Por Base Is.-
Horacio Cartes asumió la Presidencia de la República el 15 de agosto, encarnando en su persona un conjunto de intereses económicos y políticos, no exclusivamente del Partido Colorado -que ansiaba retornar al Palacio de López desde hacía cinco años- sino principalmente del empresariado.
Si bien su posición neoliberal y conservadora eran conocidas desde antes de la campaña electoral, nadie previó que a los pocos días de haber asumido iba a iniciar una ofensiva caracterizada por una avalancha de propuestas de leyes que apuntaban.
No solo a garantizar la aplicación del recetario de la Escuela de Chicago, sino también a la concentración del poder en su persona. Esta nueva oleada neoliberal ya no apunta sólo a la “privatización” de las empresas públicas, incluye además la “inversión” en infraestructura y el avance de la lógica extractivista.
Si bien apuntan a aumentar el lucro del sector privado (principalmente de las grandes corporaciones internacionales) apropiándose de los bienes públicos, los objetivos apuntan también a aumentar y/o consolidar su control político e ideológico sobre diferentes esferas (educación, cárceles, seguridad, sistema agroalimentario, entre otros)
En el Congreso Nacional contaba con la mayoría suficiente para la aprobación y/o modificación de las leyes que quisiera. Esta mayoría no estaba dada sólo por los votos colorados, sino por los votos de los partidos que desde sus inicios se caracterizaron por defender los intereses de la clase dominante.
El bloque que en varias oportunidades logró articular el Frente Guasu con representantes de otras bancadas, se opuso sin la mayoría para evitar que se aprueben. Por otro lado, el movimiento popular y la ciudadanía en general se encontraban -en apariencia- lo suficientemente desmovilizados como para constituirse en un freno significativo a sus planes.
Crear las condiciones que garanticen la aplicación neoliberal
La primera propuesta del Poder Ejecutivo al Parlamento fue la modificación de la ley de “Seguridad Interna1”, presentada el 19 y promulgada el 24 de agosto.
Tal como fue denunciada por varias organizaciones, entre ellas la CODEHUPY2, viola principios constitucionales y contradice estándares internacionales de los Derechos Humanos. Asimismo rompe con el principio de equilibrio entre los poderes del Estado, en vista que transfiere atribuciones del Poder Judicial y del Legislativo a la Presidencia de la República.
A partir de su aprobación se legaliza la acción de las Fuerzas Armadas en conflictos internos3, lo que anteriormente solo le estaba permitido en el marco del estado de excepción, que debía ser autorizado por el Congreso por un tiempo específico y en un territorio determinado.
Que ésta haya sido la primera ley no es casual. Cartes –como buen empresario- sabe que hay que tener el mango en la mano antes de empezar a aplicar medidas que van a generar protestas. Muchos son los estudios que demuestran que el neoliberalismo es incompatible con la democracia4 y que la única manera de garantizar su aplicación es con un fuerte dispositivo represivo.
El segundo hecho significativo de mencionar fue la campaña contra las organizaciones de derechos humanos, es decir, las organizaciones que vienen denunciando desde hace varios años atropellos que se cometen desde el Estado.
Esta campaña tuvo como voceros, inclusive, a representantes del Partido Colorado en el Parlamento Nacional. Cobró cierta fuerza en las redes sociales y una vez más la prensa empresarial actuó como caja de resonancia. Pretendían así restarle credibilidad a las futuras denuncias que se iban a dar, porque sabían de antemano que iban a violentar los derechos humanos.
Una campaña similar ya se había iniciado -desde el golpe parlamentario de 2012- contra el Frente Guasu, por supuestas vinculaciones del ex Presidente de la República, Fernando Lugo, con el EPP y fue retomada con fuerza apenas asumió Cartes.
Adecuar el marco normativo para neoliberalizar
El proyecto económico de Cartes apunta a achicar el Estado, priorizar la seguridad jurídica para los inversionistas, abrir el sector público al capital privado, mercantilizar bienes, servicios básicos y la naturaleza misma, al tiempo de facilitar al máximo las condiciones para la radicación de inversiones en el país.
Ha traído bajo el brazo una serie de cambios legislativos que ha logrado imponer rápidamente, gracias a la presión y el lobby de los gremios empresariales, el apoyo de los medios de comunicación, el control que aún tiene sobre sus bancadas en ambas Cámaras del Congreso y el apoyo del desorientado y oportunista PLRA.
