Guatemala: Pueblos indígenas demandan ser escuchados

Por Louisa Reynolds
 
La lucha para proteger el medio ambiente de las multinacionales depredadoras es actualmente una de las principales causas de conflictos sociales en América Latina.
Conforme avanzan grandes proyectos hidrocarburíferos, mineros y de infraestructura en territorios indígenas, crece la resistencia de las comunidades indígenas a lo largo de la región. No es de extrañar, por tanto, que el derecho a la consulta previa haya sido el tema principal de la agenda durante la 10ª Asamblea del Fondo Indígena, que se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala el 29 y 30 de noviembre.
“En América Latina es una constante que no se tome en cuenta la opinión de los indígenas”, dijo el ministro de Cultura de Guatemala, Carlos Batzín, en la ceremonia de inauguración.
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, conocido como Fondo Indígena, es una agencia multilateral de ayuda con sede en Bolivia que promueve el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas.
“Lo que se espera como resultado de estos espacios de diálogo es formular políticas inclusivas e interculturales capaces de responder a las necesidades de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe”, agregó Batzín.
Conflictos sociales
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor del derecho a la consulta previa de la comunidad kichwa de Sarayaku, ubicada en la parte sur de la región amazónica de Ecuador.
Desde 1996, el gobierno ecuatoriano ha otorgado concesiones petroleras sin el permiso de más de 1,200 habitantes indígenas que viven en la zona. Aunque la comunidad de Sarayaku celebró el fallo con fiestas, tambores, cantos y danzas, todavía está por verse si el gobierno accede a cumplir con el fallo de la CorteIDH.
En agosto del 2011, unos 600 indígenas bolivianos que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) marcharon contra la construcción de una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni, furiosos porque el presidente Evo Morales autorizó el proyecto sin haber consultado a las comunidades locales.
En Guatemala, el 22 de noviembre, las tensiones se incrementaron en la localidad de La Puya, en el municipio de San José del Golfo, a 28 km al noreste de Ciudad de Guatemala. Durante los pasados ocho meses, comunidades agrícolas del lugar han mantenido un plantón contra la empresa Exmingua SA, subsidiaria de la corporación canadiense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
La protesta se inició luego de que el presidente Otto Pérez Molina otorgara a Exmingua en noviembre del 2011 una licencia de exploración de oro y plata sin respetar el derecho de la población a la consulta previa.
Los pobladores se mantienen firmes en su decisión de bloquear el ingreso al lugar, conocido como El Tambor, hasta que el gobierno lleve a cabo una “consulta popular”, o plebiscito, que les permita ejercer su derecho a decidir si el proyecto debe desarrollarse.
Las violentas escenas ocurridas ese día, en las que Pablo Silas Orozco, empleado de Exmigua y ex teniente del Ejército, insultaba a los manifestantes fueron reproducidas masivamente por las redes sociales.
Según el Comité de Unidad Campesina (CUC), personal de seguridad de Exmingua ha usado tácticas de intimidación contra los manifestantes, incluyendo amenazas de lincharlos y hasta cortarles las manos para evitar que filmen.
Más de 600 consultas populares se han realizado desde 1996, cuando Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, pero el gobierno ha insistido en que no son vinculantes y ha permitido que sigan adelante proyectos mineros e hidroeléctricos sin consultar a las comunidades locales, en clara violación al convenio.
El acoso e intimidación es un tema de gran preocupación, especialmente después de que el líder indígena maya Mario Itzep, del no gubernamental Observatorio Indígena Nacional, sobreviviera a un atentado contra su vida el 31 de diciembre, a sólo dos cuadras del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.
Derecho al consentimiento previo
Las implicaciones legales de las consultas a los pueblos indígenas, las promesas hechas por los gobiernos de la región en términos de garantizar su derecho al consentimiento previo, y los avances hacia acuerdos entre gobiernos y comunidades indígenas, así como estudios de casos de mecanismos de consulta usados en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, fueron los principales temas discutidos en la asamblea del Fondo Indígena.
Delegado tras delegado resaltaron en el podio que sus países habían ratificado los tratados y convenios internacionales sobre derechos indígenas, pero que nunca los respetaban.
“Son consultas sesgadas, son consultas al apuro, presionadas. Tiene que ser una consulta libre y transparente y sin trasfondos, no simplemente para cumplir una obligación”, dijo Luis Contento, vicepresidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
“La consulta es vista como un acto de protocolo y de procedimiento con la agenda legislativa”, observó Gerardo Jumí Tapies, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), agregando que si las corporaciones multinacionales y los gobiernos que las respaldan no atienden las demandas de los pueblos indígenas, las comunidades tendrán que recurrir a medidas de protesta más enérgicas, como bloqueo de caminos. “Hay que meterle cuerpo de indio, hacer presión política y social”.
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