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Por: Alejandro Teitelbaum

En su edición del 11 de noviembre de 2013 el diario oficialista Página 12 informó que…” La Justicia rechazó la demanda de un director de YPF designado por Repsol que había solicitado una copia del contrato firmado con la estadounidense Chevron. Luego de que la empresa se negara a darle la documentación…”.

Es un episodio más en la saga del secreto que envuelve el acuerdo YPF-Chevron.

Dicho acuerdo, de manifiesto interés público nacional y en particular de interés público para la provincia de Neuquén, tendría que darse a conocer en su integridad y ser debatido en las instancias representativas nacionales y de la provincia de Neuquén y por las organizaciones populares interesadas.

Otro ejemplo flagrante de la ocultación del acuerdo ha sido el tratamiento del tema en la legislatura de Neuquén donde la mayoría oficialista votó acuerdos de concesión a YPF… hasta el año 2048! a sabiendas de que en los hechos son concesiones a Chevron. Cuando legisladores opositores de distintas tendencias sostuvieron que era imprescindible conocer los términos del acuerdo YPF-Chevron, la mayoría kichnerista respondió “que lo que le corresponde a la provincia es negociar con YPF, titular de la concesión, mientras que los términos del acuerdo de cooperación que la petrolera estatal firme con Chevron escapan a la incumbencia provincial”. (Página 12 del 29 de agosto de 2013. Luz verde en Neuquén al acuerdo con Chevron). Como puede verse, en el título del artículo, el diario oficialista no intenta disimular que el acuerdo es en los hechos con Chevron y que YPF actúa como simple testaferro.

Aun sin conocerse los términos del contrato, es evidente que la puesta en ejecución del mismo es contraria al interés nacional, pues además de dar en concesión por un tiempo desmesuradamente prolongado a una empresa extranjera importantes recursos naturales, provocará enormes daños ambientales con los consiguientes efectos negativos sobre la salud de la población local.

Así ha actuado Chevron en Ecuador, como es de pública notoriedad.

Pero Chevron, como otras grandes transnacionales petroleras, cuando se trata de defender los enormes beneficios que obtienen de la explotación de los yacimientos, tienen otra carta en la baraja: el apoyo logístico y el financiamiento a la represión de las protestas populares.

Un ejemplo. En mayo de 1998, miembros de la comunidad Ilaje de Nigeria ocuparon pacíficamente una plataforma petrolera de Chevron en el delta del río Níger para protestar por los daños ambientales que provocaba dicha explotación, que afectaban especialmente sus actividades como pescadores en aguas contaminadas.

La respuesta del Gobierno nigeriano, con el apoyo logístico y financiero de Chevron (que proporcionó helicópteros) fue ocupar la plataforma con fuerzas especiales, matar a dos de los ocupantes, herir a varios de ellos y detener a los sobrevivientes, que fueron encarcelados y torturados.

El juicio contra Chevron en Estados Unidos (Bowoto c/Chevron) no prosperó con el argumento de que Chevron Texaco no era responsable por lo actuado por su subsidiaria Chevron Nigeria. Es un argumento frecuentemente utilizado por las sociedades transnacionales para eludir sus responsabilidades.

De modo que el empeño oficialista por mantener oculto el contenido del acuerdo YPF-Chevron, autoriza a suponer que contiene cláusulas altamente perjudiciales para la Nación y sumamente lesivas para el pueblo argentino. Y dados los antecedentes delictuosos de Chevron en materia ambiental y de violaciones a los derechos humanos, mientras el Gobierno no pruebe lo contrario dando a conocer la integridad del acuerdo, cabe presumir que el mismo constituye una verdadera asociación ilícita.

Aunque no se puede esperar que prospere, dada la colusión de los tres poderes a favor de Chevron (recuérdese el dictamen de la Procuradora Gils Carbó y el voto ampliamente mayoritario de la Corte Suprema para levantar el embargo trabado contra Chevron por Ecuador) se debería intentar, con fundamento en los artículo 41 y 42 de la Constitución uno de los recursos que autoriza el artículo 43 de la misma, a fin de obligar al Gobierno a publicar la integridad del acuerdo YPF-Chevron.

Argenpress