Ley petrolera: YPF ofreció pagarles más a las provincias, que rechazan la oferta

Por Nicolás Gandini | El Inversor Online |
Si bien públicamente las gobernaciones de Neuquén y Chubut –los principales referentes de la Ofephi, la organización que nuclea a los estados petroleros- endurecieron en los últimos días su oposición a la ley petrolera que impulsa la Casa Rosada, con actos en las legislaturas provinciales en contra del proyecto oficial, por canales paralelos se mantienen activas conversaciones entre las partes para acercar posiciones.
En esa dirección, la última oferta a los mandatarios díscolos del Gobierno y de YPF, la petrolera controlada por el Estado, consiste en incluir en el texto de la ley la figura de un ‘bono de reingreso a las áreas’ que deberán pagar las empresas que prorroguen por 10 años sus concesiones hidrocarburíferas. Se trata, en rigor, de uno de los puntos que habían reclamado los gobernadores en una contrapropuesta entregada a Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, hace algunas semanas.
El mecanismo sugerido por Nación prevé que los productores que quieran renovar por 10 años la adjudicación de un bloque de explotación al final de su concesión paguen a las provincias, en su carácter de titulares de los recursos del subsuelo, un pago único calculado en base a las reservas probadas –conocidas en la jerga como P1- remanentes en el campo petroleros. Las empresas deberían liquidar, de acuerdo con la idea oficial, entre 2 y 3 dólares por cada barril declarado como reserva comprobada. Así lo indicaron a El Inversor Online fuentes al tanto de las negociaciones entre la Casa Rosada y Nación.
Sin embargo, el ofrecimiento está todavía muy lejos de lo que pretenden Jorge Sapag (Neuquén) y Martín Buzzi (Chubut), los referentes de la Ofephi, que apuntan a cobrar un bono o canon de reingreso no sólo sobre las reservas probadas, sino también sobre las probables (P2) y posibles (P3). Eso es lo que estableció, por caso, la Ley 2615 de Neuquén, que sirvió de marco de referencia en 2008 para prorrogar por 10 años las concesiones de las petroleras que vencían en 2017. Todas las operadoras de la provincia accedieron a esos requerimientos.
“Incluso YPF aceptó esas condiciones el año pasado, cuando extendió una porción convencional del área Loma La Lata Norte por 35 años en el marco del acuerdo con Chevron para invertir en Vaca Muerta”, señaló un alto funcionario neuquino. “Es raro que apenas un año después, y con ese antecedente tan fresco, quieran cambiar lo que avalaron”, agregó.
Tampoco hay acuerdo sobre el valor de las reservas. “Durante las renegociaciones de 2008, con el petróleo interno a 40 dólares, las empresas llegaron a pagar hasta US$ 6/8 por las reservas P1. Por eso, es muy raro que hoy, con el barril a US$ 80, quieran pagar 3 dólares”, razonó un colaborador directo de Sapag, que designó a una joven economista de su confianza como interlocutora de los técnicos de YPF, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría Lega y Técnica.
Los gobernadores de la Ofephi aspiran, además, a que el canon de ingreso rija no sólo para las concesiones de explotación que se prorrogan, sino también –y fundamentalmente- para los permisos de exploración que se declaren como yacimientos productivos. En la práctica, apuntan a encontrar un mecanismo que reemplace, en parte, los ingresos generados por el carry (acarreo) a favor de las petroleras provinciales, cuya utilización quedaría prohibida si se aprueba el texto redacto por la Casa Rosada.
“La discusión tiene que ver con Vaca Muerta y los recursos no convencionales. Hoy YPF tiene 26 permisos de exploración (vencen entre 2015 y 2016). Si descubre hidrocarburos, obtiene la concesión sin que eso represente un ingreso extra para la provincia”, señaló el funcionario neuquina. La pelea de fondo, entonces, es por la renta petrolera del futuro.
“Es difícil establecer una fórmula polinómica única para establecer el monto que deberían pagar las empresas. Tendría que estar dentro de las facultades de la autoridad de aplicación (provincias) y que en parte exista autonomía para los oferentes. En el caso de las áreas de exploración convencional, podría estar relacionado objetivamente a las reservas P1, P2 y P3”, propusieron las fuentes neuquinas consultadas.
“Para los no convencionales, podría estar determinado a la superficie o Km2 del área (medida en hectáreas o acres), o a la tasa interna de cada proyecto. No sería sencillo de unificar en una norma, porque cada bloque tiene sus particularidades e incluso cada provincia tiene sus intereses”, admitieron.
El documento entregado por Zannini a los gobernadores zanja la discusión: elimina el carry a través del que las provincias podían conservar un porcentaje de las áreas sin desembolsar dinero y establece que en el marco de renegociación por 10 años las provincias recibirían un 3% más de regalías. Lo mismo aplicaría para los no convencionales. “En ninguno de esos casos está previsto un canon de ingreso”, cuestionaron los funcionarios de Neuquén.
Desde el tándem de Nación e YPF, la oposición a avanzar en esa dirección es taxativa. Si bien accedieron a debatir la creación de un bono a cargo de las empresas que renueven por 10 años sus concesiones actuales –algo que, en los hechos, viene sucediendo en todas las renegociaciones provinciales-, no están dispuestas a extender la aplicación de ese canon –o de alguna versión similar- para las áreas de exploración.
Sí podrían, sobre todo en el caso de YPF, rever la posición de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, el organismo creado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, para intervenir en el mercado hidrocarburífero, que es bendecida por el proyecto de ley oficial como la entidad a cargo de regular y aprobar procedimientos petroleros; a favor de compatibilizar sus funciones con la participación de la Ofephi.
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