Jorge Riaboi.- A pesar de la sugestiva cautela que exhiben algunos referentes del sector petrolero, la clase política argentina decidió creer, sin mucho trámite, en las posibilidades del ambicioso y experimental proyecto conocido como Vaca Muerta, cuya explotación parece altamente promisoria y podría extenderse, bajo ciertas condiciones, a yacimientos de diversa potencialidad esparcidos por el resto del país. El problema es que los dirigentes no suelen escuchar con atención a quienes recuerdan que sólo perforando las rocas resulta posible saber el auténtico nivel de rentabilidad y viabilidad general de cada emprendimiento.
Como es normal, hasta ahora se registraron algunos pozos satisfactorios y muchos desalentadores. El punto es que el entusiasmo político lleva a magnificar el alcance de los beneficios y a olvidar los costos, desafíos y riesgos asociados con el uso de una práctica minera joven, de alto impacto sanitario y ambiental, que por ahora no permite dar serios veredictos sobre la rentabilidad, la inocuidad de los procedimientos o acerca de los daños que cabe esperar de perforaciones realizadas con fuerte presión de agua y el uso de productos químicos concebidos con esa finalidad.
Hoy nadie objeta las amplias ventajas teóricas de mejorar el auto-abastecimiento de gas y petróleo explotando zonas que en el pasado resultaban de difícil acceso y antieconómicas, ni la noción de reactivar, por esta vía, los alicaídos niveles de crecimiento nacional. La experiencia registrada en Estados Unidos, que no es automáticamente trasladable a nuestra peculiar geografía, sólo tiende a confirmar que fue desacertado minimizar y postergar el análisis preliminar de los efectos del fracking sobre la salud humana y ambiental, dejando que ello genere trifulcas legales y sociales nocivas para estos desarrollos.
A fines de mayo, la firma Aruba Petroleum localizada en Wise County, Texas, fue condenada a indemnizar a una familia vecina a sus explotaciones, debido a que sus miembros resultaron afectados por los gases tóxicos de la actividad extractiva. Según un largo informe publicado en el boletín ambientalista Inside Climate News, los gases originados por el uso del método conocido como fracking (el mismo que se emplea en Vaca Muerta), generaron a la familia Parr dificultad para respirar en los espacios abiertos de su domicilio, sangrado nasal, náuseas, silbidos en sus oídos y sarpullidos. Tras un juicio relativamente breve para los standards de la Argentina, el juez estadounidense fijó una reparación obligatoria de u$s 2,9 millones de los 66 millones reclamados originalmente por el matrimonio demandante. Este hecho alteró el criterio de resolver en silencio, en marcos extra-judiciales y a golpe de chequera, la mayoría de los numerosos litigios similares.
Al redactarse este comentario era difícil predecir si este primer episodio legal terminará ahí, sin consecuencias futuras, o será el primer eslabón de una escalada mayor contra la industria energética, ya que las quejas de esta índole siguen creciendo en número y tono. Si se tiene en cuenta que en los dos últimos años la industria del petróleo aportó unos u$s 7.000 millones en concepto de impuestos a la Tesorería del Estado de Texas, y que el sector tiende a ganar todas las disputas en las que se mete, no sería descartable que en segunda instancia la justicia sea menos rigurosa con los intereses de la empresa afectada. Va de suyo que Aruba ya apeló el aludido fallo. En todo caso sería torpe imaginar que si es licuado el precedente legal, habría carta blanca para actuar con irracionalidad. En ningún caso es bueno confundir una Vaca Muerta con la certeza de tener la vaca atada.
