Futuro oscuro: Los cortes de luz y la debacle eléctrica en Argentina

Otra vez, diversas zonas del país sufrieron cortes de luz al comenzar el calor de diciembre. Los involucrados se pasan la pelota, sin brindar ninguna respuesta. Lea esta nota y vea lo que nos espera en materia energética
Por Damián Bil
OME-GIHECA
A fines de 2013, Buenos Aires y otros puntos del país volvieron a sufrir cortes eléctricos al comenzar el calor. Barrios enteros estuvieron más de dos semanas sin luz. A comienzos del 2014, incluso se repitieron los desperfectos. Como ocurrió en los ‘90 y en años más recientes [1], la población se movilizó con los métodos del movimiento piquetero, demandando la restitución del servicio. Los reclamos llegaron a su pico durante la tercera semana de diciembre, para luego disminuir con el inicio de las vacaciones, la baja de la demanda en la ciudad y la restitución paulatina del servicio en algunas de las zonas.
Los involucrados se patean la pelota: el Gobierno, mientras destaca los avances en generación y en la red de alta tensión, señala como causa el crecimiento de la demanda y culpabiliza a las distribuidoras por la falta de inversión en instalaciones. Incluso, Capitanich amenazó con estatizar el sector. Por su parte, las distribuidoras, quebradas, reclaman por el aumento de tarifas, que se mantienen congeladas, con escasas actualizaciones, desde 2002, y el incumplimiento de su revisión, lo que erosiona su situación contable y les impediría invertir [2]. En el medio, los usuarios reciben un servicio cada vez más precario, a pesar de los millonarios subsidios para la actividad.
El problema de la electricidad en la Argentina es más profundo. Está ligado a la baja competitividad de la burguesía que acumula en el país. Por su ineficiencia en términos mundiales, debe recibir compensaciones que le permitan sobrevivir en el mercado. Una de ellas es el abaratamiento de los insumos de energía y de salarios. La debacle del sistema evidencia los límites económicos del “modelo” -basado en la transferencia de riqueza a los empresarios- y la imposibilidad de sostenerlo.
El sector eléctrico en Argentina
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se estructuró en los ‘90 con la privatización. Consta de tres etapas: generación, transporte y distribución. En la generación, se produce la electricidad, en plantas que funcionan bajo diferentes principios técnicos. En Argentina, predominan las térmicas, que producen por medio de combustibles como gas, carbón o derivados pesados del crudo, las cuales concentran el 61% de la oferta. Otro 35% se produce en centrales hidroeléctricas y un 3% en nucleares. La oferta es en tres cuartas partes privada, con capacidad total de 31.400 MW, aunque en términos de entrega efectiva es de alrededor de 24.000 MW, casi alineada con la demanda máxima registrada.
La segunda etapa de la cadena es el transporte, encargado de conectar los centros de generación con el consumo mediante el sistema de alta tensión, a cargo de Transener. La distribución troncal regional se encuentra a cargo de seis transportistas y agentes menores.
Por último, en la distribución se procesa la entrega de electricidad generada a los usuarios, mediante la transformación del suministro a niveles de baja/media tensión para su ramificación vía cableado y posterior consumo.
El MEM está coordinado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad S.A. (CAMMESA), una empresa de gestión privada con propósito público. Su  función es coordinar la operación de despacho en tiempo real, planificar la necesidad de potencia, establecer precios mayoristas, administrar las transacciones del sistema interconectado y autorizar las importaciones de combustibles para la generación térmica, entre otras. Además, es la receptora de los subsidios del Estado nacional a la electricidad. Aquí se encuentra la piedra de toque del sistema.
¿Quién paga?
Como toda producción capitalista, la generación de electricidad tiene un costo, que incluye la depreciación del capital fijo, el salario y los insumos, que en las centrales térmicas es principalmente el combustible fósil. Por ese costo se paga, en el mercado, un precio o tarifa. En 2002, el Gobierno dispuso el congelamiento de tarifas de electricidad y gas natural para consumidores, entre otros servicios. Luego, ciertos indicadores económicos se recompusieron, mientras se generaba una espiral inflacionaria por los déficits estructurales de la economía. Los costos de la cadena se incrementaron, mientras que el precio pagado por el usuario se mantuvo con escasos aumentos nominales (una baja en términos reales): mientras que entre enero de 2002 y agosto de 2013 el monto en categoría R2 (demanda bimestral superior a 300kWh) aumentó alrededor de un 5% en términos nominales, la inflación fue de más de 450%. Otra dificultad, que se agrava en los últimos años, es la dependencia de combustibles fósiles para generación. Ante el progresivo agotamiento del gas, el Gobierno se ve obligado a importar cada vez más combustibles líquidos, menos eficientes y que reducen la vida útil de los equipos, haciendo la producción aun más costosa. Este problema se magnifica por el incremento de los precios internacionales de estos combustibles, sobre todo el del gas licuado, en el marco de la crisis internacional. Desde finales de 2008 a la fecha, estos aumentaron el 100%.
