Bienes comunes y modelo productivo: Lozano sobre YPF, Chevron y matriz energética

La semana pasada, Claudio Lozano, Diputado Nacional de la CTA por Unidad Popular (UP) se presentó en uno de los pabellones de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires para declarar, una vez más, principios en torno a la matriz energética nacional, principalmente la realidad hidrocarburífera.

La convocatoria atrajo a jóvenes -y no tanto- estudiantes y docentes que, muchos de ellos, aportan, o lo harán en un futuro, a disciplinas estrechamente familiarizadas con las problemáticas de energía, ejemplo Arquitectura.

El candidato a Senador por Camino Popular, dedicó parte de su exposición a las medidas del Gobierno nacional para estatizar la empresa petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) y al inconveniente acuerdo con Chevron para explotar la cuenca Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

Aquí se presenta una desgrabación completa del testimonio de CLaudio Lozano.

“Nosotros fuimos de los que acompañamos la estatización parcial de de YPF, aunque probablemente la hubiésemos realizado de otro modo. Lo hicimos conscientes de que la reincorporación del 51% de las acciones no significaba necesariamente que estuviésemos dando un vuelco en el enfoque global de la política energética Argentina. Eso aparecía como un interrogante, básicamente por la historia previa que habíamos tenido con el gobierno que estaba llevando a cabo la medida. Los pasos siguientes, desde nuestro punto de vista, marcan que, efectivamente, no hubo un cambio estructural en este sentido. Sin embargo, quiero dejar en claro que para nosotros, de todas formas, valía la pena acompañar este proceso. Por lo tanto, y a pesar de discrepar con las medidas que está tomando actualmente el gobierno, es importante que el Estado argentino tenga parte del paquete accionario de la mayor empresa petrolera nacional.

“¿Cómo se llega a la decisión de la estatización parcial? En principio, una historia reciente de depredación de los recursos hidrocarburíferos en Argentina que va acompañada de actividades de alto impacto ambiental que han estado fuera de control. El proceso se complejizó en el momento de la compra de YPF por parte de la empresa española Repsol. A partir de ese entonces, buena parte de las utilidades de nuestra empresa petrolera comenzaron a migrar al exterior. Entre 1999 a 2003, la salida de capitales estuvieron en el orden del 66%, con un aumento que alcanzó al 83% y, finalmente, mediante el acuerdo con Skenazi, las utilidades que giraban fuera del territorio superaban el total que la empresa generaba. A eso es lo que yo llamo proceso de vaciamiento y depredación.

“Lo que aún es elemento de debate son las ventajas que representan disponer de un recurso de esta naturaleza, ventajas que se evidencian entre la diferencia de los costos de producción local y el precio internacional vigente. Esta es la clave de la discusión política: quién o quiénes se apropian de esa renta y de qué manera se utiliza para poder sostener y modificar la matriz energética de nuestro país.

“El contexto previo a la estatización parcial de YPF fue la depredación ambiental del recurso hidrocarburífero y la dilapidación de la renta de dicha explotación. Las consecuencias se materializaron como estancamiento del sector, es decir, un déficit en la relación de producción, consumo y generación de reservas. En 6 meses de este año incrementamos el nivel de importaciones en materia energética; pasando de 9 mil millones a 12 mil millones de dólares.

“Con el planteamiento de estatización parcial comenzaron a aparecer hipótesis de si resolvería estas problemáticas que ya eran planteadas. Con el acuerdo con Chevron, las incertidumbres crecieron. “El primer interrogante surgió cuando YPF decidió recomponer las rentas de las petroleras privadas a partir de la actualización de los precios; en lugar de discutir cómo avanzar en una auditoría general de las reservas hidrocarburíferas y de las concesiones en nuestro país. EL segundo, y más allá de las intercambios técnicos y científicos sobre el real impacto ambiental generado por los mecanismos extractivos de Chevron, lo cierto es que pasa por alto el conjunto de normas ya vigentes que, incluso, son laxas. Además, las condiciones en las que se estableció el acuerdo, no permiten que se estructuren las dinámicas de control necesarias.

“Hay una suerte de retorno a entender los incentivos para la participación del capital privado, asociandolos a los tipos de incentivos presentes en los decretos desreguladores de la década del ’90; en donde lo que aparece es una libre disponibilidad del crudo y de las divisas, la reducción de los aranceles de importación para equipamiento y maquinaria y el manejo del 100% de las divisas de exportación, entre otros conceptos.

