El Gobierno está buscando desesperadamente alguna fórmula que le permita reducir los enormes costos que desencadenó la fuerte caída en la producción de hidrocarburos de los últimos años. Con un déficit energético en ascenso y la exigencia de mayores importaciones de combustibles (que este año demandarían cerca de u$s 12.000 millones), sumado a los mayores controles al sector petrolero (y a la reestatización de YPF) ahora la administración de Cristina Kirchner intentará reflotar un viejo y fallido plan impulsado en plena dictadura militar: el Programa Alconafta.
La iniciativa fue revelada por boca de la propia Jefa de Estado ayer al encabezar en Tucumán el acto por el 197º aniversario de la Declaración de la Independencia. La Presidenta abordó la problemática de los productores de azúcar de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en un contexto de sobreproducción a nivel local y de caída de los precios a nivel internacional. Fue en ese marco que instó a este sector a sumar valor agregado para superar las dificultades que atraviesa esa industria. Dentro de ese plus mencionado, en los ánimos oficiales está la intención de volver a desarrollar el biocombustible derivado de la mezcla de alcohol (etanol) y de nafta. No hay otra salida que agregarle valor y lograr alconafta a través de esa caña de azúcar, lo que demandará hacer toda la inversión necesaria para que esa azúcar se transforme, agregar valor y generar más trabajo, aseguró Cristina, en una frase con dejo a exigencia. La mandataria reconoció que existe un proyecto que va a requerir también acuerdos con la industria automotriz, que ha ganado y gana mucho dinero también en la Argentina, y complementarnos, además, con nuestros hermanos del Brasil.
Pero el proyecto que menciona Cristina no representa una novedad en algunos puntos del país, sobre todo en Tucumán. El plan Alconafta nació en 1978, con la idea de adicionar etanol a las naftas. Su producción masiva comenzó tres años más tarde, generando un corte con 15% de alcohol etílico y el resto nafta común. Once provincias más se sumaron a la iniciativa, incentivada con una exención del impuesto al combustible (el gravamen recaía solo sobre el 85% de la nafta).
Sin embargo, el proyecto fue decayendo hasta llegar a desaparecer. El factor que determinó su muerte fue el alto costo fiscal que le generaba al gobierno de Raúl Alfonsín, que sumado a la falta de actualización en los precios que fijaba la Secretaría de Energía para el alcohol, llevó a que el negocio perdiera rentabilidad. En los años siguientes existieron varios intentos de reflotar la iniciativa. La administración de José Alperovich lo vino motorizando desde 2005 sin lograr la atención del Ejecutivo. Su activación requiere, de todos modos, el consenso de las automotrices, ya que demanda cambien una parte del circuito de alimentación de nafta de los automóviles.