Lo grave es que las políticas neoliberales que planea implementar son las mismas o inclusive peores5 –aunque hoy se les ponga otro nombre- que fueron aplicadas con mucho ímpetu en la década del 90 en la región y que ya demostraron que sólo amplían las brechas de desigualdad, aumentan la concentración de la riqueza y empobrecen a las mayorías, además de atentar directamente contra la soberanía nacional. Las leyes más importantes que envió al Parlamento para su aprobación son una prueba de ello:
a.Aprobación del Congreso de modificaciones tributarias, creación del Iragro (Impuesto a la Renta Agropecuaria) y el IVA Agropecuario (10/09/13): La intención por la cual se había propuesto la transformación del Imagro en el Iragro, y la extensión del IVA al sector agropecuario, era evitar la aprobación del Impuesto a la exportación de materias primas agrícolas(rechazado por los gremios de grandes productores).
Los cambios no modifican nada del injusto sistema tributario paraguayo. El Iragro solo aumenta la tasa del impuesto a la renta para los medianos y un sector de pequeños productores, mientras que para los grandes productores mantiene la tasa anterior, 10 %.
El IVA agropecuario gravará todos los productos agropecuarios con una tasa variable de entre 5 y 10 %, con lo cual se castigará a la población en general, dado su impacto en los productos de la canasta básica alimentaria.
Mientras que para los exportadores de productos agrícolas se prevé la devolución del 50 % del IVA. Con esto se refuerza el carácter regresivo e injusto del sistema tributario, al aumentar el alcance del IVA, que no considera la capacidad contributiva de quien tiene que pagarlo.
A pesar de que la intención del Iragro era evitar la aprobación del impuesto a la exportación de granos, ambos fueron aprobados, siendo el segundo vetado por Cartes y retornando al Congreso.
b.Aprobación de Ley de Responsabilidad Fiscal (26/09/13): esta ley responde al objetivo de achicar el Estado, limitando su capacidad de participación en diversos ámbitos de la sociedad, y por ende, dando más espacio para la expansión del sector privado.
Esta ley establece que el gasto corriente público no podrá incrementarse en más de un 4% anual más la tasa de inflación, con lo cual el Estado no podrá extender el alcance de sus políticas públicas, entre ellas la cobertura de salud y educación, dado que entre los gastos corrientes se encuentran las remuneraciones necesarias para contratar más personal y extender dichos servicios.
La misma ley establece que los salarios del sector público no podrán ser aumentados, salvo variación del salario mínimo. En el fondo, el objetivo estratégico de esta ley es que no haya necesidad de crear impuestos o aumentar los existentes, a partir del congelamiento del gasto público. Este es un valioso obsequio para el sector empresarial, siempre contrario a pagar impuestos.
c.Aprobación de la Ley de Alianza Público Privada en infraestructuras y servicios públicos6 (28/10/13): Las políticas de privatizaciones no fueron profundizadas en Paraguay, tanto por contradicciones internas del Partido Colorado a mediados de la década del 90 como por el rechazo de las organizaciones populares en el año 2002. La política de concesiones corrió similar suerte, con malas experiencias ya en época de Wasmosy e intentos fallidos impulsados por el Ministro de Obras Públicas de la era Lugo, Efraín Alegre.
Para sortear este rechazo popular, el gobierno Cartes impulsa una ley de concesiones bajo el engañoso nombre de Alianza Público Privada, que de acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley, propone la entrega de infraestructuras y servicios básicos a empresas del sector privado.
Con esta ley el presidente Cartes podrá concesionar, saltándose al Congreso y al artículo 202 de la Constitución Nacional, la construcción y/o gestión de rutas, aeropuertos, hidrovías, empresas estatales de electricidad, agua, telecomunicaciones, cemento, combustibles, cárceles, y todo aquello que ofrezca renta y control estratégico, por periodos de hasta 40 años.
Además de entregar estos bienes al capital privado, el Estado cede su soberanía jurídica, trasladando la jurisdicción a arbitrajes internacionales, como puede ser el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, que meses atrás condenó al Estado argentino a pagar más de quinientos millones de dólares a inversores extranjeros.
Para completar la entrega de los intereses públicos a favor de empresarios nacionales o corporaciones internacionales, la ley permite crear fondos fiduciarios constituidos por recursos públicos, para garantizar el desarrollo de alianzas público privadas, asumiendo el Estado costos y riesgos adicionales.
Estas tres leyes -además del decreto7 que deja prácticamente de lado la necesidad de la evaluación de impacto ambiental y la ley de seguridad de inversiones8- sientan las bases necesarias para consolidar la ofensiva neoliberal, dejando atado de pies y manos al Congreso Nacional (que de todos modos es cómplice del proceso) y poniendo –en la práctica- el país en venta.
