Por: Centro Mandela DDHH
La Dirección de Bosques autorizó el blanqueo de todo tipo de productos forestales en los establecimientos ubicados en Machagay, Quitilipi y Plaza, hasta 10.000 kg. Es buen romance, la moratoria tiene por objetivo legalizar la extracción clandestina de madera del monte nativo chaqueño que se encuentran en poder de los responsables de los aserraderos y carpinterías de las tres localidades. Considerando que el algarrobo es el producto que más utilizan en tales establecimientos, podemos suponer que el blanqueo legalizará una buena parte de la madera de algarrobo que sacaron clandestinamente de la propiedad comunitaria indígena del Interfluvio y de otras zonas y regiones del Chaco, que fueron transportados sin guías a través de cientos de kilómetros de rutas, que se supone se encuentran perfectamente controladas por el personal de Bosques y por la policía provincial, lo que pone en evidencia las fallas o los acuerdos existentes para que continúe –con intensidad- el tráfico ilegal de madera que provienen de las explotaciones forestales y de los desmontes clandestinos o semi clandestinos.
Imágenes satelitales costosas. A gastar mucho e innecesariamente
A principio de febrero de este año la Dirección de Bosques difundió por los medios de comunicación que debió comprar imágenes satelitales muy costosas, justificando la inversión en las tareas de control, cuidado y seguimiento del monte nativo chaqueño. El 24 de mayo dicho organismo publicitó que para controlar el monte incorporaba un dron telecomandado, describiéndolo como una herramienta moderna que permitiría optimizar la vigilancia del monte. El 3 de agosto Bosques difundió, como si fuera una noticia que no había publicado antes, que utilizaba nuevas imágenes satelitales que ayudarían a combatir el desmonte ilegal. Se elogiaron bastante a sí mismos. Señalaron que “cuentan con imágenes satelitales de muy corto intervalo de tiempo entre capturas, lo que permite una mayor efectividad en la determinación de variaciones en la cobertura boscosa de la provincia”. A partir de allí, se comprometieron a actuar rápidamente frente a los desmontes ilegales y los incendios, en fecha real, para supuestamente sancionar a los responsables. La soberbia no tuvo límites, a punto tal que repitieron que barren la provincia cada 16 días. Dijeron que el organismo actuará rápidamente bajo un esquema de control y de fiscalización comandado por el Centro de Geoinformación de Sáenz Peña, agregando que se lograría un monitoreo permanente y exitoso. Sin embargo, el uso de lo que fue presentado como nuevas imágenes es una información repetida y vieja, como las mismas imágenes. El sistema que utilizan es del 2011 y su alto costo es llamativamente innecesario. El organismo paga lo que gratuitamente Bird Life recoge y publica cada 15 días, que son imágenes Lansat, que se entregan gratuita y libremente para visualizar las deforestaciones y los focos de incendios. También Google dispone en su página, gratis y libremente, los desmontes con Lansat 7, hasta 2012.
A pesar de la auto publicación, persistente y sistemática de Bosques, continúan y se multiplican los desmontes, los silvopastoriles y las explotaciones forestales clandestinas o semi-clandestinas; estas últimas originariamente contaron con permisos que no fueron respetados, de tal modo que se desmontaron o explotaron montes por muchas más hectáreas que las autorizadas. Siquiera dejaron las cortinas vegetales, ni respetaron los diámetros de cortes de los árboles. Y en los casos en que fueron sancionados, muchas infracciones se labraron irregularmente producto de la falta de controles, de la ineficiencia del sistema y, quizás, de la corrupción que campea en el sector.
Según Guayrá, en el 2012 se desmontaron 43.600 hectáreas en Chaco, lo que constituye un dato demoledor para el ecosistema local; a pesar de la seriedad de la fuente, entendemos que es mayor la superficie desmontada si sumamos los silvopastoriles y las explotaciones forestales que afectan zonas de mediana y extrema fragilidad eco-ambiental, en las que predominan suelos heterogéneos y erosionables, que forman parte de regiones en donde se repiten los largos periodos sin lluvias, que coinciden con los intensos calores que duran siete meses promedios anuales en Chaco. O sea que vamos camino a una posible situación de estrago ambiental. En una sola carbonera, ubicada cerca del casco urbano de Tres Isletas, quema 300 toneladas de madera por día. Cargan los hornos combinando quebracho colorado y carandá y quebracho blanco con guayacán porque elaboran carbón de alta caloría para exportación. Gran parte de las maderas utilizadas son rollos sanos. Queman el equivalente de 75 a 100 árboles por día, de las mejores especies del monte nativo chaqueño, en una actividad como la carbonera que es propia y característica del Siglo XIX, en una época en donde los recursos naturales comienzan a recuperar sus verdaderos valores, no solo económico sino estratégico, por sus aportes ambientales y de conservación de biodiversidad.
La contracara que revela la perversidad del sistema
La contracara del blanqueo de la madera clandestina está representada por los pequeños productores chaqueños, a quiénes no se paga, en tiempo y forma, los fondos que envía el gobierno nacional -según la ley 26.331- para financiar el manejo y conservación de los servicios eco-sistémicos que aquéllos brindan a través del manejo sustentable de los montes de sus pequeños predios. Estas familias campesinas afirman que el gobierno provincial desvió los fondos para pagar sueldos y financiar campañas políticas, y que solo cobraron unos pocos grandes productores, que son amigos del gobierno. Afirman que los minifundistas tienen que volver a cortar madera. Volverán a cortar el monte para vivir. Les hicieron blanquear empleados para ingresar a los programas de financiamiento; sin embargo, no pueden pagar a los trabajadores y no pueden efectuar los aportes previsionales. Están de muy mal humor. Son aproximadamente 170 los productores que esperaban cobrar los fondos de los programas de la ley nacional de presupuestos mínimos. Son de Río Muerto, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avia Terai, Tres Isletas, algunos de Sáenz Peña y de otras regiones cercanas.
En noviembre del año pasado ocurrió lo mismo. El gobierno provincial utilizó los fondos de la ley 26.331 para pagar sueldos. Sin embargo, entregaron sumas elevadas a ocho grandes productores, por un total de casi 30 millones de pesos, según afirman los pequeños productores. De esta manera no solo que se los obliga a continuar sacando madera del monte, sino que a través de una distribución irregular e inequitativa de los fondos nacionales se genera un escenario que facilita la desconfianza, el descreimiento y nuevos ataques contra el monte chaqueño, mientras se gastan recursos públicos para pagar innecesarias y costosas imágenes satelitales, drones y espacios publicitarios a través de los cuales se genera la opinión pública ficticia de que se fiscaliza y se controlan los desmontes y las explotaciones forestales.
Galería de Fotos del Desmonte
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