Según Rubén Hayes, socio del estudio jurídico Hayes & Finlez
Ante la falta de mayores controles para hacer cumplir la ley, las operadoras no se ven demasiado motivadas a recibir asesoramiento sobre cómo optimizar sus estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente. Según el abogado ambientalista Rubén Hayes, la temática debería ganar protagonismo dentro de la agenda política local.
No existe, por estos días, una gran preocupación entre las empresas relacionadas con el sector hidrocarburífero por asesorarse sobre cuestiones ambientales y de seguridad. Así lo advierte Rubén Hayes, socio de Hayes & Finlez Abogados Asociados, en diálogo con este medio.
“El problema reside, lamentablemente, en el menor poder de policía de los diferentes niveles gubernamentales, las distintas secretarías y sus respectivos rangos. A modo de ejemplo, puede citarse lo sucedido en Comodoro Rivadavia, cuya Secretaría de Medio Ambiente fue recientemente degradada a Subsecretaría. Y estamos hablando de la principal plaza petrolera del país”, señala.
Según sus palabras, dicha Subsecretaría mantiene su poder de policía, pero con un menor rango. “Si realmente los controles se ejercieran sobre la base de lo que dice la normativa, nosotros –como abogados ambientalistas– estaríamos nadando en dinero. Todos recurrirían a nuestro asesoramiento para tratar de ajustarse al marco legal vigente”, asegura.
A su criterio, resulta inadmisible que, ante un incremento de la actividad petrolera en la cuenca, las empresas dedicadas a “chupar” barros empetrolados sigan extrayendo las mismas cantidades. “¿Adónde va el resto? Quien debe controlar esto es el poder de policía de las provincias de Chubut o de Santa Cruz, o de los ejidos municipales involucrados (Comodoro Rivadavia, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, etc.). Si se controlara debidamente a las compañías, éstas mostrarían más interés por ser asesoradas, pero eso no ocurre”, asegura.
En su opinión, es alarmante que las agendas políticas de los candidatos a gobernadores, intendentes o diputados no expresen mayores preocupaciones por el medio ambiente. “Las compañías, en tanto, siempre privilegian la economía por sobre la ecología. Por eso somos una sociedad extractiva, en la que rige el ‘saco ahora, veremos mañana’. Así se agiganta el pasivo ambiental y quienes deben controlarlo –tanto desde el Gobierno provincial como desde el municipal– no se encuentran 100% abocados a ello”, indica.
Legislación permisiva
A decir de Hayes, cuando se habla del incipiente boom de los hidrocarburos no convencionales debe considerarse que lo no convencional es –en verdad– su forma de extracción. “Hay diferentes tipos de extracción en nuestra región: la primaria (que es la más común de todas), la secundaria (o sea, el lavado a través de un sistema de presión de las cuencas lenticulares –con forma de lente de contacto– que existen en casi todo el yacimiento Escalante, vinculando, en el Golfo San Jorge, al sur de Chubut y al norte de Santa Cruz) y el fracking (el quiebre de estas formaciones geológicas, que es lo que está empezando a hacerse en Vaca Muerta para poner en valor recursos de shale)”, explica.
En Comodoro Rivadavia y áreas aledañas, afirma, la extracción no convencional recién está dando sus primeros pasos. “Pero como las empresas se manejan con una legislación que les permitiría llevar a cabo el fracking sin problemas, no hay mayores dudas al respecto. No hay novedades que requieran un nuevo asesoramiento”, comenta.
En ese sentido, precisa que el mencionado boom sólo tiene que ver con la potencialidad del rubro, lo que sin dudas implicará que en el futuro más organizaciones se acerquen a trabajar a la zona o a Neuquén y demanden los servicios de estudios jurídicos especializados. “Pero más allá de eso, el fracking no va a generar una explosión en la demanda de asesoramiento”, proyecta.
Cumplimiento legal
Hayes & Finlez Abogados Asociados es un estudio jurídico integrado por un staff profesional y abocado al asesoramiento ambiental de empresas, que cuenta con abogados especializados en derecho laboral, penal, daños y perjuicios, familia y sucesiones. “Desde 1998 ayudamos a las empresas de la región patagónica a implementar sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, informándolas sobre los requisitos normativos y las evaluaciones de cumplimiento legal”, señala Hayes.
El estudio se especializa en la identificación y actualización de las normas aplicables a la actividad según los aspectos e impactos ambientales y la matriz de riesgo informada por las compañías. “También formalizamos las evaluaciones de cumplimiento legal dispuestas por las normas ISO 14001 y OSHAS 18001. Hay dos artículos de éstas (el 432 y el 452 respectivamente) que se refieren a la parte legal del cuidado ambiental. Sobre la base de ellos, asesoramos a las empresas para que circunscriban su operatoria a las exigencias normativas en la jurisdicción donde se desempeñan (ya sea provincial, interprovincial, nacional o incluso internacional, tal cual sucede con algunas firmas que trabajan en naciones vecinas como Chile o Bolivia)”, puntualiza.
Asesoramiento y capacitación
Hayes fue durante 12 años abogado y capacitador del IRAM para la región patagónica, además de asesor de los auditores de dicha entidad que concurrían a certificar a quienes requerían sus servicios. “Más allá de la óptica desde la normativa de ISO o de OSHAS, nuestro estudio también asesora a las empresas con respecto a cualquier problemática de índole ambiental que tenga algún impacto legal. Y capacitamos a su personal para el mantenimiento y la mejora de los sistemas implementados”, añade.
Con sede en Comodoro Rivadavia (Chubut), el estudio jurídico estuvo certificado con la norma de calidad ISO 9000. “Por una modificación societaria tenemos que reiniciar el trámite, pero lo destacable es que hemos sido uno de los pocos estudios certificados en el país (y el único en la Patagonia)”, resalta.
Muchos de los clientes de Hayes & Finlez Abogados Asociados son contratistas de las grandes operadoras, que por lo general tienen su cuerpo de asesores en Buenos Aires. “Excepcionalmente, firmas como Weatherford o Schlumberger nos han contratado para hacer alguna evaluación puntual de impacto –por caso– de sus tratamientos de barros contaminados. No obstante, lo más habitual es que trabajemos con las contratistas de las operadoras en la Patagonia”, completa.
