Colombia: Medio ambiente, consultas populares y democracia

No obstante la mezquindad de ciertos sectores de la sociedad frente a las consultas populares a nivel local, éstas y todo tipo de participación efectiva de la población son expresiones que deben mantenerse, alentarse y potenciarse para que algún día la población colombiana, en palabras de William Ospina, “sienta que la ley procede de ella, expresa su voluntad y garantiza sus derechos”.
Por Omar Ramírez
@xojrhx
Una de las principales características de los actuales modelos económico y político en Colombia es la separación de la gente de su propio hacer, es decir, el distanciamiento de la intervención concreta de los sujetos en la configuración de sus espacios de vida, de tal forma que el despojo y la representación (que derivan algunas veces en indiferencia y otras en impotencia) se convierten en elementos distintivos de las relaciones sociales dominantes.
Una de las principales características de los actuales modelos económico y político en Colombia es la separación de la gente de su propio hacer, es decir, el distanciamiento de la intervención concreta de los sujetos en la configuración de sus espacios de vida, de tal forma que el despojo y la representación (que derivan algunas veces en indiferencia y otras en impotencia) se convierten en elementos distintivos de las relaciones sociales dominantes.
Las dinámicas de gestión de los territorios en Colombia no escapan de esta lógica. A nivel nacional, desde la Constitución Política de 1991, se impulsó la descentralización política, administrativa y económica con el propósito, entre otros, de acercar el Estado a todos los ciudadanos, de dar una respuesta más rápida y eficiente a demandas específicas, de animar la participación de la población en las deliberaciones locales, en últimas, de ampliar y fortalecer las instancias democráticas en todo el territorio nacional. No obstante, emulando el ambiente político de finales del siglo XIX e inicios del XX, parece que el país continúa pensándose, organizándose y planificándose desde exiguos puntos geográficos y desde la óptica de grupos minoritarios de poder.
Muestra de lo anterior es lo acontecido en las consultas populares adelantadas en los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare) en 2013. En el primero caso, el día 28 de julio, el 99% de los votantes rechazó el proyecto de la multinacional AngloGold Ashanti de ubicar en este municipio una planta de procesamiento de oro que se obtendría de la polémica mina La Colosa. En el segundo caso, el 15 de diciembre, el 96% de los asistentes rechazó la idea de realizar actividades de exploración y explotación de petróleo (específicamente del proyecto sísmico Odisea 3D) por parte de Ecopetrol.
En ambos casos se evidencia el sentido rechazo por parte de las comunidades de adelantar, dentro de sus jurisdicciones, proyectos de minería a gran escala e hidrocarburos, al considerar que atentan contra la calidad ambiental y las condiciones de vida de su población.
Este tipo de consultas populares no sólo son innovadoras en el país, son también un claro ejemplo del espíritu democrático y no centralista de la constitución de 1991. Pero más allá de esto, son un ejemplo de organización popular, valentía, dignidad colectiva y participación social efectiva de ciudadanos que, preocupados por su salud, por sus fuentes de agua, por su calidad ambiental y de vida, por su futuro, en fin, por asuntos que comprometen su integridad al afectarse sus escenarios de vida, deciden levantar una voz y aminorar la separación de su propio hacer a la que han estado sometidos.
En un país donde las mafias, el narcotráfico, las clases dominantes y los partidos políticos tradicionales (hoy en día es difícil de diferenciar unos de otros) han opacado la participación ciudadana y han configurado a su antojo el panorama político en buena parte del territorio nacional a costa de desplazamientos, desapariciones y amenazas, este tipo de ejercicios democráticos son extraños y, por tanto, valiosos. No obstante, los centros de poder y la obtusa visión cortoplacista de las clases dominantes, acostumbradas a negociar el futuro del país al mejor postor, en vez de rodear, alentar y fortalecer estos legítimos ejercicios participativos, despliegan estrategias con el fin de deslegitimarlas.
Es así como a petición del director corporativo de asuntos de gobierno de AngloGold Ashanti Colombia, la Procuraduría emitió el 25 de julio de 20131 (tres días antes de la consulta popular en Piedras) un comunicado al alcalde donde indica que los municipios no tienen autoridad para excluir o prohibir la actividad minera. En términos legales el tema es espinoso y, a decir del abogado César Rodríguez Garavito, el problema jurídico es complejo y no está decidido totalmente porque no hay precedentes de consultas populares como la realizada en este municipio2. Pero lo que sí queda claro es la intención intimidante del comunicado y la diligencia con que la Procuraduría da respuesta a este tipo de solicitudes.
A esto hay que sumarle la expedición del decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 por parte del Ministerio de Minas y Energía3, donde se establece que ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la actividad minera, por lo que ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla. Este decreto no sólo es un gran soporte a la locomotora minera de Santos, también es una estrategia del gobierno nacional para ordenar el territorio desde la capital, desde el centro, desde la lejanía de la complejidad del territorio, desconociendo las voces de sus habitantes, lo que implica el despojo de su accionar político.
Algo similar sucedió en el caso de Tauramena, al recibir días antes de la consulta popular la visita del ministro de minas y energía, de la ministra de ambiente y desarrollo sostenible, la viceministra del interior y el presidente de Ecopetrol. Su objetivo disuasorio no se cumplió, como tampoco la invitación del gobierno nacional realizada semanas antes de los comicios a 18 líderes de la región, al proponerles declarar la zona como reserva forestal si se suspendía el proceso4.
Ante estos hechos surgen varias preguntas: ¿Cuál es el temor del gobierno nacional por la realización de estas consultas populares? ¿Qué caminos se le abren a un pueblo que se manifiesta, que utiliza las herramientas democráticas para expresar sus aspiraciones, que legítimamente reclama soberanía en su territorio al ser los directamente afectados, pero que no encuentra respaldo en las instituciones del orden nacional? ¿Cuál es el propósito de ordenar el país desde la capital, a espaldas de la opinión de los habitantes de los territorios? No obstante la mezquindad de ciertos sectores de la sociedad frente a las consultas populares a nivel local, éstas y todo tipo de participación efectiva de la población son expresiones que deben mantenerse, alentarse y potenciarse para que algún día la población colombiana, en palabras de William Ospina, “sienta que la ley procede de ella, expresa su voluntad y garantiza sus derechos”.
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1http://es.scribd.com/doc/156826454/Oficio-Municipio-Piedras-Tolima
2http://www.elespectador.com/opinion/el-matoneo-ambiental-de-procuraduria-columna-456501
3http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2013/decreto934.pdf
4http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13293577
 
Palabras al Margen