Desde Proyecto Sur, advertimos graves falencias en el Marco Regulatorio Hidrocarburífero aprobado recientemente por el gobierno. Señalamos en este documento algunas de las más importantes:
1. Procedimiento. La ley fue aprobada entre gallos y medianoche (el 27 de diciembre), luego de muchos tironeos entre intendentes, diputados provinciales, funcionarios provinciales y, sobre todo, lobbistas de las principales operadoras. Teniendo en cuenta la importancia de la explotación hidrocarburífera para la provincia, debería haberse realizado un debate amplio y más prolijo. Este aspecto es comprensible si se tiene en cuenta que el Marco Regulatorio fue impulsado por los mismos que tramaron la renegociación anticipada de los contratos petroleros en el 2007.
2. Vaguedad conceptual. Hay varios aspectos de la ley cuya vaguedad resulta por lo menos preocupante. Por ejemplo, entre los objetivos de la actividad hidrocarburífera se mencionan “contribuir al autoabastecimiento del país, asegurar un adecuado margen de reservas y la obtención de saldos exportables”, pero estos conceptos no son precisados. ¿Qué se entiende concretamente por la ‘contribución al autoabastecimiento del país’? ¿Y por ‘adecuado margen de resevas’? Vale tener en cuenta que estos dos objetivos pueden ir en contra del tercero: la exportación de crudo, la principal meta de las operadoras (y de sus representantes en el gobierno). Otro concepto definido con extrema imprecisión es el de ‘licencia social’. Según el texto de la ley, una empresa obtiene su licencia social (es decir, el aval de la sociedad civil) por el mero hecho de elaborar una Declaración de Impacto Ambiental, que es un documento que ‘puede ser requerido’ por la Legislatura. En otras palabras, un acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo, que decidirá si se hizo algo parecido a una ronda de audiencias y actividades similares.
3. El rol comodín de Petrominera S.E. Hay un solapamiento de funciones entre Petrominera y la Autoridad de Aplicación de la ley, es decir, el Ministerio de Hidrocarburos. La empresa estatal es el instrumento que utiliza el Ejecutivo para otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación y, a la vez, la autoridad que debe velar por el cumplimiento de los derechos otorgados. Es decir, en aspectos fundamentales de la producción hidrocaburífera, los directivos de Petrominera reemplazan al Estado.
4. La despreocupación ambiental. En varios pasajes de la ley se menciona el cuidado ambiental, pero nunca se define con precisión qué se entiende por daño ambiental. Además, se excluye a la comunidad de la participación en la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones ambientales. El Marco abre las puertas a la “eventual explotación de hidrocarburos no convencionales”, la que puede ser posible mediante una solicitud a Petrominera. La nociva técnica de fracking no está en absoluto prohibida.
5. La apuesta al modelo extractivista. El gobierno sigue apostando al extractivismo. En ningún pasaje de la ley se determina que un porcentaje de las regalías deban ser destinadas a la diversificación productiva o al desarrollo de alternativas sustentables. En otras palabras, se mantiene una mirada cortoplacista sobre las posibilidades de la región.
6. La negación del concepto de soberanía hidrocarburífera. El Marco es una demostración más de que la bandera oficial de “soberanía energética” es un discurso vacío de contenido real. A través de este instrumento legal, el gobierno mantiene el esquema privatizador en la explotación del crudo, continuando el modelo neoliberal de los ’90.
7. La nula participación de la comunidad. La ley prevé vagas instancias de participación comunitaria en las “audiencias” que las empresas deben realizar para obtener la “licencia social”. Más allá de esta instancia, la comunidad es expulsada fuera del marco de regulación de la actividad hidrocarburífera: no se le concede un lugar en la vigilancia el cuidado ambiental ni en el cumplimiento de otros aspectos de las normas. Esto es grave si se tiene en cuenta que gran parte de las acciones de exploración y explotación serán acordadas entre las empresas y los directivos de Petrominera.
8. El incentivo a la política de la improvisación gobierno. A la luz de lo ya mencionado, los fondos que ingresen en concepto de regalías directa a las localidades petroleras serán un combustible para la improvisación oficial. No hay un plan estratégico de desarrollo pensado para un horizonte de diez o veinte años. La denominada “reparación histórica” de la zona Sur puede terminar siendo plata fresca para tapar agujeros y para propiciar más negocios con los amigos.
Proyecto Sur Chubut
