Cristina Kirchner reestructuró el organigrama de poder del área energética
Los cambios en el Gobierno condujeron a una nueva paradoja energética. El ministro de Economía, Axel Kicillof, bajo la bandera del intervencionismo, tomó las medidas que pedía el “mercado” petrolero. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se fijó entre sus metas normalizar los canales de financiamiento externo para la inversión privada, tal como indicaba el decálogo empresario. Suficiente para que 2014 se presente como el año con mejores perspectivas para la industria en la última década.
El retorno de la presidenta Cristina Kirchner a las funciones ejecutivas permitió que los empresarios petrolerosdespejaran algunas dudas en torno a cómo se reestructurarían los resortes políticos con ascendencia sobre el sector energético después de la dura derrota sufrida en las elecciones de octubre. El ascenso de Axel Kicillof como ministro de Economía no hizo más que confirmar un secreto a voces en el sector: ideólogo de la expropiación de YPF y hombre fuerte del Gobierno para temas hidrocarburíferos y eléctricos desde mediados del año pasado, el economista cercano a La Cámpora acentuará su poder de decisión sobre las variables que afecten a la industria.
No llamó la atención, entonces, que dos de las primeras medidas del flamante titular del Palacio de Hacienda hayan apuntado, por un lado, a recomponer el precio del gas en boca de pozo para las petroleras medianas, un viejo pedido de las empresas para elevar inversiones, y por el otro, a impulsar el consumo de biodiesel en surtidores y usinas eléctricas para palear el efecto nocivo de las barreras arancelarias que impuso Europa buscando reducir, aunque sea de forma gradual, las importaciones de derivados fósiles.
Kicillof estuvo acompañado, al momento de esos anuncios, por el ministro de Planificación, Julio De Vido, lo que, a priori, significó un respaldo a su investidura, algo mancillada en los últimos meses por rumores de renuncia y de reestructuración del área que comanda. Sin embargo, en los hechos, el funcionario santacruceño y su equipo –encabezado por el coordinador ministerial Roberto Baratta– no se saldrán, al menos durante los primeros meses de 2014, del lugar que les asigne el nuevo ministro de Economía.
Los entretelones del acuerdo con Repsol sirven para graficar la redistribución de poder al interior del Gobierno. Así, mientras Kicillof ultimaba con los enviados de la petrolera ibérica y del Gobierno español los detalles del armisticio por la expropiación, De Vido ni siquiera participaba de la reunión en el piso 33 de la torre de YPF en Puerto Madero. Todo un índice del retiro del otrora superpoderoso ministro de los círculos auráticos de poder.
Interrogante y certeza
El gran signo de interrogación que los empresarios petroleros no terminan de descifrar es el nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. ¿Qué poder real tendrá el ex gobernador de Chaco en la fijación del nuevo rumbo energético? ¿Participará de la reestructuración del esquema de servicios a las tarifas de gas y electricidad? Es muy rápido para saberlo, pero por lo pronto Capitanich es uno de los funcionarios que instaló en la agenda pública que el Gobierno está evaluando una actualización parcial de las tarifas de luz y gas.
De lo que no quedan dudas es que Miguel Galuccio, fortalecido por el espaldarazo que significó el acuerdo con Repsol, adquirirá todavía más protagonismo en lo que viene. El ingeniero entrerriano, que en los últimos meses acentuó su injerencia en la gestión del área energética, aspira a cerrar nuevas asociaciones con inversores, fundamentalmente para desarrollar Vaca Muerta, la formación de la cuenca neuquina que es sindicada en la industria como un megayacimiento no convencional de hidrocarburos.
En esa dirección, inmediatamente después de conocido el principio de solución del diferendo, YPF recibió la llamada de varias petroleras del exterior interesadas en retomar canales de diálogo. En esa lista figuran empresas norteamericanas como Anadarko Petroleum, ConocoPhillips, y Southwestern Energy, así como también europeas, como BP, y asiáticas, como la malaya Petronas y la china CNOOC.
Habrá que ver, frente a ese contexto, qué papel juega el primer responsable institucional del área, es decir, el secretario Daniel Cameron, que mantuvo fuertes enconos con De Vido, su jefe en el organigrama del Ministerio de Planificación, y había quedado prácticamente relegado al ostracismo público. Aun así, Cameron es uno de los pocos funcionarios a los que la industria energética le reconoce su formación técnica, por lo que el secretario aspira a que esta reorganización interna del Gobierno le permita recuperar el protagonismo perdido.
Giro copernicano
El giro paradigmático del Gobierno tras el retorno de la presidenta luego de su licencia posoperatoria, motorizado por la incipiente pero clara intención de reconstruir los puentes con los mercados financieros internacionales para frenar la hemorragia de reservas del BCRA, terminó de darle impulso a la estrategia que el presidente de YPF venía tejiendo desde hace más de un año.
En este punto conviene alumbrar un dato: el pacto con Repsol no tiene sólo raíces “energéticas”, dada la urgencia del Gobierno de apuntalar la llegada de inversiones extranjeras para revitalizar la oferta de crudo y gas, que cae de forma ininterrumpida desde 2005 y es la causa madre del insostenible déficit energético. También se explica por la necesidad de desatar un nudo gordiano que atenta contra el plan de captar créditos blandos en el exterior para solventar obras de infraestructura por más de u$s 15.000 millones, la estrategia delineada por el Ejecutivo para alentar el ingreso de divisas al país.
Medidas de estímulo
Lo cierto es que el nuevo gabinete energético comandado por Kicillof debutó con una medida que fue bien recibida por los empresarios petroleros. A fines de noviembre, el ministro de Economía presentó el Plan de Estímulo a la Inyección Adicional de Gas destinado a petroleras medianas. La iniciativa fue denominada por el propio funcionario “Plan Gas II”, después de la primera edición del programa lanzada a principios de 2013.
Según Kicillof, el Plan Gas I –suscripto por YPF, Pan American Energy, Total, Sinopec, Roch, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Petrolera Pampa, Enap Sipetrol y Wintershall– permitió aumentar un 3,9% la producción del fluido entre mayo de 2012 y noviembre de 2013. “De esa manera, generó un ahorro de importaciones por u$s 787 millones. Según las proyecciones, la oferta de gas de las empresas firmantes crecerá un 17% en 2017, por lo que provocará un ahorro de u$s 10.295 millones”, señaló Kicillof.
Con ese aliciente, el Plan Gas II autoriza al Gobierno a pagar entre u$s 4 y u$s 7,50 por millón de BTU a las petroleras que reduzcan la declinación de su oferta gasífera. La empresa recibirá un precio más alto de acuerdo con cuánto logre frenar la caída. En el caso de aumentar su oferta, cobrará u$s 7,50, casi tres veces la media que reciben hoy los productores.
En los hechos, la iniciativa apunta a evitar que la extracción siga cayendo. Según los números presentados por Kicillof, las empresas que participarán del programa aportan hoy 21,2 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas. Si no recibieran estímulos económicos, su producción caería hasta 15,3 MMm³/día en 2017. “La idea con este plan es que se mantengan en torno a los 21 millones”, explicó Kicillof.
Como se ve, no se está pensando en una solución mágica. En la industria lo ven como algo positivo. Al menos, afirman, el Gobierno aceptó que el déficit energético es un problema estructural y que, si no se lo ataca con medidas que alienten la inversión, la gravedad y su incidencia en la macroeconomía se acentuarán de forma veloz en los próximos años. Ya ese cambio de cosmovisión, concluyen, recompone las deshilachadas expectativas a mediano plazo.
