Nicolás Gandini | El Inversor Online |
La creciente escalada mediática en torno a la nueva ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno –el presidente de YPF, Miguel Galuccio, cruzó ayer duramente el mandatario de Neuquén, Jorge Sapag, principal opositor al proyecto- preocupa a los gobernadores petroleros. No tanto por sus implicancias políticas –hasta ahora, el enfrentamiento con Nación parece rendirle favorablemente a Sapag, que a fines de agosto enfrentará elecciones internas por el control del Movimiento Popular Neuquino (MPN)-, sino por los costos fiscales y económicos que generará a las arcas provinciales una contienda con la Casa Rosada.
Por eso, la semana pasada los principales referentes de la Ofephi intentaron bajarle el tono al conflicto. Por pedido de Sapag, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, titular de la organización que nuclea a los estados petroleros, le pidió a Carlos Zanini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, frenar el tratamiento de la nueva ley petrolera. A cambio, transmitió que Gas & Petróleo (G&P), la empresa provincial de Neuquén, estaba dispuesta a negociar con YPF la cesión de campos estratégicos en términos favorables a la compañía presidida por Miguel Galuccio. La misma propuesta trasladó Sapag a Jesús Grande, director de Upstream de YPF.
El plan era desandar el camino que tensionó la relación con Nación y resolver, de forma particular, el conflicto en torno a la titularidad de las áreas con acceso a Vaca Muerta –el megareservorio no convencional de la cuenca Neuquina- que disparó la disputa en un primer momento. YPF tiene permisionados más de 20 bloques con potencial no convencional en los que G&P mantiene un porcentaje minoritario bajo el paraguas de un esquema de acarreo (carry), que la exime de invertir dinero durante la etapa exploratoria de esas áreas.
Galuccio sostiene que la participación de la petrolera provincial atenta contra la rentabilidad de los proyectos en el shale, dado que erosiona la tasa interna de retorno (TIR) de la inversión. Por ese motivo, no puede avanzar con la firma de nuevos contratos de inversión –el más cercano es con la malaya Petronas- hasta que Neuquén no acceda a reducir su participación (acarreo) en los campos de Vaca Muerta.
Si bien Sapag descartó en reiteradas oportunidades esa posibilidad, la semana pasada le hizo saber a YPF y a Zanini que estaba dispuesto a negociar una solución sobre ese punto, a fin de evitar que el proyecto de ley llegue al Congreso y complique la sustentabilidad fiscal y económica de las provincias.
“Ningún gobernador quiere enfrentar las represalias que aplicará la Casa Rosada para garantizar la aprobación del proyecto regulatorio. Y menos en la antesala de una campaña política con 2015 a la vuelta de la esquina”, reconoció a El Inversor Online un funcionario provincial.
Sin embargo, Zanini, quien redactó el proyecto de ley cuestionado por las provincias, descartó el pedido de Buzzi y ratificó la voluntad del Ejecutivo de promulgar una nueva norma petrolera para ordenar el marco regulatorio del sector e incentivar la llegada de inversiones. Así lo confirmaron a este medio dos fuentes sin contacto entre sí al tanto de las negociaciones.
Con ese mar de fondo, el conflicto mediático entre Neuquén e YPF por el proyecto se espiralizó el fin de semana. Sapag acusó a la petrolera bajo control estatal de fomentar una “actividad deliberada de destruir las economías regionales” y a Galuccio de querer “quedarse con todo el negocio petrolero”.
La respuesta de Galuccio no escatimó en el tono. “Hay quienes buscan plantear la discusión sobre el proyecto de ley de Hidrocarburos, como la defensa de los intereses provinciales versus los de YPF y el Gobierno Nacional. Pero, muy por el contrario, el proyecto defiende a rajatabla los verdaderos y genuinos intereses provinciales. ¿Por qué? Porque el proyecto presentado busca darle transparencia al mecanismo de adjudicación de áreas y extensiones y condiciones atractivas y estables para que haya más inversión, condición -sine qua non- para crecer”, afirmó el presidente de YPF.
“Cualquier empresa, incluida la estatal, podrá competir en igualdad de condiciones. Pero ninguna empresa podrá tomar el rol que le cabe al Estado, como único controlador y recaudador de los recursos que son precisamente de la provincia. Las empresas ‘privadas’ de propiedad del Estado no tienen los mismos controles que los estados y sus gobiernos. No se puede ser juez y parte”, concluyó.
La re-ofensiva de Sapag no tardó en llegar: “Juez y parte es un concepto ultraliberal que no corresponde a una persona que adhiere a un proyecto kirchnerista”, dijo el gobernador en una entrevista que concedió hoy al programa “A diario” de Radio y Televisión Neuquén.
El gobernador opinó que la mitad de los artículos del proyecto -tiene 40 en total- presentan “objeciones” e insistió en que el tema se tiene que debatir en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales. “Los senadores, que representan a las provincias, tendrán que mirar bien que artículos avasallan las autonomías provinciales”, añadió.
Sostuvo que no discutirá con el presidente de YPF el proyecto porque “no es el ministro de Economía” y comparó con “el grito del tero” la focalización del debate en la existencia de GyP en el mercado “porque se esconde la verdadera discusión que es (una puja por) la renta petrolera”.
