Cuestiona la oferta de Electroingeniería, que fue la más baja, por no ajustarse al pliego
La licitación de la multimillonaria obra de las represas santacruceñas disparó una dura disputa entre dos consorcios liderados por compañías chinas que llevan como socios al empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y a Gerardo Ferreyra, el titular de Electroingeniería, que también tiene llegada directa a la Casa Rosada.
Luego de que la comisión evaluadora considerara válida una oferta con descuento del grupo Gezhuoba- Electroingeniería (G-E) que desplazó del primer lugar a Sinohydro y Austral Construcciones (S-AC), los apoderados de Báez solicitaron la descalificación de esa propuesta por haber vulnerado “formal y sustancialmente las reglas licitatorias”.
Tras solicitar el acceso a todas las ofertas en juego, el grupo de S-AC le advirtió al ministro de Planificación Julio De Vido que –en caso de que no tener respuestas– no descarta impugnar la adjudicación y llevar el reclamo a la Justicia.
La pelea por la megaobra arrancó el último martes con la presentación de las ofertas de los cuatro consorcios precalificados. Inicialmente, los funcionarios de Planificación indicaron que la oferta mejor posicionada era la de S-AC con un valor de $ 20.479.989.247. En ese primer ordenamiento por precio de las “ofertas básicas”, el grupo de G-E estaba tercero, con $ 22.948.356.204. Pero, tras una “carta de descuento” del 17,4% que adjuntó a la oferta, el precio final se redujo a $ $ 18.947.000.000.
Un día despúes de la apertura de los sobres, el Gobierno dio por válida la “oferta con descuento” de G-E, pasando a ser, a priori, la que más chances tiene de ganar.
Ante ese cambio, el grupo de Baéz salió a cuestionar la admisión de esa oferta por medio de una nota de “protesta y observación” que fue entregada el viernes en el Ministerio de De Vido.
El escrito sostiene que la “carta de descuento” de G-E debe ser rechazada, entre otros, por los siguientes motivos: no se ajusta al pliego, contiene irregularidades en las fechas de presentación y autenticación, exige pagos en el extranjero no previstos en las reglas de juego y representa una maniobra extralegal para obstaculizar el análisis igualitario de las ofertas.
Si bien optaron por no contestar los argumentos del consorcio de Baéz, los voceros del grupo G-E destacaron que “el descuento ofrecido constituye una práctica habitual en este tipo de licitaciones y se encuentra en regla con las condiciones del pliego”.
Ahora la pelota y la decisión final sobre quien se queda con el contrato de las usinas rebautizadas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic está cargo de la unidad evaluadora que preside un hombre de De Vido. Deberá adjudicar las represas a la “propuesta más conveniente”, tras ponderar el valor total de las obras, el financiamiento, las tasas de interés, las garantías y el plazo de repago de los créditos.
La licitación de la multimillonaria obra de las represas santacruceñas disparó una dura disputa entre dos consorcios liderados por compañías chinas que llevan como socios al empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y a Gerardo Ferreyra, el titular de Electroingeniería, que también tiene llegada directa a la Casa Rosada.
Luego de que la comisión evaluadora considerara válida una oferta con descuento del grupo Gezhuoba- Electroingeniería (G-E) que desplazó del primer lugar a Sinohydro y Austral Construcciones (S-AC), los apoderados de Báez solicitaron la descalificación de esa propuesta por haber vulnerado “formal y sustancialmente las reglas licitatorias”.
Tras solicitar el acceso a todas las ofertas en juego, el grupo de S-AC le advirtió al ministro de Planificación Julio De Vido que –en caso de que no tener respuestas– no descarta impugnar la adjudicación y llevar el reclamo a la Justicia.
La pelea por la megaobra arrancó el último martes con la presentación de las ofertas de los cuatro consorcios precalificados. Inicialmente, los funcionarios de Planificación indicaron que la oferta mejor posicionada era la de S-AC con un valor de $ 20.479.989.247. En ese primer ordenamiento por precio de las “ofertas básicas”, el grupo de G-E estaba tercero, con $ 22.948.356.204. Pero, tras una “carta de descuento” del 17,4% que adjuntó a la oferta, el precio final se redujo a $ $ 18.947.000.000.
Un día despúes de la apertura de los sobres, el Gobierno dio por válida la “oferta con descuento” de G-E, pasando a ser, a priori, la que más chances tiene de ganar.
Ante ese cambio, el grupo de Baéz salió a cuestionar la admisión de esa oferta por medio de una nota de “protesta y observación” que fue entregada el viernes en el Ministerio de De Vido.
El escrito sostiene que la “carta de descuento” de G-E debe ser rechazada, entre otros, por los siguientes motivos: no se ajusta al pliego, contiene irregularidades en las fechas de presentación y autenticación, exige pagos en el extranjero no previstos en las reglas de juego y representa una maniobra extralegal para obstaculizar el análisis igualitario de las ofertas.
Si bien optaron por no contestar los argumentos del consorcio de Baéz, los voceros del grupo G-E destacaron que “el descuento ofrecido constituye una práctica habitual en este tipo de licitaciones y se encuentra en regla con las condiciones del pliego”.
Ahora la pelota y la decisión final sobre quien se queda con el contrato de las usinas rebautizadas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic está cargo de la unidad evaluadora que preside un hombre de De Vido. Deberá adjudicar las represas a la “propuesta más conveniente”, tras ponderar el valor total de las obras, el financiamiento, las tasas de interés, las garantías y el plazo de repago de los créditos.
