Extrayendo ganancias en tribunales internacionales

Por Sarah Anderson y Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies (IPS) (EE.UU.)

Principales Hallazgos
Las empresas transnacionales del sector extractivo recurren de manera creciente a tribunales internacionales de arbitraje para resolver disputas en torno a recursos naturales.

  • Hasta marzo del 2013, habían 169 casos inversionista – Estado en el tribunal más frecuentemente utilizado, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. De estos, 60 casos (35.7%) se relacionan a disputas por petróleo, minería o gas.1
  • En contraste, en 2000 habían tan solo tres casos pendientes en el CIADI relacionados con disputas por petróleo, minería o gas.
  • Los 60 casos pendientes relacionados con industrias extractivas incluyen: 23 disputas relacionadas con petróleo, 19 relacionadas con minería (incluyendo 4 con oro), 13 relacionadas con gas y 5 más relacionadas con proyectos combinados de petróleo y gas.
  • Tan sólo en el 2012, se registraron 48 nuevos casos en el CIADI. 17 de estos (35%) se relacionan con industrias extractivas y todos son en contra de países en desarrollo.

Las demandas inversionista – Estado relacionadas con disputas por el petróleo, el gas y la minería se encuentran en aumento en países en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe.

  • Los países de Latinoamérica y el Caribe conforman aproximadamente el 14% de los 158 miembros del CIADI, y sin embargo son el blanco de 79 (46.7%) de los 169 casos pendientes en ese tribunal (marzo, 2013) y de 31 (51%) de los 60 casos pendientes relacionados a industrias extractivas.
  • En el pasado, en cambio, solo 23% de los casos ya concluidos en el CIADI pertenecían a las industrias extractivas y de estos solo 34% en contra de países latinoamericanos.

Desglose Regional de casos en el CIADI relacionados a Petróleo, Minería y Gas:

  • Latinoamérica y el Caribe: 31 (51.6%)
  • Africa: 12 (20%)
  • Europe del Este: 5 (8.3%)
  • Asia: 10 (16.6%)
  • Medio Oriente: 1 (1.6%)
  • America del Norte: 1 (1.6%) (en contra de Canadá)
  • Europa Occidental: 0 casos

El potencial impacto económico de las demandas inversionista – Estado es significante, especialmente para países en desarrollo; crean un desincentivo para la implementación de políticas ambientales y sociales responsables.

  • En octubre de 2012, el gobierno de Ecuador fue obligado a pagar $ 1,700 millones de dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) por haber cancelado su contrato de operación en 2006, en lo que ha sido el fallo arbitral más costoso hasta la fecha. En marzo de 2010 Ecuador perdió otro caso relacionado con el petróleo, esta vez frente a la también estadounidense Chevron por aproximadamente $700 millones de dólares. La combinación de estos dos fallos equivalen a aproximadamente el 3.3% del PIB de Ecuador.
  • Dos empresas mineras – Pacific Rim y Commerce Group – han demandado a El Salvador para presionar al gobierno de ese país a que autorice permisos de explotación de proyectos mineros de oro que son potencialmente devastadores para el medio ambiente. En torno a Pacific Rim, el tribunal del CIADI decidió que carecía de jurisdicción bajo el TLC entre Centro América, Estados Unidos y la Republica Dominicana (RD DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) por tratarse de una empresa canadiense, pero que el caso podría continuar bajo las leyes de inversión del propio El Salvador. Pacific Rim está demandando una “compensación” por $315 millones de dólares (el equivalente a aproximadamente el 1.8% del PIB de El Salvador3, o alrededor de la mitad del total de su presupuesto de educación).4 Aunque el CIADI desechó el caso de la empresa estadounidense Commerce Group, tuvo que pagar de igual manera $800,000 dólares en costos legales, y la compañía minera aun busca que se anule la decisión en su contra.
  • En 2011, la empresa estadounidense Renco Group Inc. estableció una demanda en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus siglas en inglés) en contra del gobierno de Perú, y en favor de si misma y su subsidiaria Doe Run Perú. La empresa demanda una “compensación” de $800 millones de dólares por perjuicios después de que el gobierno peruano revocara la licencia de operación de una fundidora de metales en La Oroya, Perú; uno de los sitios más contaminados del mundo y en el que cientos de menores de edad han enfermado por plomo y otros metales. Los montos por los que se demanda a Perú podrían ser mejor utilizados para combatir la pobreza que afecta al 78% de la infancia indígena en el país.

Es probable que se den más demandas inversionista – Estado por petróleo, gas y minería bajo el propuesto Tratado de Asociación Transpacífico (TTP), dada la dependencia de muchos de los países que lo negocian de las industrias extractivas.

  • En seis países del TTP, el petróleo y sus derivados y los minerales conforman más del 20% de sus exportaciones totales. Estos son: Brunei Darussalam (87%), Perú (64%), Australia (54%), Chile (53%), Canadá (32%), y México (21%).
  • Seis de los países del TTP son potencias en producción y exportación de minerales; Australia, Canadá, Chile, México, Perú, y Estados Unidos están entre los 10 más altos lugares en la producción de varios minerales, incluyendo cobre, oro y plata.
  • Vietnam tiene un sector minero menos desarrollado pero su potencial de crecimiento es significativo. Por ejemplo, Vietnam ocupa el cuarto lugar mundial en reservas de bauxita (que se utiliza para producir aluminio). Los recursos naturales de Malasia fueron agotados de manera significativa en el siglo pasado, pero el país está buscando más inversión extranjera en el procesamiento de minerales, incluyendo la fundición de aluminio y minerales muy raros y controversiales.
  • Además de Australia, que ha rechazado la inclusión de cláusulas de resolución de disputas inversionista – Estado, estos países ricos en minerales se encontrarían vulnerables a demandas de este tipo bajo el TTP si llevan a cabo medidas que los inversionistas extranjeros argumenten que reducen el valor de sus inversiones en el sector extractivo.

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Institute for Policy Studies