Por Plínio de Arruda Sampaio Júnior.- La noción de que la economía brasileña vive un momento sin igual de su historia se apoya en diversos elementos de la realidad. Finalmente, después de dos décadas de estancamiento, entre 2003 y 2011, la renta per cápita de los brasileños creció una media del 2,8 por ciento al año. En ese periodo, el país mantuvo la inflación bajo control y, salvo la turbulencia de finales de 2008 en la cumbre del estallido de la crisis internacional, no sufrió ninguna amenaza de crisis cambiaria. A finales de 2011, el stock de deuda externa era inferior al volumen de divisas internacionales, configurando una situación en la cual técnicamente Brasil aparece como acreedor internacional. La expansión de la economía permitió una expresiva recuperación del empleo. Se calcula que el número de empleos generados en el periodo Lula (2003-2010) rebasa los 14 millones.
Después de décadas de demanda reprimida, el aumento de la masa salarial y el mayor acceso al crédito provocaron una carrera hacia el consumo. Asociando grandes negocios, crecimiento, aumento del empleo y modernización y adaptación de los patrones de consumo a la noción de desarrollo, la sabiduría convencional interpretó la nueva coyuntura como una demostración inequívoca de que Brasil habría finalmente creado condiciones objetivas para el desarrollo capitalista auto-sostenible.
La idea de que el crecimiento económico habría venido acompañado de una mejora en la desigualdad social también encuentra cierto respaldo en los hechos. Después de décadas de absoluto inmovilismo, en el gobierno Lula el índice de Gini, que mide el grado de concentración personal de renta, disminuyó un poco; y la distancia entre la renta media del 10% más pobre y la del 10% más rico del país bajó de 53 veces a finales del gobierno Fernando Henrique Cardoso (2002), y a 39 veces en 2010.
Las autoridades se vanaglorian de que durante ese intervalo más de 20 millones de brasileños dejasen de estar por debajo de la línea de la pobreza. Tal proceso llevó a la presidenta Dilma Rousseff a afirmar que Brasil pasó a ser un país de “clase media”. Además de la reanudación del crecimiento, los avances sociales estarían relacionados con la política de recuperación en un 60% del valor real del salario mínimo entre 2003 y 2010 (movimiento que ya había comenzado en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso); con la ampliación de la cobertura de sanidad social a los trabajadores rurales ( consecuencia de la Constitución de 1988) y con la política social del gobierno federal, principalmente la Bolsa Familia (programa de transferencia de renta para la población carente que en 2010 atendía a cerca de 13 millones de familias).
Por fin, el sentimiento relativamente generalizado, en Brasil y en el exterior, de que el país habría adquirido mayor relevancia en el escenario internacional también se apoya en hechos concretos, tales como: el fracaso del ALCA (en parte debido a la resistencia del gobierno brasileño), el peso de Brasil en el Mercosur; el papel moderador de la diplomacia brasileña en las escaramuzas de América del Sur; la participación del país en el restringido grupo del G-20 que reúne a las principales economías del mundo para pensar estrategias para vencer la crisis económica mundial; la formación del foro que reúne a los llamados BRIC (-Brasil, Rusia, India y China), que congrega a las mayores economías emergentes, como supuesto contrapunto al G-5 (el foro de las potencias imperialistas). La condición de sede de dos mega eventos (la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016) sería la prueba material del gran prestigio de Brasil.
Por más convincentes que los hechos enunciados resulten, el método de resaltar los hechos positivos y esconder los negativos ofrece una visión parcial y distorsionada de la realidad. Eligiendo arbitrariamente los elementos puestos en evidencia y ocultando los que no conviene sacar a la luz, la apología del orden distorsiona la comprensión de los problemas de la sociedad brasileña, suprimiendo las contradicciones inscritas en el movimiento histórico. Sin embargo, basta llamar la atención hacia algunos elementos de la realidad para poner de manifiesto el carácter perverso del patrón de acumulación que condiciona el desarrollo capitalista en Brasil.
La mitología de que Brasil estaría viviendo un nuevo estallido de desarrollo ignora las terribles fuerzas externas e internas responsables del proceso de reversión neocolonial que intensifica la relación perversa entre desarrollo capitalista y barbarie. Basta registrar algunos hechos para demostrar la fragilidad del mito del neodesarrollismo brasileño.
