Las fotos de un informe interno realizado por una agencia del Gobierno peruano revelan desbroces ilegales en una reserva de la Amazonia supuestamente establecida para proteger a pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial.
El informe está basado en sobrevuelos en helicóptero de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (RKNN) realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) el 2 y 3 de febrero de 2012.
Casi un cuarto de la RKNN esta superpuesta por una concesión de gas, Lote 88, donde un consorcio liderado por Pluspetrol explota los campos de Camisea desde 2004. Según el informe, los sectores que fueron desbrozados, siete en total, se encuentran en las mismas ubicaciones donde ahora Pluspetrol espera perforar 21 nuevos pozos como parte de una expansión masiva de sus operaciones.
En las conclusiones del informe se lee: ‘De las siete plataformas proyectadas a futuro como parte de la ampliación del programa de exploración y desarrollo en el Lote 88 (San Martín Este, San Martín Norte, Kimaro Centro, Kimaro Norte, Kimaro Oeste, Armihuari Norte y Armihuari Sur), todas están señalizadas con desbroces.’
Los planes para perforar tres pozos en San Martín Este fueron aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el 13 de abril de 2012, pero el MEM no ha otorgado su permiso para los 18 pozos restantes en las otras seis ubicaciones.
Un ayuda memoria adjunto al informe indica: ‘Cabe señalar que, durante los sobrevuelos se registró que las locaciones donde se ubicarían las plataformas propuestas de las formaciones Kimaro, Armihuari y San Martín ya estaban desbrozadas, todas ellas al interior de la RTKNN. Al parecer esto tiene relación con las evaluaciones biológicas realizadas durante el 2010-2011 por Pluspetrol.’ El ayuda memoria recomienda ‘realizar las indagaciones respectivas sobre los procedimientos administrativos seguidos por Pluspetrol para haber realizado los desbroces en las locaciones propuestas de las plataformas.’
De acuerdo a un pedido formal de información presentado por Forest Peoples Programme (FPP) al Ministerio de Agricultura (MINAG), el 13 de junio de 2011 Pluspetrol recibió autorización para desbrozar 0.24 hectáreas en las ubicaciones llamadas Kimaru Norte, San Martín Norte, Armihuari Norte, Armihuari Sur, Kimaru Oeste y Kimaru Centro ‘para la Apertura de Helipuertos’ dentro de la RKNN mientras realizaba un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de sus planes para expandir las operaciones.
Sin embargo, al margen de estos procedimientos administrativos, la presencia de la empresa en esta región es ilegal de acuerdo a la legislación internacional y, por lo tanto, también a las leyes peruanas.
El 12 de julio de 1978 el Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo tanto todos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso los correspondientes a otros países, sientan precedentes vinculantes aplicables al Perú. Entre los muchos fallos relevantes para el proyecto Camisea se encuentra el emitido en 2012 sobre el pueblo Kichwa residente en la comunidad de Sarayaku, en la Amazonia ecuatoriana, que refuerza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa antes de que se establezcan concesiones en sus tierras. Ese fallo siguió al precedente de 2007 sobre el pueblo Saramaka en Surinam que estableció que, ante proyectos de ‘gran escala’, los Estados no solo deben consultar a los pueblos indígenas sino también ‘obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.’
Pero los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la RKNN no dieron su consentimiento ni fueron consultados sobre los planes de expansión de Pluspetrol. De hecho, no solo es imposible asegurar su consentimiento informado de tales proyectos, sino que cualquier intento de acercamiento para obtenerlo podría terminar con la vida de muchos de ellos a través de epidemias por su carencia de defensas inmunológicas.
La Corte Constitucional del Perú confirmó que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país son incorporados a las leyes domésticas en la Constitución y gozan de status constitucional, por lo tanto superior a leyes nacionales o cualquier contrato de inversión específico.
‘La explotación de los campos de gas de Camisea es por cierto un proyecto de gran escala y claramente el Perú está faltando a la ley,’ declaró Joji Cariño, directora de FPP. ‘La supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la región de Camisea está seriamente amenazada.’
Pluspetrol ya ha perforado pozos en el Lote 88, tres de los cuales se encuentran en la parte oeste de la RKNN. El EIA para los 18 nuevos pozos propuestos, la construcción de un ducto de 10.5 km y la realización de estudios sísmicos en cientos de kilómetros cuadrados se encuentra pendiente de aprobación por el MEM.
En esta EIA Pluspetrol admite que el contacto con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario es ‘probable’ durante sus operaciones, que estos pueblos generalmente son muy vulnerables al contacto y que como resultado puedan ocurrir ‘muertes masivas’, y que por una amplia variedad de razones los impactos de los planes de expansión sobre ellos serán considerables o podrían serlo.
En marzo de este año el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas reclamó al Perú la ‘suspensión inmediata’ de la expansión del proyecto de gas de Camisea en la RKNN.
Un anexo del informe de INDEPA incluye fotos de seis de las siete ubicaciones de la RKNN que fueron desbrozadas.
Para obtener una copia del informe de INDEPA o hablar con un abogado de FPP por favor escribir a press@forestpeoples.org
