Crece presión sobre provincias para emitir deuda por acuerdo YPF-Repsol

El Gobierno nacional tomó nota de la negativa de algunos gobernadores de provincias petroleras que no quieren endeudarse para pagar el resarcimiento a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones. Cristina insiste en que las 10 provincias que integran el directorio de YPF emitan unos US$2.450 millones en bonos destinados al pago a la petrolera española, de lo contrario amenaza con quitarles áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados a ese desembolso. Buzzi (Chubut), Sapag (Neuquén) y Pérez (Mendoza) ya avisaron que no aportarán, tienen una situación fiscal compleja que les impide actuar como inversores petroleros. El próximo martes se tratará en Diputados el acuerdo de compensación a Repsol.

El próximo martes (8/04) la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de resarcimiento a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones tras la estatización de YPF. La votación ocurrirá en un contexto de visible molestia de los gobernadores de lasprovincias petroleras a las que el Gobierno nacional está presionando para que se endeuden por US$ 2.450 millones y así compartan con Nación los desembolsos. Ya en Senado, la representante por Chubut, Graciela Di Perna, se abstuvo en la votación y explicitó la postura de su gobernador, Martín Buzzi (a su vez titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI) por el alto costo económico y financiero para la provincia.

Son tres los mandatarios provinciales que abiertamente se niegan a endeudar a sus provincias para pagar la cuenta de Repsol: Martín Buzzi (Chubut), Jorge Sapag (Neuquén) y Francisco Pérez (Mendoza). Ante la negativa nada menos que del Presidente de la OFEPHI y los otros dos gobernadores, ahora Cristina Fernández pasó a la amenaza de quita de concesiones para pagarle a Respol.

Buzzi había adelantado que no firmaría el acuerdo con Repsol y recordaba que la provincia era la generadora del petróleo que había explotado la firma español. Por este acuerdo, Chubut debe desembolsar US$ 205 millones para mantener las acciones que tiene en YPF.

En tanto, US$500 millones le corresponderían a Mendoza porque se queda con 20,6% del paquete reservado a los estados hidrocarburíferos.

No vamos a pagar en efectivo ni a endeudarnos por las acciones de YPF que nos corresponden“, había dicho Sapag semanas atrás. Neuquén tendría que asumir obligaciones con Nación por US$1.024 millones.

Chubut, Neuquén, Río Negro, Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza controlan el 24,99 por ciento de las acciones de la compañía y un 26,03 ha quedado en manos del Estado nacional, que ahora exige a los gobernadores tomar mayor protagonismo.

A pesar de las negativas, el Gobierno de Cristina aumentó la presión sobre las diez provincias petroleras.

Casi todos los gobernadores sufren una situación fiscal compleja que les impide actuar como inversores petroleros y al mismo tiempo tienen una injerencia menor sobre el funcionamiento cotidiano de YPF y recuerdan que ellos no decidieron la estatización, sino que fue el gobierno nacional.

Los mandatarios provinciales vienen dialogando con los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio de Vido; además del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y en escena apareció un gobernador de una provincia que hasta el momento no tiene yacimientos: Sergio Urribarri, reveló la agencia Noticias Argentinas, quien actúa como mediador.

Fue Capitanich quien hizo la advertencia que si las provincias no cuentan con recursos propios podrían pagar con la concesión de áreas de exploración y explotación petrolera.

Los gobernadores tienen otra idea, que las provincias paguen con las utilidades futuras que genere YPF, una alternativa que no convence al CEO Miguel Galuccio, quien tiene como meta reinvertir el 100% de las utilidades en la explotación y exploración para poder ponerle fin al déficit energético.

En los próximos días equipos técnicos de la Nación y de las provincias continuarán analizando el tema, antes de la votación en Diputados.

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