Frente al Proyecto de Ley que intenta regular las protestas: No a la criminalización!

 
Durante los primeros meses del año en curso, el Gobierno Nacional ha cedido a las presiones de los grande grupos económicos, implementando políticas de ajuste sobre el bolsillo de los/as trabajadores/as: tras la devaluación y en un contexto inflacionario planteó techos a las paritarias, aumentos insuficientes de las jubilaciones y congelamiento de los planes sociales, encarecimiento del transporte y los servicios de agua y gas.
Ante esto se han manifestado las primeras señales de resistencia por parte de nuestro pueblo, como lo demostraron el histórico paro docente en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como Jujuy o Salta. Estas luchas – en el caso de Salta aún en curso- demostraron que cuando nos movilizamos los reclamos toman otra dimensión, o el paro general del 10 de Abril, que nos encontró en la calle luchando contra el ajuste y la inflación, luchando por trabajo y salario digno, pidiendo que los platos rotos los paguen las corporaciones y no el pueblo. En este contexto el kirchnerismo presenta un proyecto de ley para “regular” la protesta social que en los hechos, al discriminar entre protestas “legítimas” e “ilegítimas”, implica un avance cualitativo en la criminalización de la protesta social.
Fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante su exposición en la última Asamblea Legislativa, quien encabezó esta iniciativa, más propia de Macri, Massa o Scioli. Después de diez años de hablar de la no represión de la protesta social, que por otro lado no siempre respetó, sólo nos queda entender este giro de la política oficialista en el marco de su estrategia de encarar una retirada ordenada hacia el 2015, mediante un pacto de gobernabilidad con el poder económico y la oposición política.
Según el proyecto de ley “Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”, para ser considerada “legítima”. El proyecto sostiene que toda manifestación “ilegítima”, y que afecta “derechos de terceros”, puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad.
Ya se oyen voces como las del diputado oficialista Héctor Recalde, quien dijo que “hay abusos en las protestas”, o la de la secretaria parlamentaria del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Teresa García, quien aseguró que “no puede ser que miles de trabajadores pierdan su premio a la asistencia”. En las antípodas de estas frases, recordamos que donde hay una necesidad hay un derecho y de esas necesidades surge la legitimidad de la protesta social de nuestro pueblo.
Consideramos que este proyecto de ley no es más que un intento reaccionario para limitar y cercenar el derecho a la protesta del pueblo trabajador. Por esa razón merece el repudio de las organizaciones populares políticas y sociales, de los cuerpos gremiales y los organismos de derechos humanos.
Nuestro protagonismo como pueblo trabajador es la base vital de todo proceso de cambio y es por eso que lo defenderemos siempre. Llamamos a luchar en amplia unidad de acción para frenar este proyecto de ley y el conjunto de las políticas de ajuste.
¡No a la represión de la protesta social!
¡Basta de perseguir a los trabajadores de SEOM en Jujuy!
¡Unidad de nuestro pueblo trabajador por una vida digna para todos!
¡Absolución a los petroleros de Las Heras, desprocesamiento a todxs lxs luchadores sociales!
Primeras firmas:
Frente Popular Darío Santillan – Corriente Nacional // Marea Popular // Movimiento 15 de Enero // Sudestada // Cutralco // CUS // Espacio Chico Mendes // Podemos // Movimiento Popular La Dignidad