La resistencia al modelo
Sin embargo, no todas las cosas le están siendo tan sencillas. El primer obstáculo no fueron los partidos de oposición, ya que con la mayoría logró firmar el Acuerdo por Paraguay9 (conocido como pacto azulgrana), sino que fueron dirigentes de las bases del Partido Colorado quienes se sintieron altamente agraviados por el nombramiento de técnicos10 en lugar de “políticos” en muchos de los principales ministerios. Este fue el primer revés; Cartes tuvo que ceder y recomponer muy parcialmente su gabinete.
Si bien el movimiento popular parecía estar bastante desmovilizado y hasta desorientado, las centrales sindicales después de mucho tiempo tomaron la iniciativa y realizaron la primera acción. El 3 de setiembre más de mil delegados participan del Congreso Unitario11, convocado por la CUT-A, CNT, Frente Sindical y Social y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP), con el lema “Por un Paraguay con Justicia Social.”12 El Congreso marca el inicio de un proceso –aun incipiente- de rechazo y resistencia al modelo neoliberal.
Al momento de asumir, Cartes heredaba conflictos que no había podido resolver el gobierno golpista, entre otros, la lucha de los choferes de línea 30 y la movilización de los gremios docentes. El primer conflicto se resolvió favorablemente, no así el segundo, que se va sumando progresivamente a espacios de unidad de acción con otros sectores populares.
La lucha de las víctimas de la masacre de Curuguaty es otra herencia. Hasta el momento las instancias judiciales no se expidieron en relación a la propiedad de la tierra. Sin embargo, el caso ya pasó a Juicio Oral, a pesar de las innumerables irregularidades de todo el proceso.
Las luchas en las bases campesinas continúan; entre el 15 agosto y 31 de octubre se producen cinco desalojos13 con una violencia extrema. El caso de la comunidad Laterza Cué es un ejemplo significativo de cómo independientemente a la legalidad de los títulos de propiedad, la consigna es “limpiar el campo de campesinos”.
La militarización de la zona norte del país es otro hecho que no se puede dejar de mencionar, principalmente la ocurrida en la comunidad de Tacuati Poty (San Pedro). Éste fue el primer lugar donde se instalaron las Fuerzas Armadas -con tanquetas y campamentos permanentes.-tras asumir Cartes y flexibilizar la posibilidad de usarlas según su voluntad. Allí se generaron no solo una serie de atropellos –como interrogatorios intimidantes hasta a niños de la comunidad que daban clases en una escuela- sino también un ambiente de miedo e incertidumbre a la comunidad campesina.
Las primeras medidas impulsadas por este gobierno no dieron tiempo de reacción por la rapidez en que las mismas se dieron; la vieja estrategia de “atacar por sorpresa” le funcionó a la perfección. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la ley conocida como de “Alianza Público-privada”, gracias a la difusión temprana del proyecto dado a conocer por el Frente Guasu, las campañas impulsadas por medios alternativos y la iniciativa de recolección de firmas por las centrales sindicales.
Las movilizaciones masivas en diferentes puntos del país para exigir el rechazo de la ley de APP, convocadas por la Coordinadora Democrática14 y por el Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional15 y que contaron con la adhesión de otras organizaciones, no impidieron que la misma fuera aprobada. Estas movilizaciones, sin embargo, mostraron el rechazo de sectores importantes de la población y su capacidad de ejercer presión en las calles.
Los intereses en juego eran tales que una vez más actuó la estrategia cartista de comprar cuando no se puede convencer, tal como lo denunció el senador liberal Luis Alberto Wagner, al señalar que “quizás” los 15 diputados de su partido que votaron a favor de la alianza público-privada (APP) se vendieron” al presidente Horacio Cartes”16.
Son muchas las acciones que van a ser impulsadas por las organizaciones para lograr su derogación; mientras que algunas hacen referencia a una huelga general, otras ya están promoviendo una acción de inconstitucionalidad. Lo más significativo es que las dirigencias populares parecen haber despertado del letargo y las unidades empiezan a tomar forma.
En la medida en que la resistencia al gobierno va tomando cuerpo, las medidas represivas se van intensificando, principalmente en las bases movilizadas. Solo en la última semana de octubre se da:
La represión policial a manifestantes que se encontraban en la Plaza de Armas el lunes 28 de octubre al momento de cerrarse la votación de la Ley de Alianza Público Privada.
El violento operativo que culmina con la detención de Rumilda Giménez González y su padre Águedo Ramón Giménez.
Las situaciones de violencia producidas durante la resistencia a fumigaciones protegidas por policías en San Vicente (Distrito Chore, San Pedro); Tacuati Guazú (Distrito de San Joaquín, Caaguazú); Ñurumí (Distrito de Caaguazú) y Colonia Tava Jopói (Distrito de Curuguaty, Canindeyú).
