Declaración de Federación Iberoamericana de Ombudsman sobre Consulta Previa a Pueblos Indígenas

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Las instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), reunidas en Lima, Perú, con motivo del encuentro: «El Derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas: El rol de los ombudsman en América Latina», emitimos la siguiente declaración:
1. América Latina se caracteriza por una gran diversidad cultural que es rasgo fundamental de su identidad, fuente de gran riqueza y, al mismo tiempo, un reto para los procesos de inclusión social, la consolidación de la gobernabilidad y los derechos humanos en la región;
2. Aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a sus derechos;
3. Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;Por tales razones, nos comprometemos a:
1. Incrementar nuestros esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa.
2. Supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación del derecho a la consulta previa, e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.

3. Reforzar nuestros canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades.

La FIO tiene la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de los pueblos indígenas que garantice su inclusión en el desarrollo de la región.

Dada en Lima, República del Perú, a los 25 días de abril de dos mil trece (2013)

La Declaración de Lima fue suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.