“¿Hay efectivamente en Vaca Muerta el volumen de reservas probadas que fundamenten la operatoria extractiva de la cual se está hablando? Por otro lado, en términos de asociación regional, podríamos discutir si tendríamos o no mejores socios. Recordemos que Chevron es una empresa que tiene su historia a nivel local y nacional.

“A pesar del discurso del autoabastecimiento, el acuerdo vuelve a poner el tema del sesgo exportador como una clave en la política hidrocarburífera”.

Desarrollo

“Un pozo petrolero convencional utiliza aproximadamente 75 mil litros de agua dulce; mientras que uno no convencional puede demandar entre 30 y 40 millones de litros de agua. El 2% de esa agua inyectada son productos químicos; algunos de ellos, altamente contaminantes, otros, desconocidos por secreto industrial. El 50% del agua con químicos inyectados regresa a la superficie durante la producción, afectando las napas de agua. Ya se vieron precedentes de esto en muchas regiones del mundo. EL 25% de estos químicos son cancerígenos y mutagénicos, el 40% afecta el funcionamiento de órganos internos y el 75% afecta el funcionamiento de órganos sensitivos. Como consecuencia, en Francia se prohibió la técnica del Fracking, al igual que en el Reino Unido, Alemania, Canadá, Suiza, Sudáfrica y varios estados de los Estados Unidos.

“El tipo de explotación planteado en Vaca muerta, propone un mínimo de 3,7 pozos por km2 y un máximo de 7 pozos y medio por km2. Estamos hablando de una explotación de tipo fraking intensivo que supera la densidad promedio establecida, por ejemplo, en normativas norteamericanas que maneja un promedio de 2,6 pozos por km2, e incluso supera la densidad máxima permitida para los pozos de relleno que es de 6 por km2. Uno de los peligros de la explotación tal cual está planteada es la vecindad con el río Neuquén y el manejo de aguas residuales en relación a este afluente y las consecuencias catastróficas que puede aparejar su deterioro.

“En Argentina, por el momento, no existe normativa que regule esta actividad. A esto se le agrega que, según la reglamentación neuquina, tendría que haberse hecho un estudio y un informe de impacto ambiental, que nunca existió. A su vez, no se permitió que la comisión de medio ambiente de la legislatura de la provincia de Neuquén pudiera debatir el acuerdo y lo que se estableció como marco de control es la regulación desde el gobierno provincial y la propia empresa YPF (ya que en el acuerdo, prácticamente no se habla de Chevron).

“Para tener un real acercamiento al impacto ambiental que este proyecto tendrá es necesario un informe con basamento científico, discutir con la comunidad y cumplir con la reglamentación elemental. No es posible que la empresa extractora sea, a la vez, la controladora del proceso.

“De acuerdo a la información disponible, debajo de Vaca Muerta hay otra formación llamada Los Moles, donde también habría hidrocarburos no convencionales. En torno a esta nueva formación, que aparentemente no ha sido concesionada, prácticamente no se habla, ni se la computa a la hora de tomar en cuenta la perspectiva de rendimiento. Dado lo que establece el acuerdo y la conexidad que puede existir entre una cuenca y otra, podría darse el caso de que se considere directamente que la explotación de Vaca Muerta incluye la de Los Moyes. Por lo tanto, no estaríamos discutiendo el usufructo de una cuenca, sino de dos, que podrían tener similares rendimientos.

“La Tasa Interna de Retorno (TIR), que es en dolares y sumamente significativa, lo que genera, es, en realidad, que, si bien se dice que el proyecto demanda 16 mil 500 millones de dólares de inversión, en la práctica una buena parte de este número lo produciría el propio emprendimiento; es decir, que con una inversión de apenas 3 mil 966 millones de dólares, puede iniciarse un proyecto cuya rentabilidad permite financiar el resto de la inversión. En este sentido, lo único que estaría poniendo Chevron son 2 mil 200 millones de dólares. En este contexto, el margen de rentabilidad sería cercano al 800%; en resultados netos: 17 mil 232 millones de dólares.

