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“Excepto la izquierda, nadie está pensando la energía más allá de Vaca Muerta”

Minas de oro y carbón, pozos de gas y petróleo, megarepresas en el río Santa Cruz. La provincia argentina más austral del continente parece una postal del extractivismo, convertida en “un espacio global de acumulación de capital transnacional”, en palabras de Alejandro Schweitzer, académico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y miembro de la Red Ecosocialista. Entrevistado por OPSur, reflexiona en torno a los escenarios energéticos que deparará el próximo gobierno y se plantea la reconversión productiva y la transición energética desde una provincia que late al ritmo de la renta minera y petrolera.

Por: Felipe Gutiérrez Ríos / Fotos: Vaca Bonsai

Alejandro Schweitzer es investigador del Conicet y docente en el Área de Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Trabaja planeamiento desde una perspectiva de la Ecología Política, a la que define como “el estudio en torno a las relaciones de poder que tejen los grupos sociales con relación al territorio y a los recursos”. Schweitzer es también militante del MST y de la Red Ecosocialista. Se plantea ante el desafío de pensar en esa clave un proceso de transición porque, dice, “no se puede hacer socialismo con la fuerza productiva del capitalismo. Y ese es un debate que también tenemos con otras fuerzas de izquierda”. En ese marco considera urgente el reemplazo de fuentes no renovables por renovables, la disminución de los niveles de consumo y repensar el planeamiento de las ciudades para encarar no solo la transición sino también las modificaciones que serán consecuencia del cambio climático.

 

-¿Cómo evaluas la política energética del gobierno de Mauricio Macri?

La podemos caracterizar en al menos tres ejes. El primero fue la dolarización de las tarifas del consumo domiciliario, comercial e industrial, de gas y de energía eléctrica, con el objetivo de igualar los precios internacionales. En segundo lugar se dio una profundización de las políticas impulsadas por los gobiernos kirchneristas en lo que hace al extractivismo de gas y petróleo, con fomento de la extracción por fractura hidráulica, en particular en Vaca Muerta y otras cuencas, como la Austral en la provincia de Santa Cruz, sobre todo desde 2017. Y en tercer lugar destaco la continuidad de los acuerdos con China, firmados inicialmente entre la ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner y luego por Mauricio Macri y el presidente chino Xi Jinping. De esto deriva, entre otros, la construcción de nuevas represas, como las que ya están en obra sobre el río Santa Cruz, y dos nuevas centrales nucleares.

Ninguno de estos ejes apuntó a mejorar las condiciones de vida de la población o las condiciones para la producción de medianas y pequeñas empresas, sino por el contrario, mantuvo y profundizó los negocios de las empresas privatizadas, las empresas de obras públicas y mayor presencia de los grandes capitales transnacionales.

 

-¿Qué se podría esperar de un gobierno de Alberto Fernández?

No creo que cambie demasiado, al contrario, hay un serio riesgo de que se profundice aún más. Cualquiera de las fórmulas presidenciales que compite el 27 de octubre están pensando lo mismo. Excepto la izquierda, nadie está pensando la energía más allá de Vaca Muerta, la ven como “la salvación” del país, el recurso que permitirá sacarnos del endeudamiento y llevarnos al desarrollo. Pero la deuda externa va a condicionar el aprovechamiento de este recurso y no hay garantías de que puedan ni quieran cambiarlo. Ya aprendimos de experiencias anteriores: fruto del endeudamiento, el FMI no solamente va a pedir la reforma laboral y la reforma impositiva, la de la seguridad social, etc. También va a pedir nuevas privatizaciones, o mayores desregulaciones en la actividad. Posiblemente la diferencia pase por la ya anunciada salida de la dolarización de las tarifas. Pero ni el gobierno anterior ni un gobierno de Alberto Fernández prevén profundizar en la investigación y desarrollo de energías alternativas.

 

-¿Cómo ves a la provincia de Santa Cruz en este marco, qué lugar ocupa en este modelo?

Nosotros hablamos de la Patagonia Sur como un espacio global de acumulación de capital transnacional. Acá se ubican grandes proyectos cuyo objetivo es extraer los recurso naturales. La zona norte de la provincia está dedicada al petróleo y gas de la Cuenca del Golfo San Jorge, y en la zona sur está la Cuenca Austral, de la que se extrae principalmente gas.  Y después está la minería metalífera en el centro de la provincia, en el Macizo del Deseado, y la cordillera. Todas estas actividades están orientadas al mercado exportador. Además, hay pesca en Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, y muy de a poquito hay tendencia de que se expanda la salmonicultura hacia estas costas, a un nivel menor que Tierra del Fuego y Magallanes, en Chile, pero existe esa tendencia, que te muestra que toda la estructura política de Santa Cruz está armada en función de garantizar y potenciar el modelo extractivo.

 

Por otra parte está la amenaza de las megarepresas

En la región hay cinco o seis represas proyectadas. Tres son del lado chileno, en el Río Baker, que son parte del proyecto Hidroaysen, y dos megarepresas en el río Santa Cruz. Fueron proyectadas en la década de 1950, 1960 y se reactivaron a mediados de la década pasada. Pero han generado mucha oposición por los impactos negativos que tienen sobre el territorio. En ambos lados se debe llevar la energía a los centros de consumo que están en el norte y eso exige construir un tendido eléctrico. Esto hizo que en el lado chileno mucha gente se movilizara y lograran suspender el proyecto [HidroAysén]. En el caso del río Santa Cruz, no se justifica la construcción ni acá ni en ningún otro lado, por su tamaño y por todos los efectos negativos que ocasiona. O sea, la cuestión energética termina siendo muy importante en Santa Cruz por las represas, el carbón y el petróleo, cuando hay muchas otras alternativas.

Entrada a la mina de Río Turbio

-¿Cómo se dio el desarrollo de la mina de carbón de Río Turbio?

El papel de la mina de carbón en Turbio es geopolítico, fundamentalmente. Hay muchas minas de carbón en Argentina, pero esta en particular es importante por la concentración y por la ubicación y frontera con Chile. Argentina estuvo en guerra con todos los países limítrofes, pero nunca con Chile, aún así el discurso bélico siempre presente. Entonces fue una ubicación estratégica de Nación para abastecer de carbón a la industria siderúrgica de San Nicolás. Así crecieron los pueblitos de la cuenca: Río Turbio y 28 de Noviembre, con una cultura e identidad minera muy fuerte que tuvo, podríamos decir, dos generaciones. La primera fue minera, de extracción de carbón para el mercado interno; y a partir de la construcción de la megausina está la extractiva neoliberal, que busca vender energía pero no anda.

