A 76 años de nacionalización petrolera: México reabre puertas

Martha Andrés (PL)
Mientras los mexicanos conmemoran el aniversario 76 de la nacionalización petrolera, el Congreso se alista para discutir las leyes secundarias de una reforma que abre ese sector a la participación de la inversión privada nacional y extranjera.
Para el país latinoamericano representó un gran logro la expropiación realizada por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) el 18 de marzo de 1938, cuando puso en poder del Estado el control de los hidrocarburos, con lo que, según analistas, puso fin al saqueo de esos recursos por parte de compañías foráneas.
Según planteó el mandatario en aquel momento, la nacionalización respondía al interés de la clase trabajadora de todas las industrias del país, así como al interés público de los ciudadanos, que necesitaban la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo.
Cárdenas señaló que estaba en juego la soberanía de la nación, pues se encontraba expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando las leyes mexicanas, pretendía eludir los mandatos y las obligaciones impuestas por autoridades del propio país.
De ese modo, fueron expropiados mediante decreto presidencial los bienes muebles e inmuebles de empresas como la Huasteca Petroleum Company, la Sinclair Pierce Oil Company, la Standford y Compañía, la Richmond Petroleum Company y la California Standard Oil Company of Mexico.
En el propio año 1938 surgió Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa paraestatal que pasó a controlar entonces toda la actividad energética, uno de los ejes fundamentales de la economía nacional, y cuya exclusividad sobre los hidrocarburos quedó rota con la reforma energética aprobada en diciembre pasado.
Tras la nacionalización, la propiedad pública sobre ese tipo de recursos quedó consolidada con la reforma al artículo 27 constitucional, realizada en 1940, en la cual se estableció que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirían concesiones. Después de la administración de Cárdenas el tema del petróleo estuvo presente de un modo u otro en los diferentes gobiernos mexicanos, y fueron varios los intentos por realizar modificaciones constitucionales relacionadas con el sector.
Con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, el nuevo ejecutivo hizo del tema energético la columna vertebral de su programa, al argumentar que era preciso revertir la disminución en la productividad que estaba sufriendo Pemex.
En agosto de 2013 el mandatario dio a conocer su iniciativa en la materia, que por primera vez desde el decreto de Cárdenas representó la posibilidad de que el capital privado participara en la industria energética mexicana.
Pese a la oposición legislativa de la izquierda y las protestas de varios sectores sociales en contra de la medida, esta fue pasando todos los caminos parlamentarios precisos para su aprobación, tanto en el Congreso de la República como en los locales, y finalmente fue promulgada el 20 de diciembre de 2013.
La reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y quedó diseñada para atraer a inversores privados operar de forma independiente en el país o asociarse con Pemex mediante contratos de servicios, de ganancias y de producción compartida, así como a través de licencias.
Concretado ese paso, corresponde ahora a las dos cámaras legislativas aprobar las leyes complementarias, y mientras tanto, fuerzas como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y agrupaciones civiles continúan la lucha por frenar su aplicación, ya sea a través de protestas o con la petición de una consulta ciudadana sobre el tema.
La división creada en el país en torno a la reforma, con impulsores y detractores, quedó demostrada una vez más este martes, cuando el jefe de Gobierno mexicano encabezó en el estado de Veracruz el aniversario 76 de la expropiación y resaltó los beneficios de la iniciativa energética.
En tanto, en el capitalino Monumento a la Revolución, durante un acto organizado por el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del exmandatario protagonista de la nacionalización, señaló la necesidad de derogar la reforma para rescatar el petróleo y cuidar el subsuelo para las próximas generaciones.

Argenpress