Nicolas Gandini.- Mientras las unidades de evaluación de la gobernación neuquina revisan el documento firmado esta semana entre YPF y Chevron para desarrollar un proyecto piloto en Vaca Muerta por US$ 1240 millones, Jorge Sapag prepara una serie de adicionales que exigirá la provincia a cambio de avalar, en su condición de titular de los recursos hidrocarburíferos, el acuerdo suscripto con la petrolera norteamericana.
El punto más saliente de esa nómina es la inclusión de Gas & Petróleo de Neuquén (G&P), la petrolera provincial creada en 2007, en la sociedad que llevará adelante el proyecto de shale oil en el área denominada General Mosconi, ubicadas en las concesiones Loma La Lata y Loma Campana. Así lo confirmó al El Inversor Online un alto funcionario de la administración patagónica. El objetivo, agregó, apunta a conseguir para G&P una participación accionaria minoritaria del proyecto. Aunque evitó dar más precisiones.
Técnicos de la Subsecretarías de Hidrocarburos y Medio Ambiente, y de los Ministerios de Economía y Energía están evaluando el contrato suscripto con Chevron, a fin de elevarle los primeros días de la semana próxima un informe a Sapag. El gobernador se expedirá sobre el tema el miércoles o jueves y luego presentará el acuerdo en la Legislatura para que lo ratifiquen los diputados provinciales.
Luis Sapag, referente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), afirmó que el contrató será confirmado con los votos del MPN y del Frente para la Victoria.La cláusula más polémica es la extensión por 35 años de las concesiones de YPF afectadas al desarrollo del yacimiento no convencional. Está en línea con el artículo 14 del Decreto 929 firmado esta semana por la presidenta Cristina Kirchner, que habilita al Gobierno nacional a extender a largo plazo de los yacimientos no convencionales donde las empresas desembolsen US$ 1000 millones en los próximos cinco años.
Desde la oposición denuncian que la cláusula es anticonstitucionalporque vulnera los derechos de las provincias establecidos en la Ley 26.197, que transfirió a los estados productores la propiedad de los recursos naturales y les confirió su autoridad de aplicación. “Van a extenderle por 35 años las concesiones de compañías que en los últimos años no invirtieron y dejaron de apostar por la exploración y producción de los yacimientos”, cuestionó un diputado provincial. “Es un contrasentido y una entrega de recursos estratégicos“, disparó.-
