El desarrollo de un marco legislativo adecuado para la eficiencia energética podría suponer ahorros de hasta 7000 millones al año para los consumidores, además de fomentar la creación de empleo.
En España, el marco normativo vigente no establece objetivos y planes concretos como los que están marcando las Directivas Europeas, para convertir el ahorro de energía en un verdadero compromiso, la eficiencia energética está siendo considerada en nuestro país solo con carácter informativo y no es lo que necesita en este momento nuestra economía. Así lo afirmaba el pasado día 19 de junio en una reunión con los periodistas, Javier García Breva, uno de los principales referentes de la política energética del país, ex-Director General del Instituto para la Diversificación y el Ahorro (IDEA) y actual presidente de la Fundación Renovables. En dicha reunión, García breva realizó un análisis sobre las últimas legislaciones europeas referentes a la eficiencia energética y su transposición en España, así como las posibilidades de financiación en esta materia.
Javier García Breva y Africa Orenga en el Desayuno de prensa celebrado el día 19 de Junio.
En el Consejo Europeo del 22 de mayo, la Comisión Europea presentó un documento denominado “Política Energética y sus desafíos” en el cual se describen los principales retos energéticos de Europa así como las políticas que deben enfrentarlos.
El primero de los problemas que más preocupan en Europa respecto a esta materia, es la fuerte dependencia energética, ya que Europa paga casi 406.000 millones de euros al año por las importaciones de petróleo, gas, y carbón. La dependencia actual es de un 50% y de seguir esta tendencia podría llegar a ser de un 80%. Este hecho conlleva que el precio de la luz siga subiendo, dando lugar a otro problema importante, el precio de la energía en alza y con un 28% de los costes regulados.
Como solución a estos problemas, la Unión Europea pone mecanismos en marcha, entre los que se encuentran las políticas para cumplir el objetivo del 20% de eficiencia energética para el año 2020 y la integración de las energías renovables, así como la reducción de las emisiones contaminantes.
Tanto la Directiva 2009/28/CE de renovables, como la Directiva del 2002 de eficiencia energética de edificios, la Directiva 2010/31/UE que propone los edificios de consumo nulo de energía antes del 2020, como la última Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, avanzan en la misma dirección y marcan el ahorro de energía y los beneficios del consumidor como hilo conductor.
Sin embargo, las políticas españolas no están en consonancia con las medidas europeas y se han venido caracterizando por un modelo productivo y energético basado en el derroche. El ahorro energético y los beneficios no se muestran en la actual legislación de nuestro país, en la cual se ha favorecido el vender y facturar cada vez más energía a los consumidores. Las muestras son claras; al incumplimiento sistemático de la Directiva de renovables del 2009, con toda la política de recortes al sector, se suma el retraso permanente en la transposición de directivas de ahorro energético, como es el caso de la del 2002 de la certificación energética de edificios, la cual ha tardado diez años en aprobarse. España vuelve a incumplir los plazos para la transposición de la Directiva de eficiencia energética del 2010, con el pertinente aviso de la Comisión Europea y por último España votó en contra de la nueva Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE.
Los Decretos aprobados en España están todavía a una distancia considerable de los objetivos europeos y son ineficaces con los obstáculos que impiden el acceso de los consumidores al ahorro de energía. García breva expone algunas de las lagunas que podemos encontrar en la legislación de nuestro país a este respecto.
A modo de ejemplo, en la transposición de la Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética de edificios, en la cual se dispone que todos los edificios nuevos a partir de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo, no se explica la desaparición del artículo 1 del procedimiento básico del concepto de edificio casi nulo, que si figuraba en anteriores decretos. Con este concepto desaparecido del decreto, el edificio de consumo casi nulo, queda como una figura indefinida y normativamente inexistente, desvinculada del uso de renovables y el autoconsumo.
Respecto a la certificación energética de edificios no pasa de ser un mero requisito informativo, faltan objetivos y a juicio de García breva, “la eficiencia energética debería ser considerada como un verdadero compromiso”. Además, añadió, “la efectividad de la certificación y su aplicación práctica va a quedar determinada por la gestión que lleven a cabo las Comunidades autónomas, sobre el registro, control y la información a compradores etc”, y concluyó que para poder activar la economía en este sector, harían falta mecanismos de impacto fiscal a la calificación energética, que premien el ahorro, así como la revisión del Código Técnico de Edificación e impulsar a las empresas de servicios energéticos.
Javier García Breva, señaló en la reunión, que es necesario que España cambie su modelo de negocio energético, para que las políticas de eficiencia energética y ahorro sean efectivas y se impulse la economía.
La demanda de consumo energético en España ha tenido una fuerte bajada, debido a la crisis, ese es el verdadero factor del déficit de tarifa, aunque el gobierno prefiere apuntar hacia las energías renovables. La realidad es que, aún reactivándose la economía, el consumo de energía no va a subir hasta los niveles que existían antes de la crisis. Por ello es fundamental buscar otro enfoque, en el que cuente la eficiencia energética para aumentar la competitividad del país, tal y como afirma García Breva.
La conclusión es que el cambio de modelo pasa por convertir la eficiencia energética en un motor económico y para ello hay que financiar las iniciativas de ahorro energético, impulsar el mercado de los servicios energéticos y trabajar los proyectos de eficiencia energética en las ciudades.
Incentivos financieros para la eficiencia energética
La Unión Europea considera prioritaria la eficiencia energética como innovación tecnológica y reactivación de la economía, y vincula estas decisiones al crecimiento económico y la creación de empleo, por ello ha establecido mecanismos de financiación, establece que el 20% de los fondos FEDER a partir del 2014 se tendrán que destinar a inversiones en eficiencia energética y además va a incrementar significativamente la ayuda económica destinada a esta materia en el periodo 2014-2020. En la Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE se determina que los gobiernos pueden intentar promover asociaciones público-privadas con entidades financieras para financiar proyectos de eficiencia energética así como facilitar las inversiones, creando un Fondo Nacional de eficiencia energética. García breva afirma que países como Alemania o Reino Unido ya disponen de sus propios bancos para financiar proyectos de ahorro energético.
Las Comunidades Autónomas deberían incluir en sus programas el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables y el gobierno debería asegurarse de que se dan las condiciones necesarias, sobre todo en el marco regulatorio para aprovechar estos recursos, aunque cabe recordar que España ha votado en contra de esta Directiva. El presidente de la Fundación Renovables, afirma que España debería ser capaz de desarrollar proyectos energéticos para acceder a estos fondos para aumentar la competitividad, porque de lo contrario, estos recursos serán aprovechados por otros.
España debe aprovechar las oportunidades que presenta la eficiencia energética como motor económico y hacer que la política española afronte los desequilibrios energéticos, ya que el país tiene una dependencia energética del 80%, lo cual supone una pérdida de renta nacional superior al 4% del PIB y sin embargo no parece haber señales en la agenda política de el freno a la importación y el fomento de los combustibles fósiles y el constante descenso de la demanda hace que siga subiendo el déficit tarifario sin que las reformas efectuadas por el Gobierno resulten eficaces.