 

La Megausina

La central térmica de Río Turbio es la única planta de generación eléctrica a carbón de relevancia en el país. Costó cerca de US$ 1000 millones y un primer módulo fue inaugurado en 2015. El proyecto total implicó la construcción de redes para hacer llegar el Sistema Interconectado Nacional hasta la localidad y, de ser utilizada en su totalidad, alcanzaría a producir 240 MW, lo que abastecería el consumo eléctrico de las provincias de Santa Cruz y Chubut. El desvío de fondos de Río Turbio es una de las principales causas judiciales que enfrenta el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido

 

-Ese segundo período que nombras está marcado por la construcción de la central termoeléctrica, ¿cómo se dio ese proceso?

Surge como una decisión de política de Estado, tanto del gobierno provincial como nacional – que eran del mismo partido (FpV) – , que inicialmente se oponían a la generación de energía a partir del carbón, pero que luego de un accidente en 2004 – donde mueren 14 mineros –, dicen ‘vamos a atender a los reclamos históricos de El Turbio’ y construyen esta carboeléctrica, única en el país, para abastecer no sabemos qué.

Nosotros participamos de las audiencias públicas, ahí se presentaron estudios de impacto ambiental con gruesos errores, preguntas que se hicieron y nunca fueron respondidas. Esos errores y faltas de resolución terminaron con que se avanzara solo un 80% y no se pone en operación, porque no hay carbón suficiente para ponerla en marcha y la única manera de hacerlo es importando carbón.

Megausina de Río Turbio

-¿Cómo evaluás que para resolver el problema energético se acuda a fuentes como el carbón?

Me parece que es un atraso completo. En Río Turbio está la única mina de carbón y la única central térmica a carbón del país. También hay una pequeña que es para el pueblo, pero no está conectada al sistema interconectado. Mantener una matriz energética dependiente de la quema de carbón o las térmicas con gas o petróleo es atraso. Hay muchas fuentes de energía alternativa, no estoy diciendo que todas sean saludables, simplemente que la de carbón es una de las que más emite gases de efectos invernadero. Aparte, el país es el signatario de distintos protocolos de reducción de emisión gases, entonces estaríamos siendo contradictorios con el discurso oficial.

 

-Sin embargo pensar en cerrar la usina o la mina significaría perder gran cantidad de puestos de trabajo. ¿Cómo pensás que se puede realizar una transición productiva para la Cuenca de Río Turbio?

Respecto a la situación de los trabajadores en Turbio como cualquier actividad extractiva, hay que pensar en un plan de reconversión. Turbio tiene perfil industrial, no le podemos hacer trabajar turismo, aunque muchos creen que esa es la alternativa. Eso fue lo que propusimos en la audiencia pública. Hay lugares donde hay desarrollos tecnológicos para la producción de energía eólica que tranquilamente podrían instalar una fábrica en Turbio. Es decir, mantener el perfil industrial, garantizando el empleo, e incluso haciendo un desarrollo de tecnología que es útil para acá.

Hay posibilidades de reconvertir, pero primero hay que garantizar que no haya despidos, por supuesto, y en segundo lugar, pensarlo en términos de la orientación de ese empleo. Porque si no la otra alternativa es vaciar el pueblo y eso es algo inconcebible, porque si se cae el empleo de la mina, se cae todo en Turbio. Y si no se vamos a depender del empleo público, como siempre en Santa Cruz. Y eso es lo siguiente que tenemos que pensar, cómo hacer para salir del modelo rentista que tiene la provincia. Y ahí tenemos que pensar en qué falta. La provincia puede desarrollar energías alternativas, que puede ser un factor muy importante, pero también falta obra pública, vivienda, salud y educación. Eso genera trabajo permanente, mucho más que la megausina. ¿Dónde están ahora los obreros que trabajaron en la megausina?

-Pareciera que existe una contradicción entre el cuidado del ambiente y el de los puestos de trabajo. ¿Cómo crees que se puede saldar eso?

Nosotros pensamos en la incorporación de la visión ecológica dentro del socialismo. Hablamos de dos contradicciones, la contradicción del capital y el trabajo y la contradicción o guerra del capital contra la naturaleza. Hablamos de política roja y verde, fusionando las luchas sindicales con las luchas ambientales. Volviendo al caso de Río Turbio, es necesario fusionar las dos porque el minero que es explotado en la mina, después vuelve a su casa. Y Río Turbio es una ciudad contaminada, todas las calles son de tierra, antes estaba todo cubierto de carbón. Entonces vos tenes en el lugar de trabajo una lucha y en el lugar de reproducción otra lucha que se tiene que entrelazar, me parece que por ahí viene la veta, porque el capital se apropia de la naturaleza humana por el trabajo asalariado y de la naturaleza no humana, en este caso el carbón.

 

-¿Qué entendés por transición energética?

Un programa de transición requiere de pensar muchos puntos. Primero tenemos que pensar en la generación de energía. Debemos cambiar de usos no renovables o contaminantes a renovables, y sobre todo producir y generar energía en función de las necesidades de la población y no a la de un modelo exportador neoliberal y capitalista. O sea, en lugar de pensarlo por su valor de cambio, como puede ser vender la energía, planificar según su valor de uso, pensando en qué lugares hace falta, dónde hay necesidades o no hay acceso, y reflexionar qué actividades habría que hacer en cada lugar para esa transición al socialismo. Eso implica prohibir actividades que produzcan efectos negativos y en las otras estatizar y planificar la salida, con los tiempos que se puedan. Uno no puede cerrar un pozo enseguida, una mina tampoco, por eso la transición tiene que pensar en planes de cierre.

En segundo lugar está cómo se distribuye esa energía que se genera. Hablamos de necesidades sociales, de actividades que debemos potenciar, como la producción de alimentos o viviendas, de escuelas, de hospitales. Teniendo en cuenta un horizonte de transición pero también qué parte de los efectos del cambio climático se harán presentes en las próximas décadas, habrá que planificar dónde promover nuevos asentamientos, ante la crisis de las grandes ciudades. Esto implica pensar dónde ir desarrollando los proyectos de energías alternativas, si mantendremos el actual esquema de grandes usinas nucleares o de combustibles fósiles o hidroeléctricas y el sistema interconectado o si avanzaremos en sistemas de generación distribuida, atendiendo necesidades de localidades aisladas.

Y en tercer lugar está la manera de consumir eso: qué se consume y dónde. Un buen principio podría ser tener un uso menor a la regeneración por parte de la naturaleza, o sea, que la huella ecológica tiene que ser cada vez menor. Y la única manera de reducirla es aminorando la emisión de gases de efecto invernadero, reduciendo el uso de material, cambiando las pautas de consumo. Pensar en necesidades, valores de uso y no valor de cambio, salir de esa lógica.

 

-¿Y cómo crees que se construye, hoy, esa transición?

