¿Puede o no puede una comunidad autónoma promulgar una ley para prohibir el fracking en su territorio? Así lo hizo el Gobierno de Cantabria (PP) el año pasado, pero ahora la norma está suspendida porque el Ejecutivo central (también del PP) ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Tras Cantabria, aprobaron leyes similares La Rioja y Navarra, y hay iniciativas legislativas en marcha en Aragón, Baleares, Valencia y el País Vasco. Municipios y regiones tratan de poner freno a esta controvertida técnica de extracción de hidrocarburos que genera incertidumbres medioambientales por el uso intensivo de agua, el empleo de sustancias químicas y el peligro de afectar a los acuíferos. Será el Tribunal Constitucional el que decida si tienen competencias para prohibirla, pero de momento el Consejo de Estado les quita la razón. La ley cántabra es inconstitucional “por extralimitación competencial”, concluye su dictamen.
La ley cántabra, de momento la única recurrida, prohíbe “actividades cuya regulación es competencia exclusiva del Estado”, señala el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. De ahí que el Consejo de Estado considere que “existen fundamentos jurídicos suficientes para su impugnación ante el Tribunal Constitucional”. Una comunidad autónoma, argumenta este órgano, no puede decidir “la prohibición absoluta de llevar a cabo una técnica de investigación o explotación en materia de hidrocarburos”, añade. La ley cántabra se basaba en las competencias regionales en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo, medio ambiente e industria. Sin embargo, esas competencias tienen “como límite las normas del Estado relacionadas con industrias que estén sujetas a la legislación de hidrocarburos”, afirma el Consejo de Estado.
El recurso de la Abogacía del Estado reconoce que “el gas no convencional es fuente de un intenso debate en España, particularmente en la cuenca vasco-cantábrica, donde los proyectos son más visibles”, citando un informe del Ministerio de Industria. También señala que el fracking, o fracturación hidráulica, “se emplea en los pozos convencionales desde 1940, lo que permite aumentar su productividad”. El abogado del Estado menciona en su argumentación la dependencia energética española al afirmar que no puede admitirse que la comunidad autónoma establezca “prohibiciones desproporcionadas” de una técnica minera que “puedan dar lugar a la privación de recursos energéticos estratégicos para el interés general en un marco de histórica dependencia del exterior en este sector esencial”.
En el recurso al Constitucional, al abogado del Estado también le preocupa el hecho de que la ley cántabra haya sido solo la primera de una serie de normas que pretenden evitar la exploración y la extracción de gas de esquisto en sus territorios. “La extensión de esta iniciativa en otras comunidades autónomas puede suponer una seria limitación de la explotación de estos recursos, lo que acredita la incidencia de estas medidas sobre la ordenación general de la economía”, asegura en el texto, con fecha de 25 de enero. El dictamen del Consejo de Estado es de dos días antes, 23 de enero.
También muchos Ayuntamientos se están movilizando en contra del uso de esta técnica. La iniciativa Municipios libres de fracking ya tiene numerosas adhesiones, especialmente en zonas con permisos de exploración de hidrocarburos concedidas.
El consejero de Medio Ambiente cántabro, Javier Fernández, destacó este lunes que Cantabria “no va a estar sola” en la “pelea” contra elfracking y calificó de “lógico y esperable” que el Consejo de Estado “defienda las tesis” del Gobierno central.
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, criticó el hecho de que, entre los informes que acompañan el recurso de inconstitucionalidad de la Abogacía del Estado no figura ninguno del Ministerio de Medio Ambiente. “No se entiende por qué la opinión ambiental no la da el órgano ambiental, sino el sustantivo, el Ministerio de Industria, que es el que tiene interés en la autorización. Da idea de parcialidad total”, añadió.
Morán considera que el boom del fracking que se quiere importar desde Estados Unidos “no tiene ningún recorrido” porque las características geológicas y legales en Europa no tienen nada que ver. “Creemos que el gran negocio del fracking no está en el campo sino en el parqué. Asistimos a movimientos de carácter especulativo. Estamos ante un producto financiero, que se acabará cuando sea imposible sostener la ficción”, añadió. Le hemos propuesto al Gobierno que haga como en Francia, que encargue a un grupo interdisciplinar de académicos independientes que elaboren un informe de pros y contras y con eso que vaya a las Cortes; lo debatamos y lo evaluemos. Y que durante ese tiempo no autoricen nada, que suspendan las exploraciones y declaren una moratoria como en Francia”, concluyó.
No antes de dos años
E. G. S.
Decida lo que decida el Tribunal Constitucional acerca de las prohibiciones regionales de lfracking, lo cierto es que todos los permisos de exploración de hidrocarburos en España están aún “en una fase preliminar”, tal y como señala un informe de la Dirección General de Política Energética y Minas que acompaña al recurso del Gobierno. “No parece factible la perforación de ningún sondeo con fractura hidráulica antes de dos años”, asegura. Los permisos de investigación que concede el Ministerio de Industria son genéricos, para “hidrocarburos”, pero se calcula que la mayoría de los más de 70 actuales son para buscar gas no convencional.
