Por David Hill*
14 de octubre, 2013.- Un comité de las Naciones Unidas afirma que los planes del Gobierno peruano para expandir un controversial proyecto de gas en la Amazonía, podría poner en peligro la “supervivencia física y cultural” de los pueblos indígenas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) escribió al embajador del Perú ante las Naciones Unidas, el 30 de agosto, indicando que había discutido la expansión de la explotación de gas en la zona de Camisea, en la región Cusco, y sus posibles impactos, en una reciente reunión bajo el procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente.
La carta del CERD dice que la expansión del gas podría causar a los indígenas que viven en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (RKNN) un “daño irreparable”, debido a su “extrema vulnerabilidad”, e insta al Perú a protegerlos de acuerdo a sus “obligaciones internacionales”. En particular, se refiere a la propia “Recomendación General No.23” del CERD, que solicita que los estados aseguren que “ninguna decisión en relación directa con los derechos e intereses (de los pueblos indígenas) sea tomada sin su consentimiento informado”, así como a una ley internacional denominada Convenio 169 (de la OIT) que establece que los pueblos indígenas tienen “derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. “
Esta es al menos la segunda vez que el CERD ha escrito al gobierno del Perú este año sobre este tema. El 1 de marzo, el Comité solicitó al Perú “la suspensión inmediata” de la expansión – un pedido que el Ministro de Energía y Minas (MEM) (Jorge Merino Tafur) , durante una audiencia en el Congreso del Perú a mediados de abril, dejó en claro pretendía ignorar.
La RKNN fue establecida en 1990, supuestamente para proteger a los pueblos indígenas extremamente aislados, pero una concesión de gas fue superpuesta a casi una cuarta parte de ella 10 años después. Pozos y tuberías ya existen en el oeste de la reserva, pero ahora hay planes para seguir avanzando hacia el norte, el este y el sur en la RKNN y perforar otros 21 pozos, construir una extensión de tubería de 10,5 kilómetros, y llevar a cabo pruebas sísmicas.
La concesión, ” Lote 88 “, es operada por un consorcio liderado por Pluspetrol e incluye a Hunt Oil y Repsol. Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la extensión de tubería, pruebas sísmicas y 18 de los 21 pozos está pendiente de aprobación por el MEM.
La carta del CERD de marzo fue una respuesta directa al llamamiento hecho por las organizaciones indígenas AIDESEP, COMARU y ORAU y la organización internacional de derechos humanos Forest Peoples Programme.
* David Hill es consultor del Programa de Pueblos de los Bosques, una organización internacional de derechos humanos que apoya a las organizaciones indígenas del Perú preocupadas por los impactos de la expansión del proyecto de gas de Camisea en los pueblos indígenas aislados. Puede seguirlo en su página web: www.hilldavid.com y en su cuenta de Twitter: www.twitter.com/@DavidHillTweets