En este marco, la diferencia entre el precio pagado por el usuario y los costos de generación fueron cubiertos por subsidios del Estado a CAMMESA. Para tener una magnitud de lo necesario para sostener la generación, en 2011 el costo medio real en el MEM era de 80 dólares por MWh. El consumidor pagaba 15 U$S/MWh. En 2013, en pesos, el costo de generación alcanzó los 828 $/MWh, mientras que CAMMESA pagaba un precio mayorista ocho veces menor [3].
Los subsidios del Estado son administrados por CAMMESA (en 2013, casi 34 mil millones de pesos), y no van al área de distribución. La normativa del MEM establece como pago a las distribuidoras un porcentaje del precio, que se denomina Valor Agregado de Distribución, y se rige por la inflación de los EE.UU. El ENRE debe actualizar periódicamente esa tarifa. No obstante, ese precio no ha recibido cambios sustanciales a lo largo de los años. Las distribuidoras atribuyen a esto la falta de inversión, reconocida en sus propios balances como “imposibilidad de mantener la calidad del servicio”: mientras que en los ‘90 Edenor y Edesur gastaban 600 millones de dólares anuales en mantenimiento y ampliación, en 2012 no erogaron siquiera una tercera parte. La desinversión en el área metropolitana se ubicaría entre los 2.000 y 4.000 millones de dólares [4]. Este fenómeno se refleja en la edad del parque y en las fallas de transformadoras y equipos por sobrecarga en los picos de demanda, cables subterráneos que colapsan al superar la capacidad de transporte máxima, entre otros inconvenientes.
No va más
Durante el último mes, detrás de la parafernalia de las amenazas de estatización, el Gobierno anunció que financiará obras en distribución, reconociendo implícitamente el reclamo [5]. Pero esto no es más que un parche. El problema es que no se trata de una simple “crisis energética”, sino el sinceramiento de los límites de la acumulación de capital en el país, en el marco de la crisis. Durante más de una década, se transfirieron ingentes recursos a subsidiar la electricidad. El discurso era que se buscaba proteger los ingresos de los hogares. De fondo, estaba destinado a apuntalar la acumulación de una burguesía que, sin transferencias, no puede reproducirse. Esto se producía al abaratar un insumo esencial de la industria y mediante el mantenimiento del nivel salarial, al ser la electricidad un componente del consumo obrero [6]. Sin embargo, a pesar de estos incentivos, en diez años no surgieron sectores que se insertaran competitivamente en el mercado mundial. La perspectiva de una posible quita parcial de subsidios, ante las dificultades de conseguir endeudamiento externo, no hace más que reconocer este fracaso. Un escenario como el que se vislumbra, sin un cambio en la estructura general de la propiedad del sector, es el de un círculo vicioso: el alivio en las arcas del Gobierno por el sinceramiento de tarifas profundizará la contracción de la economía, y con ello la crisis.
Para la clase obrera, el “rodrigazo” que descarga la burguesía se completa con el alza general de tarifas. Hay que diseñar un plan de acción ante este panorama. La solución comenzará a perfilarse cuando los servicios se pongan bajo el control de los trabajadores y sus organizaciones.
 

 
NOTAS:
[1] Desalvo, Agustina: “Déjà vu. Apagones y movilizaciones sociales”, El Aromo, n° 36, 2007.
[2] Véase estados contables en sitio web de la Bolsa o en el de CNV, o en Análisis de la situación económico-financiera de las principales empresas del sector energético, IAE, octubre 2013.
[3] Roitman, Mauricio: “Crisis eléctrica”, IAE; http://goo.gl/10O3bV.
[4] La Tercera, 21/12/13, http://goo.gl/1ODWXo; y Abeceb.com, http://goo.gl/1jBlqc.
[5] Véase Tiempo Argentino, 11/1/14, http://goo.gl/bqXmzw.
[6] Véase Rodríguez Cybulski, Viviana: “Pobres pero caros. Los límites a la suba salarial bajo el kirchnerismo”, El Aromo, n° 70, 2013.
El Aromo marzo/abril 2014