El Frente Amplio-UNEN fijó ayer posición en contra del proyecto de ley de hidrocarburos, en un seminario en el que especialistas en materia energética denunciaron que el nuevo marco legal que impulsa el Poder Ejecutivo sólo tiene por objetivo recaudar dinero con las renegociaciones y que favorecerá a las actuales concesionarias de yacimientos.
En uno de los pasajes más duros, el senador Fernando Solanas (UNEN-Capital) anticipó que si llega al gobierno, la coalición que integra derogará la ley y expropiará las concesiones vigentes para, previa indemnización, reemplazarlas por contratos de obras.
“Si somos gobierno, vamos a tirar abajo la ley que se está por votar acá, vamos a tirar abajo las concesiones, las vamos a expropiar e indemnizar, y ya no serán concesiones, serán contratos de obras y servicios y la renta quedará para la Nación”, sentenció el senador.
El seminario se realizó en el Senado y fue organizado por Solanas y el senador socialista Rubén Giustiniani (FAP-Santa Fe), quien le reclamó al kirchnerismo la discusión de “políticas públicas” en materia energética y no proyectos que, aseguró, “engrosarán las arcas de las multinacionales, como ha ocurrido a lo largo de la historia”.
Uno de los expositores fue Ariel Kaplan, abogado especialista en derechos de usuarios y consumidores, quien dijo que el Congreso se encuentra ante “un proyecto privatizador de los hidrocarburos, que disminuye notablemente el poder ya menguado del Estado en relación con la explotación de hidrocarburos”. También participó Félix Herrero, especialista del Grupo Moreno, quien aseguró que “esta ley no cambia nada”, sino que, “por el contrario, afirma el principio del beneficio para las empresas”.
En la misma sintonía, se manifestó Gustavo Calleja, ex secretario de energía del gobierno de Raúl Alfonsín, quien denunció que “el negocio más grande es para los actuales concesionarios”. “Esta ley es para que cuatro o cinco empresas produzcan todo”, agregó.
El proyecto de ley de hidrocarburos ingresó en el Senado la semana pasada y ayer fue duramente criticado por el PJ disidente y la UCR. El texto empezará a discutirse en comisiones durante tres días a partir del martes próximo. La intención del oficialismo es aprobarlo el jueves 9 de octubre