Nosotros decimos que el problema no es clima sino el sistema, el capitalismo. Entonces, tenemos que salir del capitalismo, para eso necesitamos de una transición que es lo que venimos hablando, donde esta nueva forma de pensar la energía te va a dar la base material de esa transición. Y ese programa de transición no es un manual, es un plan que tiene que ser  elaborado de manera colectiva por toda la población, los trabajadores, la sociedad.

 

Mirá toda la serie de entrevistas “Alternativas por la Soberanía Energética

Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.

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Vaca Muerta: El incendio reinstala la necesidad de terminar con las zonas liberadas al fracking

Incendio en pozo Loma La Lata Oeste. Foto, Juan Pablo Barrientos

Por OPSur.- El subsecretario de Hidrocarburos de la provincia del Neuquén, Gabriel López, aseguró que los especialistas de la empresa Wild Well Control, que arribaron ayer desde Estados Unidos, evalúan que el control definitivo del pozo Loma La Lata X-2 (LLLO X-2) demandará aproximadamente dos semanas de trabajo; para esa tarea aguardan la llegada de válvulas especiales desde ese país. “No debería alterarse la situación actual del pozo porque toda la presión del reservorio, que va fluyendo actualmente sin ningún control de superficie, se diluye en la quema del gas”, sostuvo el funcionario en declaraciones con el Panorama Informativo de Radio Universidad CALF de Neuquén.

En tanto, consultado sobre si sería sancionada YPF, por ser la operadora del área, López señaló: “No se está evaluando en este momento cuál es el mérito de la sanción porque no se tiene el elemento de prueba contundente que incrimine a la compañía”. Y agregó: “Una vez que la situación esté controlada y la compañía nos entregue el informe correspondiente se harán las evaluaciones de pertinencia del informe y en base a eso se merituará si corresponde una sanción”.

En octubre del año pasado, en el área Bandurria Sur, también operada por YPF, un pozo estuvo fuera de control durante 36 horas, en aquella oportunidad, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Desde inicios de 2018 hasta octubre se habían registrado 934 incidentes ambientales, más de dos por día. En ese período, el 95% de las contingencias fueron catalogadas como “menores” y el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, lo que refleja a las claras la intensa huella socioambiental que esta actividad deja en el territorio.

A diferencia de lo sucedido el año pasado en Bandurria Sur, en esta oportunidad funcionarios de la provincia, se mostraron dispuestos a hacer declaraciones y dar precisiones sobre la contingencia.

Reabrir el debate

La fuga en el pozo exploratorio LLLO X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como “cisterna” para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte.

Producto de políticas públicas se amplían las áreas de exploración y explotación y la actividad hidrocarburífera se expande y intensifica en centenares de kilómetros cuadrados y se incorpora a la vida cotidiana de miles de personas como un peligroso agente invasivo. Cuando se produjo el incendio en Plottier se abrió un fugaz debate, o al menos una catarata de declaraciones de funcionarios públicos, sobre los riesgos que genera la actividad hidrocarburífera en zonas urbanas y periurbanas y la necesidad de ponerle un freno a través de la creación de “zonas de exclusión”. Controladas las llamas, la necesidad de limitar el avance extractivista desapareció de la agenda gubernamental – tanto a nivel municipal como provincial.

Lo que está sucediendo en Loma La Lata Oeste reactualiza la necesidad de que se abra ese debate, no para crear “zonas de exclusión” y liberar el resto del territorio al extractivismo, sino para avanzar en una transición hacia otras fuentes de energía, que demanda de manera urgente, como paso primero, el establecimiento de zonas de preservación. Es decir, que se frene el avance sobre áreas urbanas y periurbanas, cuencas hídricas, tierras destinadas a la producción de alimentos, territorios comunitarios indígenas y áreas naturales protegidas.

Tarifazos: “Los argentinos transferimos U$S 8.500 millones a empresarios como Mindlin y Caputo”

Entrevistamos al especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales, Gustavo Lahoud. El esquema heredado de las privatizaciones menemistas, el balance de las gestiones kirchnerista y ahora macrista en términos energéticos y la necesidad de avanzar en un plan de emergencia en lo inmediato en el marco de una perspectiva de renacionalización de los servicios con empresas públicas con control de trabajadores y usuarios finales.

Por Florencia SciuttiCeleste Vazquez / La Izquierda Diario

Gustavo Lahoud es Licenciado en Relaciones Internacionales. Especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales. Investigador del IDEP ATE y de la Fundación Más Derechos por Más Dignidad. Docente universitario. Autor del libro Contra el tarifazo, donde se trabajan los problemas estructurales del sistema energético dolarizado y controlado por un pequeño grupo de empresas concentradas y con un Estado cómplice que no regula en favor de la comunidad. Autor de artículos sobre temáticas de política exterior y energía.

