Por Frente Unidad Sur
La patota del sindicato de petroleros privados y la policía agredieron a los vecinos y miembros de las Asambleas Ciudadanas que habían concurrido a la Legislatura para manifestar democráticamente su rechazo al contrato con Tecpetrol. Las agresiones, sucedidas tanto afuera como adentro del recinto, fueron permitidas por las autoridades provinciales.
Vale mencionar que este grupo de ciudadanos incluía a adultos y a niños, que acompañaban a sus madres y padres. Es decir, es un grupo pacifista, como sabemos todos los que los vemos manifestarse públicamente.
No puede decirse lo mismo de la patota del sindicato de petroleros que acudió a Rawson a poner “color popular” a la aprobación del contrato, retribuyendo así el porcentaje que el gobierno le dará.
Un incidente que avergüenza a la democracia de Chubut
Las autoridades de la Legislatura provincial dieron la orden a la policía para que desaloje del recinto a vecinos y miembros de las Asambleas Ciudadanas, diciendo que, si no se iban, la patota sindical “los iba a cagar a palos”. En ese momento, el diputado oficialista Gustavo Reyes dijo haber sido alcanzado por un espejo que le habrían lanzado desde las gradas.
En algunos medios de prensa del Valle se decía que “los ambientalistas fueron desalojados por causar disturbios en la sesión”. Parece que los violentos son los que reciben los palos y las patotas sindicales son pacíficos ciudadanos incapaces de insultar y agredir físicamente a quienes se manifiestan en contra de un contrato que les resulta jugoso. Como si no supiéramos cómo es la realidad. Es una operación para convertir a las víctimas en victimarios.
La violencia sindical tiene una larga historia en la provincia. En vinculación con los contratos petroleros, se puede mencionar, entre otras cosas, las bombas de estruendo que accionaron en la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, en 2007, cuando diferentes figuras del ámbito político querían explicar por qué el contrato con PAE perjudicaba al Estado. En ese entonces, como ahora, el gobierno los exculpó y, de ese modo, reforzó su impunidad para acciones violentas.
El gobernador Buzzi, responsable directo de la integridad física de las personas agredidas
Luego del violento desalojo, los ciudadanos se refugiaron en el Superior Tribunal de Justicia.
Como es de esperar, están indignados por la situación. Mientras tanto, en la Legislatura, se pretendió vivir una “fiesta popular y democrática”, con la algarabía de “los muchachos” que celebraron la aprobación * de un contrato vergonzoso, con una empresa que ha hecho todos los méritos posibles para que le retiren las áreas concesionadas y que contaría, a partir de ahora, con vía libre para el uso del fracking.
Entre los ciudadanos agredidos está César Antillanca, candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur.
Repudiamos las acciones represivas dispuestas por el gobierno de Martín Buzzi, en complicidad con la patota del sindicato de petroleros privados.
Asimismo, expresamos nuestra profunda solidaridad con los vecinos agredidos.
Pedimos a todas las personas que se manifiesten en contra de esta situación antidemocrática.* El contrato con Tecpetrol fue aprobado por 23 votos, del FPV, el PJ y el Modelo Chubut, contra 3 votos negativos de los diputados Roberto Risso (UCR), Anselmo Montes (FPV) y Oscar Petersen (Polo Social).
