El proyecto de ley para mejorar la competencia y garantizar el suministro en los sistemas eléctricos insulares que ha elaborado Industria y que el Gobierno acaba de remitir a las Cortes para su tramitación, incluye una medida que ha generado una cierta confusión: la obligación de que los proyectos que requieran el uso de técnicas de fractura hidráulica (la conocida como fracking que se utiliza en la explotación de hidrocarburos no convencionales) estén sometidos a expedientes de evaluación de impacto ambiental (EIA).
De antemano y a falta de conocer el articulado de la nueva norma, muchos consideran que se trata de una exigencia retórica o redundante, pues el real decreto ley de 2008 por el que se refundió la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, así como otras normas europeas y autonómico, ya obligan a superar dicho trámite en la exploración de hidrocarburos.
La explicación puede estar, según un experto, en que la ley habla de “explotación en general de hidrocarburos” sin especificar cada una de las técnicas y, sobre todo, los riesgos específicos que conllevaría el fracking. Determinar dichos riesgos es lo que están reclamando en distintos ámbitos políticos, como comunidades autónomas y ayuntamientos, y sociales.
Pero la gran novedad es que el Gobierono está ultimando otro anteproyecto de ley para modificar el actual sistema de evaluaciones de impacto ambiental, “cuyas condiciones se aligerarían de forma considerable”, según fuentes del sector. Por tanto, la ley de los sistemas insulares obliga a los proyectos de explotación de los hidrocarburos no convencionales a superar la EIA, mientras que esta nueva norma, que se está cocinando en el Ministerio de Medio Ambiente, relajaría las condiciones para superar dicho expediente. Esta suavización podría ir en contra de las propias directivas comunitarias, señalan las mismas fuentes.
El pasado mes de febrero, el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) pidió al Gobierno una regulación adecuada del empleo del fracking para evitar que afecten a la salud humana, los bienes y al medio ambiente y, particularmente, a los acuíferos. Y se ofreció a asesorar al Ejecutivo en esta labor. Los geólogos destacaron la “creciente incertidumbre de los ciudadanos derivada de la información aparecida” sobre la fracturación hidráulica y pidieron “cautela y acción preventiva”.
Existen muchas voces críticas en contra de una técnica que consideran perjudicial para el medio ambiente por la posible contaminación de los acuíferos y la emisión de CO2 en su extracción. También los microseísmos que se han ensayado en Texas para romper rocas madre han sido muy controvertidos.
Las compañías que explotan estos yacimientos se defienden asegurando que los aditivos solo representan una mínima parte (el 0,49%) del fluido que se inyecta y consideran “altamente improbable que se traspasen las capas freáticas”, ya que los acuíferos están muy por encima (de 10 a 30 metros) de donde se fractura (hasta 6.000 metros de profundidad) y el taladro está protegido con un tubo de acero.
Las petroleras recuerdan que siempre se ha utilizado este sistema en yacimientos convencionales sin contaminar, pues son procesos están homologados”. Lo que varía ahora, evidentemente, es la cantidad de agua a usar: 15.000 metros cúbicos de agua por cada pozo, de la cual se recupera entre el 60% y el 80%. También la extracción es mucho más cara que la de los pozos convencionales: 6,5 millones de euros en promedio, frente a 1,5 millones.
Escasa posibilidad de éxito en España
Pese a las expectación creada, los expertos consideran que las posibilidades de éxito en las exploraciones que se realicen en España son escasas, ya que las reservas de gas suelen coincidir con áreas de reservas de hidrocarburos tradicionales, de las que España carece.
En Europa, las grandes esperanzas se centran en Polonia y Francia. Pero, mientras el primer país ha hecho una apuesta firme y decidida por la exploración de este tipo de hidrocarburos, que supondría su independencia energética (se le estiman unas reservas de tres billones de pies cúbicos), Francia ha cerrado el paso al nuevo negocio, al prohibir “de manera preventiva” la extracción por fractura hidráulica. No se descarta sin embargo un giro en su postura, de la que no es ajena la potente industria nuclear francesa.
En España, están siendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que están frenando, en general, unos proyectos por los que el Gobierno de Rajoy apuesta abiertamente. Las prospecciones realizadas en Álava ofrecen indicios más que razonables de que en el subsuelo hay depósitos de 180 bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas no convencional. Sondeos realizados en los años 50 ya apuntaban a la existencia de shale y tight gas en una formación geológica (la de Valmaseda) entre las provincias de Álava y Burgos. La concesión abarca 1.400 kilómetros cuadrados y será el Ente Vasco de la Energía (EVE) el encargado de las prospecciones a través de una sociedad en la que cuenta con un 43% del capital y en la que tiene como socios a la compañía texana Heyco Energy (el 22%) y Cambria Europa (con el 35% restante).
A este proyecto se suman otros dos en Cantabria; en la zona pirenaica; Gibraltar y la costa valenciana.