El crecimiento de la economía brasileña entre 2003 y 2011 fue modesto, menos del 3% al año, muy por debajo del que sería necesario para absorber el crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo, estimado en cerca del 5 por ciento anual. La expansión de Brasil apenas superó el crecimiento medio de la economía latinoamericana, o sea, nada excepcional. Beneficiándose del aumento de las exportaciones, impulsada por la elevación de los precios de las commodities, y de la abundancia de liquidez internacional, que permitió una política económica interna menos restrictiva, la expansión fue determinada por la configuración de una coyuntura internacional sui generis que le permitió a Brasil surfear en la burbuja especulativa generada por la forma en la que los gobiernos de las economías céntricas administraron la crisis. En ese periodo, la media de la tasa de inversión se quedó por debajo del 17% del PIB, apenas por encima de la verificada en los ocho años del gobierno anterior y muy por debajo del nivel histórico de la economía brasileña entre 1970 y 1990, intervalo que incluye la década perdida por la crisis de la deuda externa.
La nueva ronda de modernización de los patrones de consumo solamente alcanzó una parcela de la población y, aún así, en su mayoría, con productos superfluos de bajísima calidad. Eso porque, así como una persona pobre no dispone de condiciones materiales para reproducir el tipo de gasto de una persona rica, la diferencia de por lo menos cinco veces en la renta per cápita brasileña en relación con la renta per cápita de las economías céntricas no permite la generalización del estilo de vida de las sociedades ricas al conjunto de la población. Para las capas populares que consiguieron participar de la farra de consumo, incluso de manera precaria, el coste ha sido altísimo y será pagado con duros sacrificios en algún momento. En efecto, la carrera de las familias pobres a la compra, incentivada por la política económica de expansión indiscriminada del crédito al consumo, no vino acompañada de condiciones que permitan que la mayor propensión al consumo sea sostenible. El cobro de tasas de intereses reales verdaderamente estratosféricas, en total asimetría con la evolución de los salarios reales, anuncia la gestación de un proceso de servidumbre por deuda, en el que un peso creciente de la renta familiar deberá ser destinado al pago de deudas. Cuando la “burbuja especulativa” estalle y las tendencias recesivas lleguen a Brasil, el creciente endeudamiento de las familias pobres tenderá a convertirse en una grave crisis bancaria.
La subordinación del patrón de acumulación a la lógica de los negocios del capital internacional ha provocado un proceso de especialización regresiva de la economía brasileña en la división internacional del trabajo. La revitalización del negocio agrario como fuerza motriz del patrón de acumulación reforzó el papel estratégico del latifundio en la economía brasileña. La importancia creciente de la extracción de minerales, potenciada por el descubrimiento de petróleo en la capa del pre sal, intensificó la explotación predatoria de las ventajas competitivas naturales del territorio brasileño. Por fin, la falta de competitividad dinámica para enfrentar las economías desarrolladas y de competitividad espuria para hacer de cara a las economías asiáticas hizo inviable la industria brasileña, desencadenando un proceso irreversible de desindustrialización.
La exposición de Brasil a las operaciones especulativas del capital internacional intensificó la desnacionalización de la economía y aumentó su vulnerabilidad externa. La trayectoria explosiva del pasivo externo, compuesto por la deuda externa con bancos internacionales y por el stock de inversiones extranjeras en Brasil pone de manifiesto la absoluta falta de sostenibilidad de un patrón de financiación que, para no entrar en colapso, depende de la creciente entrada de capital internacional. La magnitud del problema puede ser aquilatada por la dimensión alcanzada por el pasivo externo financiero líquido (que contempla solo los recursos de extranjeros de altísima liquidez listos para dejar el país, ya descontadas las reservas cambiarias), 542 billones de dólares a finales de 2011. En ese contexto, nada garantiza que, de un momento a otro, cuando el sentido del flujo de capitales externos se invierta, los empleos generados no desaparezcan, el número de pobres no vuelva a crecer y el país no tenga que sufrir otra vez los programas de ajuste económico impuestos por los organismos financieros internacionales.
El sustrato del modelo económico brasileño reposa en última instancia en la creciente explotación del trabajo. La escandalosa discrepancia entre las ganancias de productividad del trabajo y la evolución de los salarios pone en evidencia que, incluso en una coyuntura relativamente favorable, el progreso no benefició a los trabajadores. En 2010, a finales del gobierno Lula, el salario medio de los ocupados permanecía prácticamente estancado en el mismo nivel de 1995. La distancia de casi cuatro veces entre el salario mínimo efectivamente pagado a los trabajadores y el salario mínimo estipulado por la Constitución brasileña muestra lo lejos que se está aún de colocar en cuestión la sobreexplotación del trabajo como verdadera gallina de los huevos de oro del capitalismo brasileño.
