Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y mega proyectos hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías renovables no convencionales. Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el Gobierno para imponer su agenda energética en el Congreso.
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) rechazó públicamente la “campaña del terror” que se ha iniciado desde el sector eléctrico generador, tomando como base el reciente informe elaborado para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), denominado “Agenda para impulsar las inversiones en generación eléctrica de base en el SIC”.
En opinión del organismo –que integran organizaciones socioambientales, expertos en energía y legisladores- dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del desarrollo eléctrico implantado en el país a partir del año 1982 y culpa de los altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la judicialización de los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades y los movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos.
La CCTP cuestionó estos argumentos, esgrimidos por profesionales que han sido tanto gestores como partícipes del modelo eléctrico vigente, porque no reconocen que el alto precio de la electricidad que pagan tanto empresas como clientes residenciales se debe a un mercado eléctrico concentrado en tres grandes empresas, un modelo marginalista que privilegia las energía más caras, y que además está sustentado en combustibles fósiles importados y contaminantes.
Esta situación ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos, académicos y del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la aprobación de proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la consolidación de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado, vulnerable y dependiente de factores externos.
STATU QUO VERSUS PROPUESTA CCTP
El informe de la Confederación de la Producción y el Comercio presupone un escenario de estrechez energética que pondría en riesgo el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad para echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición ciudadana.
El informe considera el período 2013-2020, pidiendo -a raíz de la licitación de bloques de energía por parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de este año- que se establezcan condiciones para que puedan participar en dicho proceso centrales existentes que hoy operan con petróleo diésel, manifestándose a favor de los mega proyectos hidroeléctricos, por su bajo costo operacional.
A juicio de la CCTP este informe desconoce el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia energética (EE), pasando por alto los impactos ambientales de las mega represas. Sin mencionar además que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo se obtiene gratis (gracias a los derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a precio diesel debido al sistema marginalista imperante.
Por ende, no es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha electricidad.
En esa misma senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico actual sino que solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de 11 años, en vez de los cuatro regulares, empleando lo que la CCTP califica como “argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por la falta de proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos costos e inseguridad de suministro de las ERNC.
Tampoco considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING -que permitiría usar los excedentes energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin necesidad de construir nuevos proyectos- ni se hace cargo de las externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles tradicionales.
En cambio, la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el sector eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia.
Hasta la fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han sido enfrentados por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que aportan paliativos parciales e insuficientes a un modelo de desarrollo que requiere de cambios estructurales.
A juicio de los integrantes de la CCTP, Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una participación ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el cuidado del territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro energético de Chile no puede ser determinado por los intereses de las empresas eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a las empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía.
