Por Federico Bernal.- Creada en 2004 por el ex presidente Néstor Kirchner, ENARSA (acrónimo de Energía Argentina S.A.) fue desde entonces invariablemente atacada por todo el arco opositor. No era para menos. Su aparición permitió volver a colocar al Estado en el sector energético e hidrocarburífero nacional, absolutamente desmantelado, desregulado y privatizado. Las críticas –que van desde la derecha más recalcitrante, pasando por la socialdemocracia santafesina al cineasta Pino Solanas– la presentaron siempre como una empresa vacía. Como en este último tiempo no pudieron esconder su papel de importador clave de combustibles ante el desinterés de Repsol y su deliberada política de desabastecimiento, el problema pasó a ser el exclusivo rol de comprador de combustibles de ENARSA.
Desconocida por la gran mayoría de la población, la empresa destaca hoy por hoy por su importante y progresivo peso en materia de generación y repotenciación de termoelectricidad, diversificación de la matriz con energías renovables, proveedor clave de gas natural al mercado interno y creciente actor petrolero. Pero detengámonos en esta oportunidad en su tarea de importador de combustibles. Al respecto, debemos remitirnos a la creación del Programa de Energía Total (PET) en 2007 y su modificación de marzo de 2008.
El PET se ideó para “garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, se trate de combustibles líquidos o gaseosos, que sean demandados tanto por el aparato productivo como por el conjunto de la población”. Hizo y hace foco en la provisión de gas natural licuado (importado vía buques regasificadores) y de combustibles líquidos de petróleo (gasoil, fueloil, nafta, etc.) para el abastecimiento de la demanda interna en constante expansión, en función del desarrollo económico y el crecimiento industrial. ¿La culpa la tiene el Estado argentino de la dependencia foránea en combustibles? Nada dijo ni dice la oposición del desastre implícito en los acuerdos gasíferos suscriptos entre Menem y Frei, causante, junto con la caída en la producción de hidrocarburos y productos refinados por parte de Repsol, de la pérdida de autosuficiencia en gas natural y combustibles que tanto afecta al país.
Hablamos del Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural, 1995, el cual convirtió a Chile, país no gasífero, en uno dependiente de las importaciones de este energético. A su vez, convirtió a la Argentina –que lo producía en cantidades suficientes– en exportadora a pesar del aumento de la participación de la generación térmica en la matriz eléctrica en un contexto de nula reposición de reservas. En otras palabras, más gas necesitábamos, más gas exportábamos, menos reponíamos (y esto sin contar la parálisis que afectaba los sectores de la hidro y nucleoelectricidad).
El acuerdo neoliberal gasífero impulsó la necesaria construcción de gasoductos de exportación, en detrimento del mercado doméstico, progresivamente desconectado y desabastecido. El resultado al momento de cancelar este engendro de acuerdo (finales de 2007): 15 millones de argentinos sin acceso a gas por redes. Fue así que, para poner término al desajuste estructural del modelo energético neoliberal, se crearon ENARSA y, más tarde, el PET. En 2009, y como consecuencia de los acuerdos gasíferos entre los presidentes Kirchner y Morales, se dio un paso fundamental al incorporar al mismo la compra de gas natural boliviano (ese año se importó gas por 1488 millones de pesos). Pero claro, ¿qué puede importar a la oposición que desde 2003 a esta parte un millón 675 mil hogares nuevos reciban gas por redes?
Sin embargo ahora, cuando finalmente todo marcha sobre rieles para comenzar a revertir la dependencia foránea de combustibles y gas natural, las críticas opositoras vuelven con renovada virulencia. Dicen que las importaciones de gas del país vecino aumentaron en lo que va del año, a pesar de la renacionalización de YPF. Cierto, por supuesto, desde una visión ignorante y a la que poco o nada importa la industrialización del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mayores volúmenes de gas boliviano traídos por ENARSA permiten no sólo sustituir crecientes importaciones de gasoil, mucho más caro (hasta un 50% más) y contaminante, sino que además impactan muy favorablemente en los precios de la electricidad para grandes consumidores del Mercado Eléctrico Mayorista.
En efecto, en una comparación interanual (promedio enero-agosto) se advierte una disminución del 11% del precio monómico (63,8 U$S/MWh frente a 71,61U$S/MWh). El precio de la energía eléctrica ha venido cayendo de forma sostenida desde julio de este año. La mayor disponibilidad de gas natural para la generación de energía permite la sustitución de combustibles más caros y contaminantes por parte de las centrales termoeléctricas. A su vez, esto impacta directamente en la referida disminución de los precios de la electricidad, beneficiando de este modo al sector industrial que, a pesar de estos tiempos turbulentos, no para de crecer.
