Roque Sevilla, expresidente de la Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní-ITT, explica que la explotación de los campos petroleros se da porque Ecuador ya comprometió ese crudo con China.
¿Usted dijo ayer, en Radio Democracia, que el Gobierno decidió explotar el Yasuní porque tiene un compromiso con China: la construcción de la Refinería. ¿Qué lo lleva a esa conclusión?
Varias cosas. La primera es que el proyecto del Yasuní tenía siempre este plan B, que más que la explotación per se, era la construcción de la Refinería.
Ese proyecto siempre preveía el uso de 100 mil barriles provenientes del ITT. En esa primera consideración, 200 mil barriles venían de Venezuela y 100 mil del ITT. Entonces, mientras existía el proyecto de esas dimensiones, necesariamente estaba en la mente del Gobierno la explotación del Yasuní.
La segunda idea es que han habido negociaciones y acercamientos primero con Corea, que fallaron y, según los datos periodísticos que el propio Gobierno ha expresado, están muy avanzadas las conversaciones con las empresas chinas para hacer la inversión de $12 mil millones en la Refinería.
¿Entonces la decisión de explotar el petróleo del Yasuní está intrínsecamente ligada a la Refinería del Pacífico?
La decisión está ligada a que hay que garantizarle el abastecimiento de crudo para la construcción de la Refinería.
La versión del Vicepresidente es contraria a la suya.
El Vicepresidente lo que dice es que han tomado la decisión ahorita, porque yo tengo los estudios. Cuando yo era presidente de la Comisión, ellos nos hicieron una presentación sobre cómo iban a extraer los 100 mil barriles para la Refinería y tengo los documentos que fueron elaborados en 2008 y 2009. Ahí se indica que 100 mil barriles vendrían del Yasuní; cosa que no ha negado el Vicepresidente. Lo único que dice es que van a construir la Refinería en dos etapas. La etapa uno, de 200 mil barriles, y la etapa dos, de 100 mil barriles.
¿Entonces coincide porque la segunda etapa, la del Yasuní, tiene tiempo por delante?
Claro. Tiene que esperar hasta que se haga la prospección y la extracción del crudo que, según datos del propio Petroecuador, durará entre tres y cinco años.
Entonces, cuando fue presidente de la Comisión, sabía que había esos estudios y que buscaban inversionistas. ¿Cuál era la explicación que se daba para que tengan confianza en que el plan A no era el plan B?
Yo traté este tema directamente con el Presidente. Le dije que eso era un conflicto para nosotros y le pedí que se haga la promoción de la Refinería reduciendo la capacidad de la misma; de lo contrario, había una contradicción.
¿Cuál fue la respuesta?
La respuesta del Presidente fue que, a su modo de ver, la existencia del Plan B, que era esto, era algo bueno porque en una negociación hay que hacer una amenaza creíble. Entonces, había que hacer las negociaciones y esto se utilizaría solo como un factor de decisión: si no se recibe el dinero se explotará y procesará ese petróleo.
¿En ese momento sabían que la Refinería era para crudos pesados, o sea que estaba destinada a refinar parte del petróleo proveniente del ITT?
Sí. Es lo que sostengo. Eso nos generó un conflicto a nosotros. Escribí varios artículos en El Comercio, cuando salí, mencionando este tema en el 2010.
Usted sabe que el Presidente solo accederá a hacer una consulta si sabe que la va a ganar.¿Por qué es partidario de ir a la consulta?
No tenemos otra opción que no sea confiar en el interés de la mayoría de los ecuatorianos que, según las encuestas, están a favor de que el petróleo quede bajo tierra.
¿Por qué los planes alternativos que hubo a la explotación del ITT no fueron comunicados a la opinión en forma más amplia?
Si se ven los documentos que se sacaron de la iniciativa, ahí se hace un largo recuento de las razones por las cuales la explotación no es lo más conveniente con el país. Inclusive hay una mención de un estudio del costo a largo plazo que tiene como impacto las explotaciones petrolíferas en zonas de alta biodiversidad. Desde el punto de vista de daños y de opciones económicas, sí lo dijimos.
¿Qué plan alternativo propondría para no explotar el petróleo?
Parecería que si no explotamos el petróleo, si no extraemos el oro y el cobre, el país no tiene futuro. Ese es el planteamiento que se hace de manera simplista. Esto presupone que cualquier país que no tenga petróleo u oro no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Pero hay demostraciones más que suficientes: en América, Costa Rica que sí tiene petróleo y que sí tiene minas resolvió soberanamente no explotarlas y tienen un estándar de vida muy superior que el ecuatoriano, mucho mejor nivel de educación y mucho mejor nivel de salud.
¿Pero con qué propuesta se queda en el campo económico?