Reproducimos aquí sus principales ideas
  •  El balance del Gobierno de Macri en la cuestión energética es muy negativo. En la planificación de la energía hay dos grandes dimensiones: por un lado disponibilidad y por el otro acceso a la energía, es fundamental mantener estable en el tiempo ese equilibrio. El macrismo se ocupó de trabajar a favor de grandes grupos concentrados la dimensión de la disponibilidad sin cuidar en nada el acceso de la energía para el conjunto de la población, comercios e industrias. Y en el medio de esto ha estado la política de los tarifazos. Se afectó así decisivamente el acceso de la población a la energía, pensando en devolverle poder de fuego, capacidad de acción y margen de maniobra a este conjunto concentrados de empresas, que además están ligadas a Macri.
  •  Mediante tarifazos y la reducción de más de un 70 % de los subsidios en dólares al sector energético, se produjo una trasferencia de recursos hacia ese grupo concentrado de empresas. Unos primeros cálculos que logramos hacer hasta mediados del 2018, cuando ocurre la devaluación del 110 %, daba que aproximadamente esa transferencia había estado en torno a los 8.500 millones de dólares, de todos los argentinos a un conjunto de empresas gasíferas, petroleras y eléctricas que han sido las grandes ganadoras. Entre ellas, tenemos al holding Pampa Energía, cuya cabeza fundamental es Marcelo Mindlin, que tiene inversiones tanto en gas, como en petróleo y energía eléctrica , y en todos los segmentos del negocio energético. Además es el accionista principal de Edenor, que es la principal distribuidora de energía eléctrica en el país. Hay otro grupo importante que es el de Nicolás Caputo, que tiene inversiones en gas y electricidad. Entre los dos tienen un cuarto de la producción energía eléctrica de la Argentina . Ambos son los grandes ganadores de otro aspecto que está detrás de este esquema tarifario y es que las tarifas finales en los hechos están dolarizadas. Agregaría también a Techint que hoy es un gran ganador en materia de gas no convencional. Sumaria también a Rogelio Pagano que es que el maneja las cuatro empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires.
  •  El resultado de todo esto es que estamos en una situación en la que el mismo Gobierno ha emparchado un sistema regulatorio que ya está totalmente desquiciado, que heredó de los noventa, y que el kirchnerismo en lo fundamental no tocó y esa es una de las grandes cuentas pendientes. La planificación energética que se heredó del kirchnerismo avanzaba o intervenía sobre distintos sectores energéticos pero no como consecuencia de una planificación integral en la que se supiera de antemano a donde ir. En los hechos se obró tarde y mal, y con un consciencia de cortísimo plazo muy vinculada a este tipo de grupos económicos, que son depredadores y que ganan siempre con el corto plazo. Entonces, Macri lo que hizo fue exacerbar todo eso. Y cambiar la dirección fundamental. Reconozcamos que mediante la política de subsidios, más allá de cómo se manejaba, el kirchnerismo aseguraba a la población un acceso a gas, electricidad y agua a un precio más o menos accesible. Hoy la población tiene que gastar entre tres y cuatro veces más de lo que gastaba.
  •  Se necesita revertir esto. Hay que introducir en el debate electoral un escenario de transición. En primer lugar, hay que ir hacia un esquema de declaración de emergencia energética nacional. ¿En qué consiste? Por un lado, hay que frenar todo tipo de aumentos de tarifas y junto con eso hay que desganchar la dolarización de los precios mayoristas, tanto del gas natural como de la energía eléctrica. Otro elemento sobre el que hay que avanzar es que el Estado tiene que tomar el control de YPF (tenemos el 51 % de las acciones) que controla el 57 % del expendio del combustible y que es la principal productora de gas y petróleo, Vaca Muerta mediante. Hoy YPF produce gas no convencional, gas convencional, petróleo no convencional y convencional con cuencas productivas abandonadas porque hoy todo el mundo se está concentrando en el negocio de Vaca Muerta. Es la irracionalidad de este sistema energético macrista. Hay que volver a invertir, de la mano de YPF, en las cuencas tradicionales del país. Hay que poner en discusión también qué es esto de Vaca Muerta. No se puede seguir tal cual como está. Quieran ponerla en producción a escala pensando en un escenario de exportación, no para que nuestra población pueda tener acceso a un gas más barato, o para saldar una deuda histórica: que el 25 % de nuestra población no tiene gas natural por redes. Otro tema que hay que revisar es la brutal flexibilización laboral en Vaca Muerta. Ahí Guillermo Pereyra, que el principal responsable sindical, es quien dio vía libre para que se firmara la flexibilización de los convenios. Tienen que explicar por qué en este año y medio, por distintas razones, han muerto por lo menos ocho trabajadores. Otro elemento es que el Estado tiene que restituir capacidad de policía ambiental, tiene que restituir control y auditorias en las empresas. Y no lo puede hacer sino es con la participación del conjunto de los trabajadores del sector.
  •  Y en cuanto a un plan más a largo plazo, hay que ir a un modelo pensado como empresas públicas de servicios en donde los ciudadanos y los trabajadores del sector tengan participación y una parte del control. En una primera transición podrían ser sociedades del Estado que podrían ir luego a hacia otro tipo de razón social sui generis que podamos crear y donde el Estado tenga un rol y una participación y los trabajadores también en términos de control, dirección y la consecuente participación en las ganancias. Y con un criterio de profesionalización permanente de los trabajadores, con entes reguladores que tienen que estar controlados por los sectores de consumo residencial, productivos y comerciales, porque son los directos beneficiarios del acceso a la energía. Pero esto supone que primero hay que ir hacia un esquema de transición como el que planteamos antes en el que el Estado ahí donde tiene condiciones de asumir el control lo haga, como YPF, como Transener. Este es un esquema viable es una sociedad donde primero regenere el equilibrio entre disponibilidad y el acceso a la energía como dijimos al comienzo.
  •   ¿Cuáles serían los beneficios de un esquema así? Por un lado, una reducción tarifaria. Que se pesifique y reduzca a la mitad el costo del gas y la energía eléctrica. Y por el otro, integrar a los dos millones y medios que no acceden al gas natural con redes, aumentando la conexión a redes.

 

El riesgo de financiar Vaca Muerta

Las Participaciones Público Privadas (PPP) fueron anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri como la gran respuesta a la infraestructura que demandan las empresas petroleras para avanzar en Vaca Muerta. Pero, ¿quién corre los riesgos? Una mirada al caso Catalán.

Por Martín Álvarez Mullally

A fines de 2016 se sancionó la ley 27328 que reglamentó el mecanismos de Participación Público Privada (PPP) cuyo objetivo fundamental era financiar diferentes obras de infraestructura en Argentina. Una de las obras impulsadas bajo esta modalidad fue el llamado “tren de Vaca Muerta” que traslada las costosas arenas de sílice utilizadas para el fracking. Tras diferentes amagues de licitación y con poco interés del sector privado el tren sigue siendo por ahora solo intenciones. Los esfuerzos para salvar la iniciativa llevaron a proponer una compra por adelantado, por ahora son las empresas vinculadas al estado -YPF y Puerto de Bahía Blanca- las que más toneladas se anotaron. Por su parte, el estado provincial neuquino propuso garantías provenientes de un remanente de regalías. También se incluyó una garantía inicial de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Por ahora en el “todos ponen” de la pirinola de Vaca Muerta se ve más a los estados que a los privados quienes reservaron solo una baja cantidad de toneladas de arenas.

La experiencia española en torno a las PPP permite reconocer innumerables críticas a ese mecanismo. “Estás asociaciones tienen bastantes claroscuros, en un análisis que hemos hecho recientemente encontramos que hay un mayor endeudamiento de la parte pública, un mayor riesgo de la parte pública y todos los beneficios y activos se quedan en la parte privada”, sostiene Alfons Pérez López, miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la Red por la Soberanía Energética de Cataluña. El investigador catalán explica que en un contexto de metas fiscales austeras, que a España le impone la Unión Europea, es necesario reducir el gasto público en infraestructura, y por eso se requiere de financiamiento privado vía las PPP. Pero esto no es más que un artilugio contable, porque una vez comenzada las obras, el costo de las mismas sigue recayendo sobre el Estado/el público, por diferentes vías. “A partir de esta asociación lo que se hace es que sea más asequible para la parte pública y que no entren en su contabilidad para no pasar los techos de déficit impuestos para el estado español, en este caso, por el Unión Europea”, indica Pérez López.