“Claro que si se incluye la explotación de Los Moyes estas cifras serían muy superiores. ¿Por qué suponemos que esta segunda cuenca será penetrada? Porque se presentaron proyectados 585 pozos de carácter horizontal, que son los utilizados en este tipo de explotación y 1188 pozos de carácter vertical, que podrían ser dirigidos a explotar ambas cuencas.

“Esto viene acompañado de un planteo de nivelación de los precios internos con los del mercado internacional. En este sentido, a pesar de que Argentina quiera aporvechar la ventaja de una producción de costos por debajo de los valores internacionales, si luego los precios se equiparan, estaríamos funcionando como importadores de hidrocarburos.

“Respecto a la sección que establece que a partir del quinto año, la empresa podrá contar con con el 20% de la producción para ubicarla en el mercado internacional o, en caso de no conseguirlo, de venderla en el mercado local a precio exterior, habría que tener en cuenta que la puesta en marcha del emprendimiento llevará aproximadamente ese periodo de tiempo. Es decir, la empresa se apropiaría de ese 20% de producción prácticamente desde el inicio de la explotación de Vaca Muerta; disponiendo del 100% de las divisas y regulando precios a niveles internacionales. Esto viene de la mano de la reducción de aranceles de importación de equipos y, lo que es más importante, de una definición de carácter inconstitucional, que es la eliminación de las retenciones a los hidrocarburos.

“El otro tema, es por qué elegir a Chevron. Esta es una empresa que ya existe en Argentina y que si revisamos la concesión de la que dispone, podemos ver que dentro de este proceso de caída de la producción hidrocarburífera, Chevron está por debajo en un 15% respecto al resto de las empresas; es decir, que tiene una pésima performance. Por lo cual, no resulta muy entendible por qué se acuerda con una compañía que actualmente su concesión no está funcionando.

“Por otro lado, Chevron tiene una foja de servicios bastante complicada en sentido de regístro ambiental a nivel mundial. El último y más complejo caso es el ocurrido en Ecuador, en el cual le cabe un juicio por 19 mil millones de dólares por haber puesto en crisis ambiental una parte del amazonas.

“Nosotros consideramos que este es un proyecto inconveniente porque no establece los requisitos medioambientales más elementales; porque creemos que las condiciones del acuerdo le permiten a Chevron prácticamente financiarse con los resultados que el propio emprendimiento genera y, por lo tanto, el aporte de capital será sumamente bajo y la Tasa Interna de Retorno muy grande; porque no queda claro si se esta entregando sólo Vaca Muerta o si, a la vez, se entrega la otra cuenca, Los Moyes; porque se mete, otra vez, en una lógica exportadora, cuando deberíamos estar privilegiando el autoabastecimiento y por los antecedentes de Chevron.

“Por todas estas razones, nos parece que la estrategia oficial no cambia cualitativamente la estrategia energética que venía teniendo hasta el momento en que decidió avanzar en la estatización parcial de YPF.

“Desde nuestro punto de vista, deberíamos transitar otro camino, el de la auditoría integral del conjunto de los yacimientos y reservas que tiene la Argentina. Por otro lado, creemos que hay que avanzar en sentido de la derogación y erradicación de los decretos desreguladores de los ’90 y anular el decreto número 29, que es inconstitucional. No tiene sentido hablar de autoabastecimiento y permitir que sigan saliendo recursos y divisas.

“Creemos, también, que hay que revisar las concesiones del resto del capital privado para generar nuevos acuerdos y, si es necesario, expropiar nuevas cuentas en nombre de la petrolera nacional. Creemos que es mucho más conveniente evaluar acuerdos con la petrolera brasileña Petrobras para explotar la cuenca marina que enfocarse en la producción de hidrocarburos no convencionales.

“Hay dos elementos estratégicos necesarios de ubicar como horizontes.

“El primero, que no podemos seguir operando sobre la base de continuar dependiendo siempre de recursos hidrocarburíferos; es tiempo de modificar la matriz energética nacional.

“El segundo tiene que ver con la orientación productiva. Por detrás de las intenciones de proyectar al país como exportador de hidrocarburos y commodities, se esconde la necesidad de obtener dólares para sostener una industria desequilibrada con bajo aporte de progreso técnico y baja capacidad de generar empleos.

“Ser capaces de pensar otro modelo de desarrollo con un nivel extractivista menor y sobre la sabe de entender que los recursos naturales son una fuente de renta para producir el cambio productivo, es el camino que tiene que tomar la Argentina”.

Argenpress