Son números engañosos, porque quedaron un tanto desactualizados. Pero sirven para presentar el tema. Según estadísticas de la Secretaría de Hacienda a las que accedió El Inversor Online, el presupuesto 2014 del programa de Estímulo para la Inyección Excedente de Gas (Plan Gas), lanzado por el Gobierno en enero del año pasado para incentivar la inversión en los yacimientos del fluido, es de $ 4855 millones. De ese total, hasta la semana pasada se habían devengado $ 1.010,66 millones y en concreto, se había pagado a las empresas adheridas a la iniciativa $ 792,29 millones.
En rigor, los fondos asignados al programa que figuran en la Ley de Presupuesto 2014 aprobada en el Congreso quedaron desfasados tras la fuerte devaluación de enero. Hoy en día, en la industria señalan que los subsidios reales que pagará el Estado por el Plan Gas podrían ser un 70%, 80% o hasta el 100% más de lo originalmente anunciado.
¿Cómo funciona el Plan Gas? Los productores que se inscribieron bajo el paraguas de la iniciativa se comprometieron a sostener su producción de gas por encima de una curva de declinación natural de sus yacimientos que fue convenida con técnicos del Gobierno. Si se mantienen por arriba de ese nivel, el Estado paga -en forma de subsidios- un precio mayor por el hidrocarburo, fijado en US$ 7,50 por millón de BTU, casi tres veces más que la medida del mercado.
El principal problemas que acarrea el Plan Gas son los plazos de pago a las empresas que logran cumplir con sus objetivos de producción. La encargada de autorizar los incentivos económicos -mejores precios- es la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, presidida por Emmanuel Álvarez Agis y controlada por el ministro de Economía, Axel Kicillof. El organismo constata la oferta inyectada por las empresas al mercado y habilita las partidas presupuestarias.Pero lejos de estar aceitado, ese trámite puede demorar varios meses.
En julio del año pasado, y luego de que los principales productores de gas -YPF, Total y Pan American Energy (PAE)- cuestionaran la excesiva demora del Estado para materializar los pagos, la Comisión publicó la resolución 8/2013 que autoriza al Ejecutivo a abonar por adelantado un 75% del monto pretendido por las petroleras. El 25% se cancelaba una vez que la Comisión haya fiscalizado en detalle los números de los privados.
La normativa permitió agilizar el funcionamiento del sistema de incentivos. Pero caducó el 31 de diciembre y aún no fue renovada. Por lo que el Gobierno empezó a acumular importantes deudas con las empresas adheridas al Plan Gas. Incluso con YPF, la petrolera controlada por el Estado, que a partir de la compra de Apache se convirtió en el mayor productor de gas del país.
En los pasillos del edificio de Puerto Madero existe malestar por el tema. De hecho, colaboradores directos de Miguel Galuccio, CEO de la empresa, intentaron en las últimas semanas discutir la cuestión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, dado que la deuda del Estado con la compañía superaría los $ 1000 millones, según comentaron a este medio fuentes al tanto de la disputa.
En rigor, los fondos asignados al programa que figuran en la Ley de Presupuesto 2014 aprobada en el Congreso quedaron desfasados tras la fuerte devaluación de enero. Hoy en día, en la industria señalan que los subsidios reales que pagará el Estado por el Plan Gas podrían ser un 70%, 80% o hasta el 100% más de lo originalmente anunciado.
¿Cómo funciona el Plan Gas? Los productores que se inscribieron bajo el paraguas de la iniciativa se comprometieron a sostener su producción de gas por encima de una curva de declinación natural de sus yacimientos que fue convenida con técnicos del Gobierno. Si se mantienen por arriba de ese nivel, el Estado paga -en forma de subsidios- un precio mayor por el hidrocarburo, fijado en US$ 7,50 por millón de BTU, casi tres veces más que la medida del mercado.
El principal problemas que acarrea el Plan Gas son los plazos de pago a las empresas que logran cumplir con sus objetivos de producción. La encargada de autorizar los incentivos económicos -mejores precios- es la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, presidida por Emmanuel Álvarez Agis y controlada por el ministro de Economía, Axel Kicillof. El organismo constata la oferta inyectada por las empresas al mercado y habilita las partidas presupuestarias.Pero lejos de estar aceitado, ese trámite puede demorar varios meses.
En julio del año pasado, y luego de que los principales productores de gas -YPF, Total y Pan American Energy (PAE)- cuestionaran la excesiva demora del Estado para materializar los pagos, la Comisión publicó la resolución 8/2013 que autoriza al Ejecutivo a abonar por adelantado un 75% del monto pretendido por las petroleras. El 25% se cancelaba una vez que la Comisión haya fiscalizado en detalle los números de los privados.
La normativa permitió agilizar el funcionamiento del sistema de incentivos. Pero caducó el 31 de diciembre y aún no fue renovada. Por lo que el Gobierno empezó a acumular importantes deudas con las empresas adheridas al Plan Gas. Incluso con YPF, la petrolera controlada por el Estado, que a partir de la compra de Apache se convirtió en el mayor productor de gas del país.
En los pasillos del edificio de Puerto Madero existe malestar por el tema. De hecho, colaboradores directos de Miguel Galuccio, CEO de la empresa, intentaron en las últimas semanas discutir la cuestión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, dado que la deuda del Estado con la compañía superaría los $ 1000 millones, según comentaron a este medio fuentes al tanto de la disputa.