El proyecto Castor es un fracaso emblemático que tuvo grandes costos para la ciudadanía catalana y española. Se trató de un depósito geológico de gas ubicados en la costa del mediterráneo entre la Cataluña y Valencia. El desarrollo estuvo a cargo de la empresa ACS, la 4ta empresa de construcción más grande del mundo presidida por Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid. Su presupuesto inicial fue de 500 millones de euros, aunque su costo final superó los 1350 millones. Peréz describe que hubo “una cláusula en el contrato, el artículo 14 decía que esa infraestructura en caso de dolo o negligencia se debía indemnizar a la empresa concesionaria y esa cláusula -abusiva para la parte pública- hizo que ese proceso se traslade a las facturas del gas. Lo que ocurrió es que ese almacén geológico de gas en su primera operación, en la inyección de gas colchón provocó más de 1000 sismos en el territorio de Cataluña”. Desde entonces se frenó el almacén, pero la empresa constructora concesionaria ACS accionó el contrato, renunció a la infraestructura y cobró la indemnización en menos de treinta días, estamos hablando de 1350,7 millones de euros.” El analista recuerda que fue “en un momento en el que el estado español tenía problemas de liquidez, no podía asumir los presupuestos de salud y educación, pero sí indemnizó con una cifra tan grande a la parte privada y esos son parte de los riesgo de las alianza público privadas”.

E – transición y soberanía // armstrong

En Armstrong, Provincia de Santa Fe, una cooperativa eléctrica decidió tomar en sus manos la producción de electricidad y a través de una alianza con organismos del Estado, construyó su propio parque eólico e instaló sistemas de autoproducción en veinte casas de la localidad. Este proceso de generación distribuida, acerca los centros de producción con los de consumo de energía, así como lleva a nivel local la decisión de qué energía se produce y para qué.

E // Serie Web
Realización y Producción: Observatorio Petrolero Sur y VacaBonsai Colectivo Audiovisual

Nos enseñaron que E=Energía. Pero no nos dijeron qué tipo de Energía ni para quién estaba orientada. Hoy en todo el mundo su producción genera conflictos y el consumo energético reproduce las desigualdades propias del actual sistema económico. A esto se suma la desmedida quema de combustibles fósiles que alimenta la peor crisis que hoy afrontamos: el cambio climático. Pero de las entrañas a la crítica de este sistema surgen en distintos territorios otras formas de producir, gestionar y consumir la Energía. De eso se trata E, la narración de una serie de experiencias que construyen su propio devenir haciendo un camino soberano hacia ese horizonte que es la transición energética.

Mirá la primera temporada completa de la Serie e 

08/05 | Mar del Plata: Presentación Libro “Soberanía Energética”

Este miércoles!!! a las 18:30 presentamos el libro “Soberanía Energética, propuestas y debates desde el campo popular” en Mar del Plata (Sede del Sindicato Luz y Fuerza – 25 de Mayo 4115)

¿Por qué es importante discutir la energía hoy?; ¿De qué manera se cruzan los tarifazos y los cortes de luz con el fracking y las hidroeléctricas?; ¿Hay una crisis en el sistema energético?; ¿Por qué?. ¿Existe una propuesta genuina y propia desde los movimientos populares ante este modelo impuesto?; ¿Hay alternativas?. Estar preguntas funcionan como el puntapié de este libro polifónico, donde 10 autores debaten y proponen un nuevo modelo energético.

También estaremos estrenando la serie web “E: Transición y Soberanía Energética”

Más info en el evento Presentación Libro “Soberanía Energética” en Mar del Plata

No a la intervención de fuerzas represivas en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de injerencia que desconozca la soberanía de las comunidades sobre el territorio. Reclamamos una pronta solución a la demanda de las comunidades expresada en el comunicado que adjuntamos a continuación

COMUNICADO ASAMBLEA DE LA CUENCA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC.

Hoy 15 DE FEBRERO DEL 2019,CONTINUA CORTE EN LA RUTA 52 y 79.Salinas grandes – Jujuy. Nosotros estamos defendiendo el territorio, por eso continuaremos con la movilización de manera indefinida sobre Ruta 52. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo “que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales” .
Las comunidades mantendremos nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE, con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a las empresas para la explotación de Litio, y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Ademas exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megamineria, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades.
Solicitamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional a organizaciones sociales, comunidades indígenas, al pueblo jujeño que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del Agua y de la Vida.
“Este territorio es habitados desde nuestros ancestros y lo vamos a defender y lo vamos a cuidar y defender”