La balacera de la que fue víctima Tomás Zayas en la madrugada del 31 de noviembre (Comunidad Triunfo, Km 34, Minga Guazú).
El desalojo violento con helicópteros, armas de grueso calibre, policías antimotines, GEO y fiscales en el asentamiento Joaju, distrito Yvyrarovana, Canindeyú.
Finalmente, tardamos -por suerte- menos de cien días para entrar a actuar en esta perversa obra teatral, que estuvo en auge en países de la región en décadas pasadas y que fue adaptada para su re-estreno en nuestro país. Acto I: crear las condiciones represivas y empezar a aplicarlas cuando fuera necesario; Acto II: crear las condiciones legales y la concentración del poder al actor verdugo (esta es la adaptación más innovadora, dado que ya pasó la época de cruentas dictaduras militares, hubo que darle una forma “democrática”); Acto III el pueblo se moviliza; en el Acto IV las represiones se van intensificando; que el Acto V no sea el Paraguay manejado como una empresa más del grupo Cartes -con un gobierno autoritario de nuevo tipo- dependerá exclusivamente de la fuerza de la resistencia.
FOTO: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/images/7452
CITAS:
1- El nombre completo es “Que modifica los artículos 2º, 3º y 56º de la Ley Nº 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna”.
2- http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223:codehupy-exhorta-a-senadores-a-votar-en-contra-de-modificaciones-a-la-ley-de-defensa-nacional-y-seguridad-interna&catid=9:pronunciamientos&Itemid=9
3- No sólo para la lucha contra el llamado Ejército del Pueblo Paraguayo y en el norte del país, sino contra cualquier acción que sea considerada una amenaza, tal como aparentemente ocurrió el día 1 de noviembre en el Puerto de Asunción (Militarización del puerto para evitar reclamos de despedidos https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171158906424189&set=a.169796573227089.1073741828.169702306569849&type=1&theater).
4- Quizás sea oportuno mencionar particularmente la doctrina de shock de Naomi Klein
5- En las privatizaciones de la década del 90, la empresa interesada en lucrar con el servicio la compraba; hoy basta que invierta en el mejoramiento de lo ya existente (es decir, ni siquiera el Estado recibe el pago por la compra; paradójicamente aunque continúe formalmente siendo el “propietario” pierde absolutamente el control de su patrimonio). Si el negocio no sale bien el riesgo es asumido por el Estado y si llega a haber algún desacuerdo entre ambas partes, se saltan las instancias nacionales a un organismo de arbitraje internacional que siempre ha favorecido los intereses de las grandes corporaciones.
6- Ley 5.102 ” De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
7- Decreto 453/13 que modifica ilegalmente la Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental”, dejando de hecho sin efecto sus aspectos más importantes
8- Que se encuentra en etapa de elaboración y próximamente será tratada por el Congreso Nacional.
9- Impulsado por la ANR, firmado por el PLRA, Avanza País, Encuentro Nacional y Unace, los únicos resultados concretos que tuvo fue la repartición de cargos y probablemente gestiones que ofrezcan impunidad para casos de corrupción.
10- Muchos de ellos provenientes del sector empresarial, como los Ministros de Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, y otras carteras como Secretaría del Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, etc.
11- http://ea.com.py/se-realizo-hoy-el-congreso-unitario-sindical-campesino-y-social/
12- Con las intenciones de entablar un proceso de diálogo con los poderes del Estado, al día siguiente del congreso se realiza una cumbre con los tres poderes del Estado, formaron comisiones de trabajo, que –como muchas otras- terminaron en el oparei.
13- El 2 de octubre en Caaguazú Poty, distrito de Yhú en Caaguazú; 10 de octubre en Laterza Cue distrito Mariscal López en Caaguazú; 25 de octubre en La Paloma del Espíritu Santo en el distrito de Salto del Guairá en Canindeyú; el 30 de octubre en Yvyrarovana en Canindeýu ; y el 5 de noviembre en la colonia Tapiracuai Lopa de Caapiibary en San Pedro.
14- Integrada por la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), Sindicato de Trabajadores de la Copaco (SINATEL), Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP), Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), el Frente Patriótico Popular (FPP), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat), el Frente Guasu y el Partido de los Trabajadores (PT).
15- Integrada por OTEP-SN, Federación Nacional campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahura (PPP), Mujeres de la Corriente Sindical Clasista y la Juventud Paraguay Pyahura.
16- http://www.ultimahora.com/app-wagner-cree-que-diputados-del-plra-se-vendieron-cartes-n735677.html
Base Is
