De la algarabía a la incertidumbre

LEY DE SOBERANÍA HIDROCARBURÍFERA

Pasada la euforia que acompañó a la decisión de expropiar a Repsol el 51 por ciento de las acciones de YPF, se despeja el panorama y el optimismo mágico –expresión política del realismo mágico- se volatiliza ante un presente cargado de matices.

HERNÁN SCANDIZZO / OPSUR

Para concretar las metas trazadas por la nueva conducción de YPF en el Plan Estratégico 2012-2017 –que implican un aumento progresivo de los volúmenes de extracción y refinado y de la actividad exploratoria– la petrolera necesita entre 20 mil y 30 mil millones de dólares –según diferentes fuentes-, y los socios dispuestos a desembolsar ese dinero, o parte de él, pretenden fijar las reglas. Por otra parte, el camino elegido para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos apunta a una profunda ampliación de la frontera extractiva: desarrollo masivo de yacimientos no convencionales (hidrocarburos diseminados en formaciones compactas: esquisto/shale y arena/tight) –inicialmente en la Patagonia– y el avance tanto sobre cuencas convencionales poco exploradas –en la pampa húmeda y en las regiones chaqueña y mesopotámica– como en aguas profundas (off shore) –frente a las costas bonaerense y fueguina.

Los trascendidos alrededor de las negociaciones mantenidas por funcionarios nacionales tanto con la petrolera norteamericana Exxon como con autoridades chinas –para sentar las bases de una alianza estratégica con la estatal CNOOC–, dan cuenta de exigencias que van desde beneficios fiscales y atar la cotización interna del gas y el petróleo a los precios internacionales a la plena libertad para girar utilidades al exterior y exportar los hidrocarburos extraídos. En resumen, renunciar a cualquier expectativa derivada de la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y a las regulaciones del Estado sobre ese sector.

En la Casa Rosada habría voluntad de autorizar a las operadoras a girar un porcentaje de sus utilidades, al tiempo que la reactivación del Programa Petróleo Plus –suspendido en febrero– acerca el precio interno al internacional, ya que las empresas que incrementen su producción podrán vender el barril a un precio sensiblemente superior –por ejemplo, pasar de 42 dólares a 65, como ocurre en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Mientras que en consonancia con las demandas de los potenciales inversores, el bloque de diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino presentó dos proyectos de ley para otorgar a las empresas que desarrollen yacimientos no convencionales beneficios como la estabilidad fiscal durante todo el período de la concesión, devolución del IVA, excepción de pago de impuestos de importación y pago prorrateado de hasta el 50 por ciento de cargas sociales.

Más allá de las exigencias externas, la meta del desarrollo masivo de yacimientos no convencionales está despertando oposición tanto en la provincia de Neuquén –expresada por la Asamblea Popular de Zapala y la Asamblea Popular por el Agua del Comahue– como en Entre Ríos, donde diputados del GEN-FAP presentaron un proyecto para que se prohíba la fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, aplicada para la explotación de dichos yacimientos, fue prohibida en Francia y Bulgaria y suspendida en diferentes regiones de EEUU, Canadá y Suiza, entre otros países; se la cuestiona por el elevado consumo de agua y el uso de aditivos químicos de alta toxicidad.

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