Bajo los acuerdos gasíferos suscriptos por Néstor Kirchner y Evo Morales en 2009, el Programa de Energía Total del Ministerio de Planificación, la expulsión de Repsol del control de YPF y la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, ENARSA avanza reforzando su importante rol para la protección y estímulo del proceso de reindustrialización nacional y el abastecimiento interno.
El modelo energético neoliberal, del que sólo quedan llantos y lamentos, está terminado.
Región Norte Grande
El PET se ideó para “garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, se trate de combustibles líquidos o gaseosos, que sean demandados tanto por el aparato productivo como por el conjunto de la población”. Hizo y hace foco en la provisión de gas natural licuado (importado vía buques regasificadores) y de combustibles líquidos de petróleo (gasoil, fueloil, nafta, etc.) para el abastecimiento de la demanda interna en constante expansión, en función del desarrollo económico y el crecimiento industrial. ¿La culpa la tiene el Estado argentino de la dependencia foránea en combustibles? Nada dijo ni dice la oposición del desastre implícito en los acuerdos gasíferos suscriptos entre Menem y Frei, causante, junto con la caída en la producción de hidrocarburos y productos refinados por parte de Repsol, de la pérdida de autosuficiencia en gas natural y combustibles que tanto afecta al país.
Hablamos del Protocolo de Integración Gasífera y Suministro de Gas Natural, 1995, el cual convirtió a Chile, país no gasífero, en uno dependiente de las importaciones de este energético. A su vez, convirtió a la Argentina –que lo producía en cantidades suficientes– en exportadora a pesar del aumento de la participación de la generación térmica en la matriz eléctrica en un contexto de nula reposición de reservas. En otras palabras, más gas necesitábamos, más gas exportábamos, menos reponíamos (y esto sin contar la parálisis que afectaba los sectores de la hidro y nucleoelectricidad).
El acuerdo neoliberal gasífero impulsó la necesaria construcción de gasoductos de exportación, en detrimento del mercado doméstico, progresivamente desconectado y desabastecido. El resultado al momento de cancelar este engendro de acuerdo (finales de 2007): 15 millones de argentinos sin acceso a gas por redes. Fue así que, para poner término al desajuste estructural del modelo energético neoliberal, se crearon ENARSA y, más tarde, el PET. En 2009, y como consecuencia de los acuerdos gasíferos entre los presidentes Kirchner y Morales, se dio un paso fundamental al incorporar al mismo la compra de gas natural boliviano (ese año se importó gas por 1488 millones de pesos). Pero claro, ¿qué puede importar a la oposición que desde 2003 a esta parte un millón 675 mil hogares nuevos reciban gas por redes?
Sin embargo ahora, cuando finalmente todo marcha sobre rieles para comenzar a revertir la dependencia foránea de combustibles y gas natural, las críticas opositoras vuelven con renovada virulencia. Dicen que las importaciones de gas del país vecino aumentaron en lo que va del año, a pesar de la renacionalización de YPF. Cierto, por supuesto, desde una visión ignorante y a la que poco o nada importa la industrialización del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mayores volúmenes de gas boliviano traídos por ENARSA permiten no sólo sustituir crecientes importaciones de gasoil, mucho más caro (hasta un 50% más) y contaminante, sino que además impactan muy favorablemente en los precios de la electricidad para grandes consumidores del Mercado Eléctrico Mayorista.
En efecto, en una comparación interanual (promedio enero-agosto) se advierte una disminución del 11% del precio monómico (63,8 U$S/MWh frente a 71,61U$S/MWh). El precio de la energía eléctrica ha venido cayendo de forma sostenida desde julio de este año. La mayor disponibilidad de gas natural para la generación de energía permite la sustitución de combustibles más caros y contaminantes por parte de las centrales termoeléctricas. A su vez, esto impacta directamente en la referida disminución de los precios de la electricidad, beneficiando de este modo al sector industrial que, a pesar de estos tiempos turbulentos, no para de crecer.
Bajo los acuerdos gasíferos suscriptos por Néstor Kirchner y Evo Morales en 2009, el Programa de Energía Total del Ministerio de Planificación, la expulsión de Repsol del control de YPF y la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, ENARSA avanza reforzando su importante rol para la protección y estímulo del proceso de reindustrialización nacional y el abastecimiento interno.
El modelo energético neoliberal, del que sólo quedan llantos y lamentos, está terminado.
Región Norte Grande
