Buzzi, de Chubut, y Sapag, de Neuquén, se niegan a aceptar la propuesta; los combustibles subieron por encima de lo autorizado
El miércoles, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que había autorizado un aumento del 6% en los precios de los combustibles de YPF y el resto de las marcas, mientras que Shell bajaría sus valores de venta. Dos días después, sin embargo, nada de eso parece encaminado a cumplirse.
El “acuerdo”, como lo presentó el jefe de Economía, al que había llegado con las productoras de crudo y las refinerías para contener el impacto de la devaluación sobre los precios de los combustibles chocó con la férrea oposición de los gobernadores de las provincias petroleras, un escollo difícil de sortear. Sin su aval, las productoras de petróleo no aceptarán bajar su precio, por lo que su decisión no se traducirá en menores costos para las refinadoras, que moverán los valores de las estaciones de servicio de acuerdo con la devaluación.
En la Argentina, el precio del petróleo, que explica un 80% de los costos de producción de las naftas y el gasoil, está en dólares. Kicillof inventó una fórmula para que, tras la devaluación, impacte menos en las pizarras de las estaciones. Propuso tomar un tipo de cambio de $ 6,88, vigente al 21 de enero, para las operaciones de compra y venta de petróleo. Y luego establecer un sendero ascendente: $ 7,20 en marzo, $ 7,60 en abril y $ 8 en mayo, hasta converger con el cambio actual. Esas modificaciones irían acompañadas de subas en los combustibles.
Ese mecanismo bajaría en dólares el precio local del petróleo. Pero también el de las regalías que reciben los distritos productores, que se calculan sobre el precio real de venta del crudo.
Martín Buzzi, gobernador de Chubut y presidente de la Ofephi, la organización que reúne a las 10 provincias productoras de hidrocarburos, criticó ayer en duros términos la propuesta del Gobierno. “Las provincias somos las propietarias del subsuelo y no deberían tomarse decisiones sin consultarnos”, dijo ayer a medios provinciales. Y completó: “Además de tener un impacto directo sobre las inversiones del sector y, como consecuencia, el nivel de empleo, la fijación de un tipo de cambio menor o una pesificación tendría una fuerte incidencia sobre los ingresos de la provincia. Recibiríamos menos fondos por regalías, lo cual significa menos recursos para obras”.
Antes, el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, había sostenido que si se aplica el acuerdo que evalúa el Gobierno la inversión petrolera en la provincia caería un tercio. Y Jorge Sapag, el jefe provincial, había dicho el miércoles que “la provincia va a defender con firmeza los derechos de todos los neuquinos y el precio del petróleo y del gas como condición necesaria para sostener la inversión en la actividad”.
La oposición a la pesificación del mercado unió a los opuestos. Sapag se reunió con el jefe del sindicato petrolero de su provincia, Guillermo Pereyra, con quien estaba distanciado desde las elecciones del año pasado, en las que el sindicalista fue elegido senador. Ambos acordaron trabajar juntos contra el plan oficial.
Kicillof se reunió el viernes pasado, el martes y el miércoles con empresarios productores de petróleo y de combustibles para establecer un nuevo esquema de precios. Ante la negativa de los gobernadores a aceptar el pacto, algunos empresarios volvieron a contactar al ministro. Tuvieron una respuesta concreta: les prometió que él se encargaría de hablar con los gobernadores.
Shell bajará sus precios sólo si sus proveedores le responden la carta que la empresa les mandó anteayer, en la que les pide que le informen si están en línea con el acuerdo propuesto por el Gobierno. Ése es el motivo por el cual la empresa no cambió los números de sus pizarras (ver aparte).
Las productoras de crudo están convencidas de que no modificarán sus precios hasta que los gobernadores bendigan esa decisión. Sin su visto bueno, tampoco bajarán las naftas de Shell y habrá más presión para que aumenten los combustibles de las otras marcas.
La Nación