Los gobiernos progresistas han ahondado -aunque a un ritmo más lento- el proceso de precarización de las relaciones de trabajo. En los años Lula, la jornada media del trabajador brasileño se quedó en 44 horas, aumentando una hora en relación a los ocho años anteriores. La situación más favorable del mercado de trabajo tampoco impidió que la rotación del trabajo continuara aumentando ni significó una reversión de la situación de informalidad en que se encuentra prácticamente la mitad de los ocupados. El aumento del empleo vino acompañado de una profundización del proceso de tercerización. Se calcula que 1/3 de los empleos generados en el periodo fueron para trabajadores “tercerizados”, responsables, en la actualidad, de más de 10 millones de puestos de trabajo, es decir, casi 1/5 del total de los empleados. Por fin, cabe resaltar la complacencia en relación al trabajo infantil, que a finales de la primera década del siglo XXI continuaba afectando a cerca de 1,4 millón de niños brasileños -contingente equivalente a la población de Trinidad Tobago.
La visión apologética de que los gobiernos de Lula y Dilma están comprometidos con el combate a las desigualdades sociales ignora la relación de causalidad -hace décadas desvelada por la teoría del subdesarrollo- entre mimetismo de los patrones de consumo de las economías céntricas, desempleo estructural y tendencia a la concentración de la renta, fenómenos típicos del capitalismo dependiente. Cuando se considera la situación del conjunto de los brasileños es fácil constatar que las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad social no fueron alteradas. Incluso con la expresiva ampliación de los empleos, aproximadamente un 40 % de la fuerza de trabajo brasileña permanece desempleada o subempleada, es decir, sin renta de trabajo o con un trabajo que retribuye menos que un salario mínimo. En esas condiciones, no sorprende que la concentración funcional de la renta, que mide la división de la renta entre salario y logro, haya permanecido prácticamente inalterada durante el gobierno Lula, estabilizada en uno de los peores niveles del mundo. La pequeña mejoría en la distribución personal de la renta, que mide el reparto de la masa salarial -apuntada como prueba cabal del proceso de inclusión social-, en realidad solo revela una pequeña mejoría en la distribución de la masa salarial -de las migajas que quedan para los trabajadores-, reduciendo la distancia entre la renta de la mano de obra no cualificada y la de los asalariados más cualificados. La persistencia de un stock de pobres del orden de 30 millones de brasileños -contingente superior a la población de Perú y más de cuatro veces los habitantes del Salvador- revela el total disparate que significa imaginar que Brasil pueda ser considerado un país de “clase media”.
La noción de que el gobierno Lula representó un cambio cualitativo en las políticas sociales no casa con las prioridades manifiestas en la composición del gasto social. Convertidos a la filosofía de la política compensatoria del Banco Mundial, los gobiernos de Lula y Dilma pasaron a actuar sobre los efectos de los problemas sociales y no sobre sus causas, contentándose con reducir el sufrimiento del pueblo, dentro de las limitadísimas posibilidades presupuestarias generadas por el ajuste fiscal permanente impuesto por la política macroeconómica. La evolución en la composición del gasto social del gobierno federal entre 1995 y 2010 prueba que no hubo un cambio cualitativo en la política social de Lula en relación a su antecesor. En los principales ítems de gastos, como por ejemplo salud o educación, la participación relativa de los gastos sociales del gobierno federal en el PIB permaneció prácticamente inalterada. Existen dos excepciones. La primera, respecto a los gastos en Sanidad Social, cuyo aumento, como ya hemos mencionado, debe ser atribuido básicamente a los efectos de la Constitución de 1988. La segunda se refiere a los programas asistenciales que, en el gobierno Lula, recibieron un aumento de recursos del orden del 1% del PIB, más del doble de la proporción destinada por el gobierno anterior, pero, aún así, un montante que corresponde a menos de 1/3 de los recursos transferidos a los rentistas en forma de superávit primario para pagar los intereses de la deuda pública y menos de 1/6 del total de los gastos con el pago de intereses de la deuda pública que durante los gobiernos de Lula alcanzó, de media, el 3,24% del PIB al año. En realidad, lo que marca la política social de la era neoliberal, tanto de los años Fernando Henrique Cardoso como los de Lula, es el absoluto inmovilismo para superar la enorme distancia entre los recursos necesarios para suplir las carencias de las políticas sociales y la disponibilidad efectiva de recursos fiscales para financiarlos.
