La Corte Suprema revocó un embargo sobre las cuentas de la filial argentina de Chevron , que se derivaba de otro embargo que, con anterioridad, había sido dispuesto por la justicia de Ecuador sobre Chevron Corporation por un total de US$ 19.000 millones.
La decisión es una buena noticia para la relación de Chevron Corporation con la petrolera estatal YPF , que preside Miguel Galuccio, y también para la presidenta Cristina Kirchner, que nunca había visto concretarse la intención de la compañía norteamericana de hacer inversiones en el país.
El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, trató el caso en el acuerdo de ayer y, por la tarde, difundió el fallo que beneficia a Chevron, que lleva la firma de Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco. El único ministro que votó a favor de mantener el embargo fue Carlos Fayt.
El 22 de mayo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, miembro de Justicia Legítima -habitualmente crítica de las corporaciones empresarias-, también se había pronunciado en favor de Chevron.
“El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”, había dicho en su dictamen Gils Carbó.
La causa se había iniciado con una demanda por daño ambiental de residentes de la zona ecuatoriana de Lago Agrio, quienes en 1993 se habían considerado afectados por el daño ambiental que la petrolera Texaco habría cometido entre 1964 y 1990. La demanda estuvo dirigida contra Chevron Corporation porque esta firma, en 2001, compró Texaco.
En 2012, luego de haber recibido una rogatoria internacional, el juez civil Adrián Elcuj Miranda embargó el flujo de caja de la compañía petrolera Chevron Argentina y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba por la venta de petróleo crudo. En total, la medida recaía sobre unos 2000 millones anuales y se mantendría en pie hasta cubrir el total de la condena dictada en Ecuador.
La posición de la empresa, sin embargo, siempre fue que los abogados de los pueblos originarios, que promovieron una acción de clase, no tenían el derecho legal para embargar los activos de las subsidiarias en la Argentina.
Además, la firma sostuvo que no se les debería permitir afectar las actividades de los importantes recursos energéticos y entre los abogados patrocinantes se comentaba que la actuación de la justicia de Ecuador había estado salpicada por sospechas de soborno y fraudes de los litigantes.
Los reclamantes, en cambio, habían afirmado que Texaco, cuando se retiró de la zona en 1990, había dejado tras de sí una situación catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas del Amazonas.
La Corte, en su fallo, hizo hincapié en un argumento; Chevron Argentina, que es una persona jurídica distinta de Chevron Corp. no participó en el juicio en Ecuador.
VÍA LIBRE PARA LA PETROLERA
El embargo condicionaba los pasos de Chevron
- 500.000
Hectáreas
Son las que, según la demanda en su contra, había contaminado la compañía de EE.UU.en Ecuador
- 19.021
Millones de dólares
Estaban afectados porel embargo entre activos y cuentas bancarias
- Fundamento
La Corte argumentó que Chevron Argentina es una persona jurídica distinta de Chevron Corp
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Chevron sin embargo
La medida cautelar representaba la extensión en Argentina de una sentencia dictada por la Justicia de Ecuador, a raíz de un juicio por daños ambientales producidos en ese país.La decisión de la Corte sorprendió a Chevron, señalaron a este diario fuentes allegadas a la empresa. Si bien eran optimistas luego de la declaración de Gils Carbó hace dos semanas, no esperaban un fallo favorable en tan poco tiempo por parte del máximo tribunal. En cuanto al acuerdo con YPF, admiten en Chevron que el embargo representaba una dificultad en términos operativos. Las empresas estaban trabajando en la ingeniería que permitiera a la petrolera estadounidense invertir sin verse afectada por el embargo. De todas maneras, advierten que el juicio en Argentina, a cargo de Elcuj Miranda, por el daño en Ecuador, continúa.
El fallo de la Corte responde a un recurso extraordinario interpuesto por Chevron, ante lo dictaminado por la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Los camaristas habían confirmado el embargo de primera instancia del juez Adrián Elcuj Miranda. Esa medida afectaba los bienes que tiene la petrolera estadounidense en el país, en extensión de la sentencia dictada por el presidente subrogante de la Corte Provincial de Sucumbíos, en Ecuador, que condenó a la empresa a pagar algo más de 19 mil millones de dólares por daños ambientales. La causa se remonta a la decisión de un grupo de abogados de iniciar una “acción de clase” a favor de 30 mil residentes de la Amazonia ecuatoriana, afectados por daños ambientales a partir de la exploración de hidrocarburos por parte de Texaco, que en 2001 fue adquirida por Chevron.
La intención de extender la medida de la Justicia de Ecuador hasta la Argentina se basaba, según los abogados, en los términos previstos por la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares. Bajo esa lógica, Elcuj Miranda dispuso el embargo sobre los activos de la petrolera, los dividendos y el 40 por ciento del movimiento de las cuentas bancarias, decisión luego ratificada por la Cámara de Apelaciones.
La Corte, en su fallo de ayer, cuestiona el argumento de que a pesar de tratarse de una persona jurídica distinta, Chevron Argentina puede hacerse cargo de la ejecución de la indemnización que le corresponde a Chevron Corporation. “La decisión tomada por la Justicia del Ecuador de imponer medidas cautelares sobre los bie-nes de las sociedades demandadas las ha privado de este derecho –en relación con la figura de la distinta personalidad jurídica– con afectación de principios que integran el orden público internacional”, explican los magistrados.
El equipo de abogados que demandó a Chevron Argentina, encabezado por Enrique Bruchou, difundió ayer un comunicado donde señala que “el fallo contraría el régimen contemplado en el tratado sobre cumplimiento de medidas cautelares, que es de aplicación obligatoria para la República Argentina”. “Chevron Corp opera íntegramente a través de subsidiarias en todo el mundo, y no genera ningún ingreso distinto de los dividendos que recibe de dichas subsidiarias”, agregó.
Gils Carbó rubricó un pronunciamiento en contra del embargo, con carácter no vinculante, el 22 de mayo. “El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo (…) a sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables”, indicó en esa oportunidad. “De conformidad con lo dictaminado por la señora procuradora general, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”, confirmó ayer la Corte.
El levantamiento del embargo puede agilizar el acuerdo de Chevron con YPF. Ambas empresas llevan firmadas tres cartas de entendimiento y recientemente Galuccio, quien también criticó el embargo, indicó que Chevron invertirá entre 1000 y 1500 millones de dólares en Vaca Muerta.