Enviar adhesiones a: geopoliticaybienesnaturales@gmail.com

Firman:
Adolfo Perez Esquivel.
Bruno Fornillo (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Melisa Argento (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Ariel Slipak (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Florencia Puente (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA – DNI 29146167).
Gustavo Romeo (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Santiago Urrutia Reveco (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Martina Gamba (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Elaine Santos (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).
Maristella Svampa (CONICET-UNLP).
Juan Wahren (UBA-Instituto Gino Germani).
Federico Nacif (UNQUI-IEALC-UBA).
Barbara Jerez (Observatorio de desiguadades socioterritoriales y politicas publicas Universidad de Valparaiso, Chile).
Gabriela Wyczykier ( CONICET- UNGS)
Nazaret Castro (IDES-UNGS)
Dra. Mirta Alejandra Antonelli (Centro de Investigaciones CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC).
Margarita Do Campo (FCEN-UBA – CONICET).
Mariana Daniel Gómez (Instituto de Ciencias Antropologicas-UBA-CONICET)
Juan Carlos Radovich (UBA-CONICET).
Pedro Gaite (CENES UBA-CONICET).
Mariano Féliz, Investigador CONICET. Profesor UNLP.
Hernán Scandizzo, periodista, Observatorio Petrolero Sur.
Facundo Barrera Insua, Sociedad de Economía Crítica (SEC).
Gerardo Roberto Martinez (Presidencia de la Plaza – Chaco)
Agustín Kozak (UNNE)
Rubén Laufer (Docente grado y posgrado Fac. Cs. Ec., Cs. Soc.)
Gerardo Iraci (IESAC-UNQ)
Marian Sola Alvarez (Instituto de Ciencias – UNGS)
Aleida Azamar (Universidad Autónoma Metropolitana, México)
Cecilia Anigstein (UNGS)
Pablo Bertinat (UNR)
Celia Romina Bruculo (La Rioja/ GAIA/CONICET).
Cristina Gutiérrez (docente universitaria).
Lorena Bottaro (UNGS).
Agostina Costantino (IIESS-CONICET-UNS).
Dr Marcelino Irianni (Conicet, Unicen).
Diego Fernando Bermeo (docente e investigador de la FTS-UNLP y la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes” del Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la FTS-UNLP).
Andrés Figueroa Cornejo (Editor Resumen Latinoamericano y Kaos en la red).
Edgardo Álvarez (Docente UBA).
Déborah Pragier (UNSAM).
Liliana Ferrero (miembro de Asamblea de san esteban/dolores de Córdoba).
Luis Emilio Pravato (UNCOMA).
María Irene Mansilla.
Patricia Collado (Directora del Observatorio de Conflictividad Social de Mendoza, UNCuyo).
Silvia C. Leanza (Chubut).
Marcela Cecilia Marín (Centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades- CONICET-UNC).
Dra Mabel Manzanal (CONICET – FFyL-UBA).
María Laura Carrasco (UNPSJB).
Feu Lelis Ailín (UNPSJB-GIGAT-IGEOPAT, Chubut).
Fabricio Baeza (UNPSJB).
Cecilia Rikap (Secretaria Gremial de AGD-FCE / CEPED, IRD/Université París Descartes).
M. Alejandra ciuffolini. Llano en llamas. UNC
Marta Maffei.
Viviana Garcia (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).
Jorge Yabkowski (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).
Gonzalo Moyano (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).
Susana Roitman (UNVM).
Guillermo Maya (Profesor Titular UN de Colombia).
José Seoane (GEAL – IEALC-UBA).
Leonardo Perez Esquivel (Junta Interna de ATE Auditoría General de la Nación).
Nieves Baldcini (Espacio Intercuencas).
Mariana Espinosa (CONICET-UNC).
Anabela Cadiz (IPEHCS-CONICET-UNCo).
Emilio Madias (Junta Interna ATE Ministerio de Hacienda).
Miranda Sara.
Adriana C. Habra (Sgo.del Estero).
Alejandra Cejas. Diputada Provincial (JUJUY) por el PJ.
SilvanaL. Nakakodi (Delegada Suteba Es. Sec. 25 de T. de Febrero).
Adriana Gonzalez Burgos. Docente UNJu FHYCs.
Letizia Vazquez Instituto de Estudios Sociales y Politicos de la Patagonia (UNPSJB).
Francisco Cantamutto. Investigador IIESS UNS CONICET, integrante Sociedad de Economía Crítica.
Leonardo Salgado (CONICET-UNRN).
Alejandro Carrizo (CECRIL Centro de Estudios Críticos Locales – Jujuy).
Mónica Navarro, General Roca- Río Negro.
Arturo Wulff.
Fabiana Andresen (socióloga UBA)
Socorro C. Cifuentes ( Sydney, Australia).
Ben Denham (Sydney, Australia).
Luciana García Guerreiro (GER-GEMSAL / IIGG / UBA).
Susana Pariani (profesora consulta UNLu).
Luís Martin-Cabrera Profesor Estudios Latinoamericanos, Universidad de California, San Diego.
Patricio Grande (Docente de la UNLu y Sec. Adjunto de ADUNLu).
Roberto Murall.
Pablo Grane.
Nora del Carmen Montoya.
Betina Sansoni (empleada pública Pcia. de Buenos Aires).
Mirta Blanco.
Daniel Cisneros.
Raúl Mazzone.
Agrim Sergio Burgos (ex profesor de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT).
Víctor O. García (arquitecto, docente, poeta).
Jorge Carlos Agustín Costa.
Elba Boren.
Lic.Susana Said.
Ycet Chacra (Ing. Agronoma).
Florencia de Lezica.
Perla Cristina Benegas (Prof. Jubilada Universidad Nacional del Comahue).
Benito Carlos Aramayo. Profesor Emerito de la Universidad Nacional de Jujuy.
Liliana Furió (integrante del colectivo Historias Desobedientes).
Graciela Echenique (docente de química en nivel secundario y superior, Provincia de Jujuy).
María Victoria Veracierto (Huacalera, Jujuy).
Mariana Vera.
Ingrid Garcés Millas , Universidad de Antofagasta, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
Jorge Muñoz Coca, Agricultor y Comunero, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
Martín Muñoz Torrealba, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
Ramón Morales Balcázar, Fundación Tantí, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Organizaciones políticas y colectivos:
Multisectorial Antiextractivista.
Asamblea por la vida Chilecito, la Rioja.
Asambleas de Punilla, Córdoba.
Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh).
SERPAJ.
Conciencia Solidaria (ONG).
Feministas Antiextractivistas.
Observatorio de Conflictividad Social de la Provincia de Mendoza-UNCuyo.
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur – CITCA – CONICET-UNCA.
Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom de la región del chaco de la Facultad de Agronomía de la UBA (GET-Qom).
Observatorio del agua (Secretaría de Cienica y Técnica – Universidad Nacional de la Patagonia – Sede Esquel – Chubut).
FESPROSA (Federacion Sindical de Trabajadores de la Salud).
Cuerpo de Delegadxs de ATE en la Universidad Nacional de Quilmes.
Sindicato de Vendedores Ambulantes de Salta (SIVASA).
Feria Agroecológica de Productores/as.
Fundación ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur.
Nuevo Encuentro Quilmes.
Espacio Intercuencas.
Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
Vecinxs autoconvocados en defensa de Santa Catalina.
Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos.
Huerta Orgánica Comunitaria El Ceibo (Vicente López, Buenos Aires).
Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata salud y el ambiente.
Liberpueblo.
Foro hidrico Lanús.
Foro hidrico Lomas de Zamora.
Unidos por el Río.
Foro por la Salud y Ambiente de Vicente López.
Resistencias.
Red por Los Ríos Libres (Chile).
Colectivo de Comunicación Contrahegemonia Web

Fernández Oro piensa su futuro con restricciones a los hidrocarburos

El martes 5 de febrero se realizó la Audiencia Pública sobre el proyecto de Código Municipal de Ordenamiento Territorial de la localidad rionegrina. Resguardar las tierras productivas, hacer frente al crecimiento exponencial de la población y restringir la actividad petrolera con uso de fracking fueron los ejes del anteproyecto discutido.

Audiencia Pública en Fernández Oro. Foto, Martín Álvarez Mullally

Por OPSur.- El auditorio del Centro de Jubilados y Pensionado de la localidad estuvo colmado para debatir el proyecto de ordenamiento territorial que será aprobado próximamente por el Deliberante. Además, de organizar diferentes características en uso del suelo el ejido y establecer una lógica vial, el proyecto restringe la instalación petrolera en la zona irrigada y urbana del municipio, y regula firmemente a las locaciones que se ubiquen en la zonas de secano, donde sí se permite esa actividad. “No estamos en contra de la actividad, del progreso, pero entendemos que esas actividades deben hacerse en lugares adecuados y justamente no es en el valle irrigado donde se puede hacer. De esta manera tendremos una ciudad mejor para vivir”, sostuvo Mariano Lavín, intendente de Fernández Oro, durante la apertura de la actividad.