Incluso la política externa, presentada con el frente más osado de la administración petista, apenas disimula el servilismo a los cánones del orden global y a las exigencias del imperio norteamericano. En una búsqueda desesperada de nuevos mercados y de capitales extranjeros, la Presidencia de la República ha sido instrumentalizada para vender Brasil como una commoditie en el resto del mundo. El discreto y vacilante apoyo a Hugo Chávez, la mayor aproximación con Cuba, los flirteos con el mundo árabe y la búsqueda de una relación económica más intensa con India, Rusia y China responden a intereses comerciales bien concretos y no deben engañar a nadie. En los foros internacionales, Lula y Dilma se transformaron en verdaderos paladines del liberalismo. Sus intervenciones se restringen al cobro de coherencia neoliberal a los países ricos. En los bastidores, la diplomacia brasileña tramita cualquier cosa en pago de un eventual asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El caso más vergonzoso fue el envío de tropas a Haití para cumplir el patético papel de gendarme del intervencionismo norteamericano, protegiendo un gobierno ilegítimo, corrupto y violento.
Hasta en el plan ideológico los gobiernos Lula y Dilma permanecieron perfectamente encuadrados en el ideario del neoliberalismo. En el discurso y en la práctica de liderazgos que tenían un pasado vinculado a las luchas sociales, la cartilla liberal ganó nueva credibilidad, reforzando los valores y el patrón de sociabilidad neoliberal. Al naturalizar las exigencias del orden, los liderazgos políticos que deberían descongelar la historia e iniciar un proceso de transformación social acabaron ejerciendo el papel de reforzar la alienación del pueblo en relación a la naturaleza de sus problemas -la dependencia externa y la desigualdad social- y a las reales alternativas para su solución -la transformación social. No es de extrañar el reflujo del movimiento de masas y el proceso de desorganización y fragmentación que alcanzó, sin excepción, a todas las organizaciones populares.
Vistas en perspectiva histórica de larga duración, las semejanzas entre los gobiernos progresistas y conservadores son mayores que las diferencias. Dilma, Lula, FHC, Itamar Franco y Collor de Mello forman parte de la misma familia, cada uno responsable de un determinado momento del ajuste de Brasil a los imperativos del orden global. La distancia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho del orden es pequeña porque el radio de maniobra de la burguesía dependiente es mínimo. El grado de libertad se reduce, básicamente, a las siguientes opciones: mayor o memor crecimiento, en un patrón de acumulación que no deja margen a la expansión sostenible del mercado interno; mayor o menor concentración de renta, dentro de los límites de una sociedad marcada por la segregación social; mayor o menor participación del Estado en la economía, dentro de un esquema que impide cualquier posibilidad de políticas públicas universales; mayor o menor dependencia externa, dentro de un tipo de inserción en la economía mundial que coloca al país a remolque del capital internacional; y, como consecuencia, mayor o menor represión de las luchas sociales, dentro de un régimen de “democracia restringida”, bajo el control absoluto de una plutocracia que no tolera la emergencia del pueblo como sujeto histórico -ya sea recurriendo al aplastamiento, lo que caracteriza a los gobiernos que están a la derecha del orden, o a la captación, como hacen los gobiernos que se posicionan a la izquierda del orden.
Al solapar las bases materiales, sociales, políticas y culturales del Estado nacional, progresistas y conservadores son responsables, cada uno a su modo, del proceso de reversión neocolonial que compromete irremediablemente la capacidad de la sociedad brasileña de enfrentar sus dolencias históricas y controlar su destino, definiendo el sentido, el ritmo y la intensidad del desarrollo en función de las necesidades del pueblo y de las posibilidades de su economía.
Plínio de Arruda Sampaio Jr. es profesor del Instituto de Economía da Universidade Estadual de Campinas-IE/UNICAMP y del consejo editorial del periódico electrónico Correio da Cidadania – www.correiocidadania.com.br
Traducido para Pueblos-Revista de Información y Debate por Alicia Rocha Novoa.
