacional.

Página/12