Comienza el debate de la ley petrolera

El proyecto tiene el respaldo de las provincias hidrocarburíferas, pero desde la oposición ya adelantaron que rechazarán la medida. Distintos especialistas expondrán en la Cámara alta.
El Senado iniciará mañana los debates en comisión de la nueva Ley de Hidrocarburos cuando se reúna el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Según se informó oficialmente, el primer encuentro se llevará a cabo, desde las 11, en el Salón Azul de la Cámara alta. La lista con los invitados a las jornadas, que incluirán debates el miércoles y el jueves, se terminará de delinear hoy. De todos modos, tanto desde la Comisión de Asuntos Constitucionales como desde el bloque del Frente para la Victoria adelantaron que entre los invitados figurarán funcionarios nacionales, el director de YPF, Miguel Galuccio, gobernadores de las provincias petroleras y especialistas en materia energética.
La intención del oficialismo es agotar el debate esta semana y firmar dictamen el miércoles o, a más tardar, el jueves. La idea del Frente para la Victoria es que la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo sea debatida durante una extensa jornada que tendrá lugar en la segunda semana de octubre. Asimismo, desde la oposición ya adelantaron que rechazarán la medida. Tanto el interbloque del peronismo federal como del Frente Amplio-Unen y el radicalismo anunciaron que votarán en contra de este proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos. Los interbloques realizaron dos audiencias la semana pasada para destacar su oposición a la norma, en la que invitaron a especialistas en materia energética que replicarán sus conceptos durante los plenarios de comisiones.
Por su parte, el Frente para la Victoria, que tiene los números necesarios en el recinto para aprobar el proyecto, mantendrá una reunión de bloque, hoy, desde las 18, con la idea de preparar el debate que se iniciará en comisión mañana. La iniciativa, consensuada con los gobernadores de las provincias petroleras luego de una larga negociación, busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. El texto elimina la modalidad de acarreo que les permite a las empresas provinciales asociarse a las petroleras sin garantizar inversiones, pero seguirá vigente para los proyectos en marcha. En las nuevas áreas que se liciten se acordó utilizar un contrato modelo que deberá ser elaborado por la Secretaría de Energía y las autoridades de aplicación provinciales en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley.
Las provincias pierden recursos al resignar el acarreo en los proyectos que se inician, pero se las compensa con nuevos ingresos en función de la renta que generen esos proyectos. Por ejemplo, en el artículo 21 se establece que en el marco de los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos las empresas deberán abonarles a las provincias un 2,5 por ciento del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a Responsabilidad Social Empresaria. Además, el Estado Nacional aportará un monto, a ser determinado por la comisión, en función de la magnitud y alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras.
En lo que respecta a las regalías, el artículo 16 del nuevo proyecto establece que el concesionario de la explotación pagará mensualmente un 12 por ciento de regalías sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo. Asimismo, con cada prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta 3 por ciento con un techo del 18 por ciento.
Otro dato clave del proyecto es que el artículo 19 incorpora al régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, a los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no menor a los 250 millones de dólares, a ser invertidos durante los primeros tres años del proyecto. El porcentaje de hidrocarburos que se puede comercializar libremente es del 20 por ciento para exploración convencional y no convencional y 60 por ciento para exploración offshore.
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