La estrategia de la oposición para frenar el decreto

Por Rubén Rabanal.- El petróleo se instaló esta semana en el centro de la agenda de la oposición. El decreto reglamentario de la Ley de Expropiación de YPF, que para casi todo el universo de protagonistas del mercado energético fue mucho más allá de lo que dice la ley, provocó ira controlada en las provincias petroleras. Pero también la protesta de la oposición en esos territorios por el avance de la Nación al reservarse el control absoluto de precios, volúmenes, cupos, exportaciones e importaciones de hidrocarburos, sea cual fuere la opinión de los gobernadores.

El caso más duro hasta ahora es el de Mendoza. Los radicales mendocinos, que junto con su bloque votaron a favor de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, picaron en punta y presentaron en su provincia un proyecto para declarar la inaplicabilidad del decreto reglamentario del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera en el territorio mendocino. Y ahora Ernesto Sanz, en sociedad con el resto de la UCR, planteará la misma estrategia a nivel nacional y una convocatoria al resto de los partidos. Es cierto que en Mendoza pueden aspirar al número para votarla en sociedad con el Partido Demócrata, al que la Nación es imposible de lograr (ver Ámbito Nacional).

Aunque apoyaron el proyecto en general, los radicales le dijeron al kirchnerismo durante todo el debate de la expropiación de YPF que en Mendoza el impacto económico de la producción de hidrocarburos equivalía al 22% del producto provincial. Cualquier cambio, entonces, impactaría en la vida diaria.

El decreto reglamentario 1.277 que se conoció el viernes complica esa realidad y no sólo por el petróleo en sí mismo, sino también porque limita la capacidad de los gobernadores de provincias petroleras de garantizar deuda con regalías que ahora no pueden controlar. Ésa es una de las pocas vías que les quedan a las provincias para salir a emitir deuda en un país en el que ni la Nación puede financiarse en el exterior.

Sobre esa base anoche comenzaron las reuniones dentro de la UCR y con el PRO y el peronismo disidente para armar un esquema nacional de inaplicabilidad en toda la Nación de la reglamentación de la ley de expropiación de YPF. Sanz y Ricardo Gil Lavedra también analizaban la vía judicial.

La furia radical tiene algún componente que complica la interna. Mientras acusan al Gobierno de extralimitarse en la reglamentación, en la UCR muchos no pueden olvidar que durante el tratamiento en Diputados muchos radicales festejaron la expropiación quizás más que el propio kirchnerismo, y sin mirar con demasiada atención el artículo primero de esa ley que dispone declarar de interés público a toda la actividad hidrocarburífera del país, incluyendo todas las ramas. Conociendo al Gobierno, estaba claro que la ley abarcaba mucho más que el control de YPF.

Ahora la UCR acusa al Gobierno de avanzar sobre las potestades de las provincias sobre sus recursos naturales que les fueron ratificadas en la Constitución de 1994, mientras que el decreto 1.277/2012 ahora deja en manos de la Nación las decisiones sobre exploración, exportación, precios, cupos, producción, cantidades: «Ellos dijeron: ustedes son dueños, pero todo el resto lo decidimos nosotros», decía ayer Sanz.

Se refiere a los poderes que la reglamentación le da a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que tendrá tres sillones y desde donde se comandará todo el mercado de hidrocarburos: Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Daniel Cameron. Entre otras cosas, ese decreto obliga a las petroleras a someter sus planes de inversión a la decisión del Gobierno. Para Sanz, ese triunvirato «por ahora no está haciendo bien las cosas. Lo que hizo el Gobierno no es reglamentar la Ley de Expropiación de YPF, sino reglamentar la Ley Corta de Hidrocarburos, que tiene ya cinco años. Esto es la contrarreforma de la Constitución de 1994».

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