En el Yasuní se puede hacer un aprovechamiento turístico limitado con las comunidades. Eso no es para las grandes empresas, porque es súper delicado el lugar. Se pueden hacer proyectos de la importancia y éxito del que hicieron las comunidades quichuas en el proyecto Napo Wildlife Center. Ese es un ejemplo de un centro manejado por la comunidad en pleno Parque Nacional Yasuní, sin producir los daños que produce la industria petrolera. Y digo proyectos de la comunidad; no de grandes empresas.
Lo otro es profundizar la investigación científica de todos los productos extraordinarios que se pueden extraer de manera científica y cuidadosa. Tiene todo lo que el Gobierno plantea como áreas de acción en el cambio de la matriz productiva, como la biotecnología. Pero la fuente mayor de biodiversidad la estamos destruyendo al extraer el petróleo. (JH)
‘Sin las sabatinas se ahorraría $300 millones’
Paúl Velasquez
Presidente nacional del frente popular
“Las 11 organizaciones que conformamos el Frente Popular enviamos ayer una carta al Presidente de la República. En el documento le pedimos tres cosas. La primera, que se derogue el Decreto Ejecutivo No. 74 que habla de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. La segunda, que el Presidente convoque a un a consulta popular para discutir este tema y, como tercer punto, le presentamos varias alternativas para generar ingresos y que se evite la explotación. El presidente Rafael Correa, dentro de sus facultades puede llamar a una consulta popular. Tiene todo el derecho y por eso se lo solicitamos para que los comicios sucedan de forma inmediata. Entre las medidas que pueden mitigar el impacto económico para el país, le propusimos que se nacionalice la industria telefónica celular, que se cobre impuestos a las empresas evasoras y que se ahorre en las campañas mediáticas. Con la nacionalización de las empresas de telefonía celular, Ecuador podría obtener $1,5 millones anuales. Además, hay 109 empresas
que evaden impuestos en el país y con las cuales el Estado conseguiría alrededor de $2 millones anuales. Finalmente, si el Presidente deja a un lado las campañas mediáticas que maneja como las cadenas sabatinas y los espacios diarios de la Secretaría de Comunicación, tendría un ahorro anual de $300 millones. Eso proponemos”. (CG)
Sectores sociales toman hoy una resolución
Carlos Pérez
Presidente de la Ecuarunari
La Ecuarunari, en conjunto con otros sectores sociales tendrán hoy una reunión ampliada para tratar la posible explotación de los campos petroleros del ITT.
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, explicó que en la cita participarán unos 50 representantes del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Quito, del Municipio de Cayambe, del Municipio de Pedro Moncayo, de Emaseo, del Consejo Provincial, de la Federación de Médicos, de la UNE, del Frente Popular…
Allí resolverán cuál será su accionar frente a la decisión del Gobierno. Quieren que la Asamblea Nacional no acepte el pedido de explotación y que convoque a Consulta Popular.
Sobre la recolección de firmas para que la ciudadanía decida el tema, Pérez dijo “no hay que precipitarse. Una recolección de firmas tiene sus riesgos. Recordemos que el presidente Rafael Correa tiene el control de la Corte Constitucional y por ende del Consejo Electoral y podría invalidar las firmas y de nada serviría el esfuerzo titánico y nos podríamos decir que no reunimos el 5% de firmas. Es un riesgo”.
Agregó que en el caso de que la Asamblea viabilice el pedido del presidente, interpondrán medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, de ser necesario, presentarán una denuncia penal ante la Corte de la Haya por vulnerar el Estatuto de Roma que habla sobre el genocidio y etnocidio. Su llamado es a la resistencia. (PAO)
500 líderes decidirán si apoyan o no al Gobierno
Moi Enomenga
Presidente de la Nawe.
La decisión del Gobierno de explotar los campos petroleros del ITT motivó a que el líder de la etnia Huaorani, Moe Enomenga, convocara a una reunión, el 4 de septiembre, para tratar el tema. Él explicó que el encuentro es para conocer las repercusiones de la medida, por lo que invitan a representantes del Gobierno para que expongan su propuesta. Agregó que, debido a la distancia en la que están ubicadas las 28 comunidades Huaorani, no todas saben de la explotación petrolera. Su preocupación principal es que se respeten los derechos de esos pueblos y que se garantice que los Tagaeiri y Taromenani no serán afectados en su zona intangible.
Esta semana, Enomenga participará de varias reuniones en Puyo, en la provincia de Pastaza, para coordinar el desplazamiento de los más ancianos a la comunidad Kawimeno, en Orellana, que será el sitio del encuentro. Se prevé que de allí salgan las resoluciones de la comunidad, porque todavía no hay un pronunciamiento de respaldo o rechazo frente a la decisión del Gobierno.
En abril, Enomenga dijo, refiriéndose a los pozos petroleros del sur de Bataboro, Armadillo, Petrobras y de YPF, que si el ITT no sirve, “podría aumentar el conflicto con los Huaoranis. Eso sería peor que matar a un Taromenani, sería como una guerra”. Se prevé que 500 representantes, de las 4000 personas que integran la comunidad, participen de la reunión de septiembre. (PAO)
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