En 2017 la frontera extractiva petrolera avanzó desde el ejido de Allen hacia las  tierras productivas de Fernández Oro. Despertar un día con un pozo en el corazón productivo de la localidad y a metros de las viviendas del barrio Isla 10, generó una reacción vecinal y promovió el debate público. Ese mismo año, a pedido de la población e impulsada por el concejal Claudio Correa (RÍO), se aprobó por mayoría una ordenanza que prohibió el uso de fracking en el municipio. Meses después, en 2018, la norma fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia provincial que, a su vez, le impuso al municipio el pago de 100.000 pesos, como costas del proceso que había sido iniciado por YPF. Mientras todo esto ocurría el Ejecutivo y el Concejo Deliberante local comenzaron a trabajar en un plan de ordenamiento territorial que concluyó en el proyecto de ordenanza, que aún continúa en debate, pero con amplios consensos de todas las fuerzas políticas y que fue respaldado por un centenar de personas que participaron de la Audiencia Pública.

Durante la audiencia el intendente destacó el proceso por el cual se llegó a esa jornada. “Hoy tenemos todas buenas noticias, que tengamos una Audiencia Pública y que seamos tanta gente, también es una gran noticia el trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante para algo tan importante como el Código de Planeamiento de la ciudad”, resaltó. El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, conducida por el arquitecto Octavio Folatelli, quién, junto al cuerpo legislativo local, conformó una mesa para la elaboración del anteproyecto. El trabajo de asesoría técnica, en tanto, estuvo a cargo de José Luis Guerra, consultor de Ejidos e Industrias Extractivas y su equipo.

A su turno, el vice-presidente del Deliberante, Cristian Artero (FPV), sostuvo: “Es elemental, hacer un buen diagnóstico, pensando en el Fernández Oro que queremos para adelante. Tuvimos un crecimiento exponencial y es el Ejecutivo quien tiene que dar respuestas todos los días a las demandas de los vecinos, de una población que se triplicó en menos de una década”.

“Como miembra del Honorable Concejo Deliberante quiero destacar la voluntad política de los diferentes bloques para llevar adelante un trabajo consensuado durante meses con reuniones semanales y con la participación de asesores técnicos externos”, remarcó por su parte la concejal Inés Ríos (PS), quien también hizo hincapié en la importancia de regular el uso del suelo. “Con la zonificación que planteamos en la normativa tenemos la posibilidad de decidir que los hidrocarburos puedan estar, pero no donde afecte a nuestro patrimonio histórico que es el sistema de regadío”, precisó.

Restricciones a la actividad hidrocarburífera

Lavín considera que el ordenamiento territorial define un perfil de ciudad para Fernández Oro y es consciente de que la delimitación hidrocarburífera les va a generar “controversias, discusiones y debates, y hasta problemas judiciales”. El mandatario comunal explicó que el proyecto establece la restricción de la explotación hidrocarburífera y minera en toda la zona irrigada, con una protección de 1000 metros desde la zona de ribera del río Negro y de 1000 metros de la zona del canal de riego. “Esto significa que no permite este tipo de actividad extractiva dentro de todo el ejido histórico de la ciudad. De esta manera no hay posibilidad de que se extraiga en medio de las chacras, mucho menos en medio de la ciudad, entendiendo que la expansión de nuestro ejido -en relación al pretendido y aprobado por ordenanza-  establece esta protección, esta zona de restricción, de exclusión, en menos del cuatro por ciento del territorio total. En el otro 96 por ciento de ejido el Código permite estas actividades extractivas”, sostuvo Lavin.

Por su parte, Folatelli remarcó que “al margen de la restricción que se le hace a la explotación de hidrocarburos en las zonas irrigadas, también en la zona de producción de pollos y en la zona del Cerro Azul, en el resto que sí puede realizar explotación de hidrocarburos lo tiene que hacer con una legislación que se detalla en más de veinte incisos”. Para el funcionario lo que se está regulando con el anteproyecto es la compatibilidad en el uso de suelo, “no solo tenemos facultad de hacerlo, sino que tenemos la obligación de hacerlo, y es complementario a la legislación tanto provincial como nacional vigente. Nunca fue la intención de la municipalidad de superponer a la legislación y a la potestad, sino complementar lo ya existente”, aclaró en relación al debate de compatibilidades y funciones existente con la llegada de la explotación petrolera.

El concejal Artero, en tanto, opinó en el mismo sentido: “Buscamos definir el uso del suelo, que es una facultad que nuestra Constitución le concede a los municipios. Estoy muy orgulloso de definir qué usos del suelo le queremos dar, qué áreas queremos preservar, proteger, desarrollar, ese es el ejercicio pleno de nuestra autonomía, en el marco de una provincia”. En unas de sus intervenciones durante la audiencia pública el edil aclaró que “la conformidad del vecino [para instalar una perforación] es excluyente, si ellos no están de acuerdo, tendrán que hacer la locación en otro lado”.

Organismo de control municipal

El anteproyecto establece la creación de un organismo de control municipal. “La intención es generar un área, dirección o secretaría de control, con personal profesional, idóneo, capacitado, que sea independiente de los organismos nacionales, provinciales y de las empresas. Además, nuestra intención es generar la participación ciudadana a través de representantes, que sea parte fiscalizando y auditando a ese organismo de control”, informó el jefe comunal. Con ese objetivo se modificaría la ordenanza que establece las tasas municipales de manera tal de poder obtener fondos provenientes de la actividad para poder controlarla.

Al respecto, expuso el secretario de Finanzas municipal, José Castro. “En cuanto a las industrias extractivas de hidrocarburos la base imponible estará dada por los pozos, si el viento sopla a favor lograremos saber cuántos pozos hay y donde están ubicados. Las autoridades deberían saber dónde están, pero a lo largo de este proceso nunca logramos saber el estado en que se encuentran esos pozos. Sabemos de uno exploratorio que se dió a publicidad. En producción o abandonados en remediación tienen distintas tarifas establecidas en la misma ordenanza”, describió el funcionario, quien cuestionó que las empresas de servicios petroleros pagarán hasta el momento una tasa máxima de 1100 pesos mensuales. Con la nueva normativa, la base imponible se determinará de acuerdo a  los metros cuadrados ocupados y la cantidad de personal.

“Zonas de preservación”

Desde las universidades de Río Negro y del Comahue se impulsa la creación de un Geoparque en el Cerro Azul, que se encuentra dentro del ejido pretendido por la localidad, aún no determinado por provincia, pero si ya sancionado en ordenanza. Los doctores Leonardo Salgado, Silvio Casadío y Miguel Abadovsky, de la UNRN y la doctora Yusara Mastrocola, de la UNCo, son quienes promueven la iniciativa que el ordenamiento territorial contempla. Esa zona también está bajo el asedio de la actividad petrolera. En su exposición Mastrocola expuso los impactos que dejó la exploración sísmica realizada por YPF en el área Cerro Manrique.

