América Latina: Economía verde o energía limpia con equidad

Por Humberto Márquez.- América Latina y el Caribe es una región con potencial para desacoplar su crecimiento del consumo de combustibles fósiles e ir hacia una economía verde basada en energías más limpias, pero a condición de reducir las brechas sociales.
“Uno de cada tres latinoamericanos vive en la pobreza y casi 90 millones sobreviven con menos de un dólar al día, por lo que necesitamos un crecimiento sostenido, pero con mayor equidad y ambientalmente sustentable”, dijo a IPS el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), José Rivera.
Según Rivera, “no se trata de cambiar de la noche a la mañana los patrones de producción y consumo, sino de avanzar en esa dirección, construyendo consensos regionales para inversiones, políticas públicas, incentivos, subsidios, normas, labores de formación y de concientización, más la cooperación internacional”.
El SELA, que reúne a 28 estados latinoamericanos y caribeños, produjo un estudio que asume, como una condición básica para “enverdecer una economía marrón”, el establecimiento de una nueva matriz energética en la región, apurando el tránsito de una economía basada en la energía de carbono –por las elevadas emisiones de dióxido de carbono que genera la quema de carbón, gas y petróleo– a otra de fuentes renovables y limpias.
Al examinar la actual matriz energética, el estudio “La visión de la economía verde en América Latina y el Caribe” encontró que en 2009 la región produjo el equivalente a 7.424 millones de barriles de petróleo (un barril contiene 159 litros), 80 por ciento de los cuales se basan en hidrocarburos y carbón.
La distribución por tipo de combustibles fue: 50,2 por ciento petróleo, 23,9 por ciento gas, 10,8 por ciento biomasa (leña y caña con 5,4 por ciento cada una), 6,6 por ciento hidroenergía, seis por ciento carbón mineral, 1,3 por ciento el conjunto de eólica, solar y otras renovables, 0,6 por ciento nuclear y 0,6 por ciento geotérmica.
Los principales países productores de combustibles son México, con 24,7 por ciento, Brasil con 22,9, Venezuela con 20,4, Colombia con 9,8, Argentina con 7,7, Trinidad y Tobago con 4,2 y Ecuador con 2,8 por ciento.
Venezuela es líder en la producción de petróleo, seguida por México y Brasil. México lo es en gas, seguido por Argentina y Trinidad y Tobago, mientras que Colombia produce tres quintos del carbón, Brasil es líder en producción de leña, caña, hidroenergía y otras energías renovables, México en geotermia, y Brasil y México son los mayores productores nucleares.
Del conjunto de la oferta energética regional, 74,4 por ciento se origina en fuentes no renovables, y 87,6 por ciento son de energías muy contaminantes, altas en la emisión de dióxido de carbono (CO2).
América Latina “tiene enormes posibilidades de contar con una energía más verde, comenzando por el gran potencial de energía hidroeléctrica, primero en Brasil y luego en Venezuela, México, Colombia, Paraguay y Argentina”, dijo a IPS el experto Juan Carlos Sánchez, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés, IPCC).
Solo Venezuela, con capacidad hídrica y térmica para generar unos 20.000 megavatios/hora de electricidad, podría instalar capacidad para otros 100.000 megavatios/hora de fuentes hídricas, eólicas y de biomasa.
Otras fuentes para las que existe gran potencial, según Sánchez, aunque requieren fuertes inversiones todavía muy incipientes, son la energía solar y la eólica.
“Pero al tratarse de fuentes llamadas verdes, independientemente de que sean renovables o no, es imprescindible considerar todas las implicaciones, tal es el caso de los agro o biocombustibles, como bioetanol o biodiésel, causantes de problemas terribles de tenencia y empleo de la tierra más contaminación por agroquímicos, lo que también lleva a problemas sociales muy serios”, destacó Sánchez.
El agrónomo Edgar Jaimes, profesor titular de la venezolana Universidad de Los Andes, opinó que “la economía verde constituye una nueva visión capitalista del mundo, cuyo objetivo principal es utilizar la biomasa terrestre con el fin último de seguir potenciando los sistemas productivos que durante los últimos 50 años han depredado y explotado los bienes naturales y al hombre mismo”.
“La producción primaria del planeta sobrepasa los 250.000 millones de toneladas de biomasa o materia viva. Sólo 62.000 millones de toneladas se utilizan para satisfacer las necesidades humanas y requerimientos industriales actuales. La diferencia queda para el nuevo modelo ‘verde’, con fines de renta o lucro capitalista”, apuntó Jaimes.
Aun bajo advertencias como esas, la región de América Latina y el Caribe “debe buscar la forma de ir hacia una economía verde. No parece haber una mejor opción para un crecimiento sostenible y sustentable. Existe consenso en que la economía basada en carbón está llegando a su límite”, sostiene el SELA.
Julio Centeno, también profesor de la Universidad de Los Andes, resume que “se trata de desacoplar la economía del consumo de combustibles fósiles y llevarla hacia energías más limpias, un desafío para naciones como las de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, cuyos socios regionales son Venezuela y Ecuador.
El SELA advierte que “se requiere la intervención directa del Estado a través de políticas públicas que faciliten e incentiven la transición, pero no solo: el tema está en la necesidad de hacer una transición incluyente”, pues “se requieren ajustes para garantizar el empleo y la capacitación” a fin de laborar en la economía verde.
También se necesitará atención especial a los sectores productivos que podrían perder viabilidad si se desechan combustibles fósiles y se abrazan energías más limpias.
El organismo integracionista propone a los estados de la región comenzar un inventario de los elementos que deben integrar una matriz de economía verde, para poder elaborar políticas que sustenten la transición.
Recomienda, asimismo, elaborar un estudio sobre el capital natural (bienes y servicios ambientales disponibles) en la región y su relación con la energía del carbono, y definir áreas temáticas y proyectos que puedan sumar las ventajas comparativas tanto regionales como de cada país.
Adicionalmente, la región debería establecer mecanismos de seguimiento de estas políticas y proyectos, coordinar sus acciones, desarrollar programas de cooperación Sur-Sur sobre economía verde e identificar fuentes de financiamiento para sus nuevos proyectos.
En camino a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se desarrollará del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Rivera propone que la región adopte y desarrolle su propio decálogo de marcha hacia una economía verde en el marco de la novel Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
IPS