“Y llega un momento en que uno debe adoptar una posición que no es ni cautelosa, ni diplomática, ni popular, sino que uno debe adoptarla porque la conciencia nos dice que es la correcta”. Martin Luther King, Jr.
Bienca Jagger.- El pasado 15 de octubre comenzó un juicio emblemático en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York; Chevron Corp vs. Steven Donziger et al.; una de las mayores petroleras del mundo contra los abogados y defensores que representan a los 30.000 demandantes de Lago Agrio, en Ecuador. Este caso es el más reciente de la larga y trágica historia de las víctimas ecuatorianas que luchan por hacer justicia.
Escribo esto porque no quiero que el problema real y de fondo quede en el olvido. Las comunidades ecuatorianas están luchando para obtener justicia por las violaciones de los derechos humanos y crímenes ambientales cometidos por Texaco entre 1971 y 1992 en la Amazonía norte del Ecuador. Desde 1993 estas víctimas ecuatorianas han estado buscando ayuda en el mayor litigio ambiental en la historia de América Latina.
He decidido hacer escuchar mi voz como una defensora de los derechos humanos; en 2003 visité las comunidades afectadas en las provincias ecuatorianas de Orellana y Sucumbíos, y durante mucho tiempo les he apoyado en su búsqueda de la justicia.
No estoy escribiendo como una defensora del equipo legal, ni apruebo su comportamiento, pero creo en la necesidad de hablar por las víctimas ecuatorianas que tal vez ahora nunca logren la justicia que merecen. Es sumamente importante que el Juez Lewis Kaplan, la prensa, y el público en general no pierdan de vista el problema de fondo.
El caso original contra Texaco (hoy Chevron) ha sido bien documentado. Entre 1971 y 1992, Texaco estuvo involucrada en una exploración petrolera descuidada, de la cual extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo en el Ecuador. Texaco perforó más de 350 pozos en un área de selva aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan, y arrojó cerca de 16.500 millones de agua contaminada en unas piscinas sin revestimiento protector – un 150% más que la cantidad que derramó el buque cisterna Exxon Valdez. Cuando Texaco salió de Ecuador en 1992, dejó 916 piscinas sin revestimiento y llenas de desperdicio tóxico, algunas apenas a unos metros de las casas de los residentes. Se dejó permear estos desechos altamente tóxicos derivados de la extracción petrolera hacia los acuíferos y el ecosistema en una de las selvas más valiosas del mundo. Al no haber agua potable, las familias de la región, entre ellos miles de niños, no tuvieron otra alternativa que beber, bañarse y cocinar con el agua envenenada de los riachuelos, ríos, lagunas y pantanos que han sido contaminados por Texaco.
La legislación de Estados Unidos exigen que estas piscinas sean cubiertas con un revestimiento impermeable. Los estados de Luisiana y Texas, grandes productores de petróleo, aprobaron estas leyes en la década de 1930. Texaco debió ser consciente de las terribles consecuencias estas piscinas si no se las revestía debidamente —tomaron una decisión basada en los cálculos de las ganancias. La compañía se ahorró unos 3 dólares por barril de petróleo producido al manejar el desecho tóxico en Ecuador de una manera que era impensable e ilegal en los Estados Unidos. El costo a la población humana es incalculable: ha destruido ecosistemas, ha hecho proliferar enfermedades, ha arruinado cultivos y ha matado ganado.
Durante mis visitas a las comunidades afectadas en 2003, quedé horrorizada ante la evidencia de las consecuencias por la exposición directa a esta agua tóxica. El sufrimiento y la devastación ambiental que presencié no es una invento ni ficción. Es el legado tóxico dejado por Texaco para las generaciones presentes y futuras.
En mayo de 1995, tres años después de que Texaco saliera del país, la República de Ecuador y Texaco llegaron a un acuerdo con respecto a las obligaciones de Texaco para limpiar el porcentaje de los sitios de explotación que le correspondía según su participación en el consorcio que sacó beneficios de la extracción petrolera. La empresa estatal petrolera de Ecuador, PetroEcuador, era el dueño mayoritario con el 62% de ese consorcio desde 1976 hasta 1992; por tanto, a Texaco se le exigió que limpiara solamente una parte menor de los sitios de explotación.
Este acuerdo formó parte más tarde de las alegaciones de Chevron que sostenían que el caso ya había sido zanjado. Sin embargo, no zanjó las reclamaciones de particulares o afectó a los derechos de las comunidades afectadas por las acciones de Texaco. Definitivamente el trabajo de limpieza realizado por Texaco fue limitado y no tuvo ningún efecto material que marcara una diferencia en las vidas de las comunidades ecuatorianas.
El desastre de Texaco desembocó en la demanda ambiental más grande de Latinoamérica hasta la fecha; fue interpuesta por 30.000 demandantes de la Amazonía ecuatoriana. Presentaron una demanda colectiva por 1.000 millones de dólares contra Texaco en Nueva York. Texaco hizo desestimar la demanda en Estados Unidos por motivos deforum non conveniens. En 2002, el tribunal estimó la petición de Texaco y el caso se trasladó a Ecuador con la condición de que la compañía no usara la figura de la prescripción del caso como defensa y que cualquier fallo tuviera validez en los Estados Unidos. Entre los demandantes existen cinco tribus indígenas: los cofanes, los siona, los secoya, los quichuas y los huaorani.
Chevron adquirió Texaco en 2001. A diferencia de los accidentes de Exxon Valdez y Deepwater Horizon, donde Exxon y BP, respectivamente, asumieron algo de responsabilidad por su negligencia, Chevron tuvo éxito en trasladar el caso fuera de los Estados Unidos porque le proporcionaba dos opciones: amañar el sistema judicial de un país extranjero, o eludir su responsabilidad al no reconocer la validez de la sentencia si no era favorable para ellos.
En febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano emitió un veredicto final ordenando a Chevron el pago de 18.500 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos. No obstante, debido a que Chevron no tiene propiedades en el Ecuador, los demandantes no han podido cobrar la indemnización que estipulaba el fallo.
Chevron ha gastado más de 400 millones de dólares en un ejército de abogados para evitar que la compañía pague, y ha gastado más de 100 millones de dólares en grupos de presión que influencien a legisladores y funcionarios gubernamentales para afectar el comercio entre Ecuador y Estados Unidos y desacreditar a Ecuador, su gobierno y su sistema judicial. Chevron inclusive ha presionado al Congreso de Estados Unidos y al Secretario de Comercio para no renovar las preferencias arancelarias de Ecuador, que expiraban el 31 de julio de 2013.
Incluso antes del fallo ecuatoriano en 2011, la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher, que representa a Chevron, estuvo trasladando físicamente el caso de Ecuador hasta Nueva York, de contaminación y derechos humanos a ética de abogados.
Gibson Dunn logró ordenes judiciales en Estados Unidos para obligar a los productores del documental CRUDO a entregar 600 horas de video sin editar sobre el caso ecuatoriano en 2010. Estos vídeos aparentemente muestran a un abogado de las comunidades ecuatorianas relatar cómo ejerció presión sobre los jueces ecuatorianos. Ahora Chevron está acusando al abogado de cometer fraude y asociación ilícita —procurar obtener un arreglo para su propio beneficio— y ha demandado a los abogados y asesores de los demandantes ecuatorianos.
Chevron interpuso tres acciones colaterales contra la sentencia de Ecuador ante un tribunal federal en Nueva York, presidido por el Juez Lewis Kaplan, que ha tenido una actitud desconcertante frente al caso. Los ecuatorianos han pedido que el Juez Kaplan sea recusado del caso. En el auto de Mandamus, los ecuatorianos manifestaron su preocupación por los términos utilizados por el juez; se refirió a ellos como los “auto denominados demandantes de Lago Agrio” y en un auto por escrito los describió como “un número de indígenas que dicen residir en la Amazonía ecuatoriana”.
El 26 de enero de 2012, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del segundo distrito judicial de Estados Unidos emitió un fallo que resolvía que el Juez Kaplan se había excedido en sus funciones cuando intentó bloquear el cumplimiento del fallo de 18.000 millones de dólares contra Chevron en todo el mundo por daños ambientales en Ecuador. Pero Chevron contraatacó.
Esto nos trae nuevamente al juicio que ha comenzado el pasado 15 de octubre en el tribunal federal de Nueva York, nuevamente frente al Juez Kaplan. Para evitar un juicio frente a un jurado, Chevron ha renunciado a sus demandas por daños y perjuicios contra los acusados. Existe un enorme desequilibrio de poder y recursos entre los dos lados. A diferencia de Chevron, la defensa tiene escasos recursos —como se demuestra en esta petición de Julio Gómez, en la que pide que el cronograma del juicio refleje el hecho de que:
Mi firma legal no tiene fondos para contratar a un abogado asociado, un paralegal, o por lo menos un asistente que me ayude durante el juicio debido a que no cuento con los fondos suficientes para cubrir las cuentas pendientes –mucho menos los gastos requeridos para el juicio. Ni siquiera he podido contratar dos asistentes para que me ayuden temporalmente a presentar los documentos de los demandados para el juicio previo en agosto.
Chevron también ha emitido citatorios para recopilar el contenido de emails a lo largo de nueve años —desde septiembre de 2003 hasta 2012— de 101 cuentas de email que pertenecen a personas que han tenido alguna conexión con el caso. La información requerida incluye nombres, fechas y horas y datos detallados de ubicación y de usuarios. El juez Kaplan accedió a emitir este citatorio en septiembre de 2013. Según la revista Mother Jones, esto se desvía peligrosamente hacia la violación de los derechos contemplados en la Primera Enmienda constitucional.
La republica de Ecuador también pidió permiso para intervenir en el juicio para proteger la confidencialidad de documentos secretos, que lograron llegar a las manos de Chevron en el juicio sin ninguna explicación.
El caso de los ecuatorianos está perdido en un laberinto legal. Las vías legales se están cerrando, de tal forma que las víctimas no tienen a dónde recurrir.
El fallo de 18.500 millones de dólares a favor de los demandantes ecuatorianos debió ser histórico, un emblema, un precedente para terminar con la impunidad de las corporaciones multinacionales en los países en vías de desarrollo y lograr justicia. Debió ser un ejemplo de esperanza. Pero después de 20 años de dura batalla, estoy comenzando a tener serias dudas sobre si las víctimas de Ecuador serán alguna vez compensadas.
Las comunidades ecuatorianas fueron víctimas de la explotación de una corporación multinacional, Texaco. Sus vidas y la de los sus niños se vieron afectadas por el agua tóxica que se derramó hacia las fuentes de agua de las cuales dependen. Este es el problema real y es una historia que es muy común a lo largo y ancho de todos los países en vías de desarrollo. Con su equipo legal siendo juzgado, ¿quién buscará ahora justicia para los demandantes ecuatorianos?
Apelo al Juez Kaplan, a la prensa, y al público en general para que por favor no se olviden de lo que aquí está en juego. No permitan que este embrollo legal eclipse los problemas que están en el centro de este caso: derechos humanos, justicia y protección del medio ambiente.
© The Huffington Post