Las áreas naturales protegidas son una de las cinco zonas de preservación que el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) promueve como base para una regulación del uso del suelo por parte de la explotación hidrocarburífera. Además de la mencionada, señala las zonas habitadas, los márgenes de los cursos de agua, las tierras productivas y los territorios comunitarios indígenas. El OPSur estuvo representado en la audiencia por Fernando Cabrera, quien saludó la iniciativa y subrayó la importancia de que en este contexto un municipio se disponga a regular el uso del espacio para preservar la actividad productiva, ordenar el crecimiento urbano y evitar “catástrofes” derivadas de actividades extractivas. “Es necesario establecer zonas de preservación y el proyecto de ordenanza analizado es un avance en ese sentido”, concluyó.

El cierre de la jornada contó con la palabra de Sebastián Hernández, Presidente de la Federación de Productores de Río Negro, quién expresó la importancia de no permitir que se realice fracking sobre tierras productivas, “el cero control que hay en la actividad hidrocarburífera tiene consecuencias y me animo a decir que convivir es imposible”. A su vez remarcó que “a nivel mundial cada vez hay más protocolos para los productos, no solo de peras y manzanas, lo hacen para que sean más saludables lo que cada uno de nosotros comemos”. También comentó que “en ningún lugar del mundo se acepta tener una extracción hidrocarburífera cerca de un sector productivo. En España y Europa a 500 metros de una autopista no se puede producir, por la contaminación de los caños de escapes y la contaminación lumínica. Si uno ve una locación en Allen de noche parece una ciudad, y nosotros tenemos problemas sanitarios, con la carpocapsa por ejemplo, que con las luces viene”. Además el representante de los productores hizo referencia al cambio climático y el aporte que las zonas productivas hacen en carbono, por eso la necesidad de resguardo.

Discutir el modelo energético actual y también las alternativas

Luján Rodríguez, Gustavo Lahoud y Felipe Gutiérrez Ríos, responsables de tres de los artículos que integran Soberanía Energética, conversaron con Un día cualquiera (Radio Universidad CALF) los debates que intentan promover a través de esta obra polifónica. Compartimos el audio de la entrevista realizada en la previa a la presentación del libro.

 

Cuaderno: Energía… ¿para qué? ¿cómo? ¿a qué costo?

Nueva publicación de la UnTER

[descargar cuaderno]

Prólogo

Lo ambiental ha sido siempre parte de las preocupaciones de la UnTER, desde las condiciones del ambiente escolar, hasta las de la comunidad educativa en sus distintas escalas territoriales: el barrio, el municipio, la provincia.

Con los años ha habido una conciencia cada vez más clara de que las cuestiones ambientales están íntimamente ligadas no solo a las condiciones de vida de nuestrxs estudiantes, sino que también son parte de una disputa estratégica por el acceso y apropiación de los bienes naturales comunes, esenciales para la vida en dignidad de nuestros pueblos.

Por ello, hace cuatro años la UnTER decidió dar un paso cualitativo con la fundación del Departa­mento Provincial Socioambiental Chico Mendes, dentro del marco de la Escuela pedagógico-sindical-políti­ca-ambiental Rodolfo Walsh. Desde este espacio se viene trabajando sistemáticamente a través de diversas acciones -publicaciones, jornadas de formación, Congreso Socioambiental, encuentros provinciales del De­partamento- sobre las distintas problemáticas y conflictos ambientales que atraviesan la provincia, como la agroindustria, contaminación del agua, minería, hidrocarburos.

A lo largo de estos años los conflictos se fueron agravando y profundizando, pero también se multi­plicó en todo el territorio la lucha y las acciones de resistencia a esta lógica extractivista y depredadora: asambleas de vecinos contra el fracking, campañas por la restitución de la Ley Anti-cianuro, movilizaciones en defensa del agua y el río, rechazo a basureros petroleros, denuncias y acciones frente a múltiples casos de contaminación, entre otras muchas acciones con las cuales la UnTER se comprometió fuertemente brin­dando apoyo, difundiendo, visibilizando, generando materiales y espacios de debate.

A nivel nacional, 2017 nos volvió a encontrar en un contexto de lucha ambiental en el que, además de profundizarse la apuesta por el modelo extractivista –por ejemplo, reduciendo o eliminando impuestos a la agroindustria y la minería-, vemos que con el aval gubernamental estos sectores avanzan decidi­damente sobre el campo educativo, ya no solo bajo la forma encubierta de donaciones, visitas escolares o propuestas de capacitación docente, sino directamente a través de los contenidos curriculares de todos los niveles del sistema.

Este también fue un año clave para las luchas ambientales en nuestra provincia. Frente el avance de la frontera hidrocarburífera, en los primeros meses de este año la iniciativa popular logró la prohibición del fracking en casi todos los municipios a lo largo del Río Negro. Pero el inicio de 2017 también nos colocó frente a otro gran desafío, tanto o más serio que el del avance del fracking: la decisión del gobierno provin­cial de aceptar la instalación de una planta nuclear de tecnología y capitales chinos en la costa rionegrina.

La presión y movilización popular obligaron a dar marcha atrás con el proyecto mediante una Ley provincial que prohíbe la instalación del tipo de centrales que se pretendía construir, pero continúan los in­tentos desde el gobierno local hasta las más altas esferas nacionales por anular la Ley. Por otro lado, sigue la amenaza de la minería de uranio en la provincia y hace pocos días se derogaron ordenanzas que prohi­bían el transporte y almacenamiento de residuos y elementos radiactivos en la localidad de Sierra Grande.

En este contexto, en noviembre de 2017 realizamos en Tercer Encuentro Provincial del Departamen­to Socioambiental Chico Mendes, tomando como eje principal la discusión energética: “Energía: ¿Para qué? ¿Para quién? ¿A qué costo?”. Para dar cuerpo a este debate contamos con la invalorable contribución de compañeros de OPSur, del Taller Ecologista y de BIOS-RENACE, quienes aportaron a la discusión desde su conocimiento técnico y compromiso militante.

En las páginas que siguen presentamos una transcripción abreviada de las exposiciones que se dieron durante el Encuentro. Al final de esta publicación brindamos referencia a material bibliográfico para quie­nes tengan interés en profundizar sobre el tema.

¡Buena lectura!

Equipo provincial del Departamento Socioambiental Chico Mendes

Escuela Rodolfo Walsh – UnTER

Contenido

3- Presentación

4- Prólogo

7- Introducción

11- Capítulo 1: ¿Nuclear? Una historia de engaños, ocultamiento y abandono  [Silvana Buján, BIOS – RENACE]

21- Capítulo 2: Fracking en Argentina: Impactos, economía y democracia. Debates urgentes y necesarios para la transición  [Fernando Cabrera, OPSur]

33- Capítulo 3: Aportes para una Transición Energética. Desafíos y oportunidades de las Energías Renovables  [Jorge Chemes. Taller Ecologista – OES/UTN]

41- Fuentes y bibliografía de interés